Como si fuera poco, a la terrible situación de crisis, el crimen organizado y la corrupción en Venezuela se ha convertido en un problema de Estado de dimensiones extraordinariamente grandes, y sus efectos no solo mantienen en constante miseria y peligro a la población, sino que su influencia ha traspasado fronteras, especialmente hacia países de América Latina.

La dimensión del poder nacional e internacional de estas organizaciones nos muestran que el problema es de tal magnitud que deben ejecutarse medidas de envergadura que permitan minimizar la acción criminal gestada durante más de dos décadas de impunidad, complicidad y participación de funcionarios del Estado y que es el germen de la violencia, la corrupción y la gobernanza dictatorial que tiene sumida a Venezuela en una de las peores crisis de su historia y de influencia en los sistemas democráticos.

Los hallazgos más importantes de estudios sobre este particular permiten identificar estratos criminales bien diferenciados en la cual participan miles de organizaciones delictivas que tienen vínculos con el poder político integrado por funcionarios y de una sociedad de cómplices, ya no solo  de venezolanos, sino de la mafia  internacional, de tal manera que el régimen propicia el control institucional y ha transformado al Estado, incluyendo al Poder Judicial, aparato militar, organismos de seguridad y represión para proteger los hechos delictivos y hacer que gocen de impunidad.

La falta de instituciones públicas sólidas y su desmantelamiento se ha diseñado para que sean el perfecto apoyo para la ejecución de fechorías, crímenes, violación de derechos humanos y el robo de los fondos públicos. La violencia institucionalizada por el crimen organizado, el apoyo a bandas paramilitares de delincuentes perfectamente armados y con “zonas de paz” cuidadosamente delimitadas, el apoderamiento de la administración pública y el soporte de los integrantes de la FANB a la cúpula económica, han instaurado en Venezuela un modelo político militar que ha tenido consecuencias devastadoras para la vida de los venezolanos, incluida las violaciones de los derechos humanos, destrucción del aparato productivo, de los servicios públicos, de las oportunidades de superación de la pobreza y  han generado un proceso de degradación sin precedentes que derivó en la emergencia humanitaria compleja que nos aqueja y aún espera por soluciones.

La investigación sobre estos tema ha permitido identificar el vínculo relacional entre la delincuencia y la convivencia con los sistemas del Estado corrompido, con tendencia a integrarse, incluyendo las estructuras del poder regional y municipal que con amplia direccionalidad protegen sus fechorías, estafas y chantajes asociándose con la guerrilla colombiana y que más allá del tráfico de drogas han creado miniestados, incluida la administración municipal especialmente en los centros poblados fronterizos.

Las expropiaciones decretadas contribuyen a la ilegalidad que mutan fácilmente hacia actividades tales como: contrabando, comercio ilegal de hidrocarburos y de metales preciosos cuyo esquema de explotación se ha entregado traidoramente a empresas internacionales, muchas de ellas, con amplios expedientes criminales, independientemente si son sometidas o no a amplias restricciones internacionales en su funcionamiento y que se han caracterizado por su eficiencia en el lavado de dinero, tráfico de drogas y la compra de empresas, especialmente financieras, de seguros, turísticas, urbanismo y de comercialización masiva de servicios, incluyendo empresas tecnológicas. Esa estrategia cubre a empresas vitales expropiadas cuyas concesiones fueron otorgadas lícitamente, y sus derechos contractuales fueron revocados sin importar que tengan demandas que cursan en tribunales internacionales, como por ejemplo casos de empresas en el Arco Minero de Guayana, empresas del sector petrolero, transporte pesado y del sector hotelero.

La corporación del crimen en Venezuela está potenciado por un esquema que se ampara en el diseño de empresas establecidas o creadas en un amplio rango de actividades y de países  mediante la cual se realizan transacciones comerciales, especialmente en el mercado de los hidrocarburos y de productos estratégicos, en una suerte de red comercial integrada por cientos de empresas en asociación con funcionarios venezolanos que propician el establecimiento de la red ilícita más importante en América. Esta estructura tiene como características ser la mayor traficante en los mercados abiertos, complementado por otros segmentos como el tráfico de personas.

La mayor parte de esas empresas están constituidas por integrantes de sus principales dirigentes nacionales y regionales, del funcionariado, familiares y testaferros; de empresarios privados, banca internacional, consultores y bufetes de abogados, nacionales y de otros países que se han beneficiado de la actividad delictiva facilitando la acción de los otros bloques de la delincuencia organizada que opera en el territorio venezolano o de América Latina.

Son muchísimas las circunstancias en la que la corrupción podría ser una de las causantes del aumento de la inseguridad ciudadana estimulada en gran medida por la delincuencia organizada tales como las estructuras de los colectivos, dueños de las barriadas de las principales ciudades del país. Buena parte del dinero que se genera en otras actividades delictivas, termina luego siendo “lavado” a través de distintas operaciones donde están ocultos empresarios o bolichicos, especialistas en el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes.

Esta red de corrupción que las investigaciones más pesimistas estiman que han penetrado en más de 70 países, en efecto, el sistema ha adquirido dimensiones internacionales de carácter empresarial, sustentado institucionalmente por un aparato tarifado de bufetes y empresas de representación destinadas a la defensa y protección a delincuentes o al reclamo de varias docenas de países que han abierto investigaciones por corrupción centradas en cifras inimaginables que se aproximan a la estafa más grande de todos los tiempos, que  suman montos que se estiman en más de 50.000 billones de dólares, cifra que va en franco ascenso en la medida que se revelan más desfalcos contra la nación.

Con regularidad surgen nuevos casos que van engrosando la lista de delitos cometidos por esta estructura delictual, que ya se encuadra en los parámetros de la gran corrupción, seguida para la explotación de los recursos nacionales sin discriminación lo cual da para pagar con la ayuda de los recursos del narcotráfico la burocracia, el comercio de los alimentos, importaciones generales y últimamente de gasolina y combustibles en general a cambio de toneladas de oro extraídas ilegalmente del arco minero y enviadas sin rubor alguno a Irán como medio de pago y a la ayuda de gobiernos corruptos los cuales intentan balancear las cuentas generadas por los tratados y contratos ilegales  en franco reto a los intereses de los países democráticos. Solamente este último aspecto justifica una elección fraudulenta para apoderarse de la Asamblea Nacional con uno de los objetivos más destacados como es el de poner a cubierto la ilegalidad de los contratos suscritos.

Esta gran operación se montó inicialmente con los procesos de expropiaciones, la creación de empresas fantasmas y la asociación estratégica de cientos de empresas claves con la participación accionaria de los países que conjuntamente con funcionarios públicos especialmente militares incluyendo familiares y aguantadores de oficio que se prestan para ejercer las actividades de gestión y aprovechamiento sin límites de sus procesos ilegales.

Desmontar la red empresarial  y del crimen organizado internacional será todo un reto, y requiere de importantes acciones de diseño y de un planeamiento adecuado para el  rescate integral de los recursos sustraídos a la República que ocupará a los mejores expertos  de cada área para lograr  desmantelar y controlar a mediano plazo a una organización transcompleja de distribución ilícita de recursos que empieza a contaminar a algunos integrantes de la oposición colaboracionista que ya se ha hecho parte del sistema de organizaciones criminales. Hay mucha tela que cortar para un gobierno de transición.


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