En anterior artículo criticamos la equivocada afirmación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien habría decidido restaurar las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro al máximo nivel dado que -en su opinión- las cosas están mejorando. Aparentemente, pudiera haber algún otro gobierno más decantándose por ese criterio sin perjuicio de que los nuevos compañeros de camino ideológico no ven sino los “triunfos” de la “revolución” venezolana. Cierto es también que hay otros que compartiendo el discurso de izquierda han expresado ya algunos gestos que revelan distanciamiento de Miraflores (caso Boric).
Lo antedicho revela el éxito -al menos parcial- de la campaña de mejoramiento de imagen que se gesta desde Miraflores, según la cual la Fiscalía General de la República se ha lanzado a una activísima campaña en contra de violaciones de derechos humanos y corrupción enquistada en las mismas filas del oficialismo. A tal efecto se han realizado algunas imputaciones altamente publicitadas, pero ninguna de ellas ha resultado en condena de algún pez gordo sino tan solo para algún funcionario de nivel inferior en la cadena de mando como el recordado “chinito de Recadi”, con lo que se pretende engendrar la imagen de que “ahora sí” se tomará al toro por los cachos.
Es evidente que este supuesto giro constituye aquello de “cambiar algunas cosas para asegurarse que no cambie nada” y garantizar que el aprovechamiento del poder se prolongue lo más posible manteniendo inalterada la ausencia total del Estado de Derecho cuya supuesta vigencia se pregona con repetitiva insistencia a través de la hegemonía comunicacional que se ha instaurado.
Pero… es el caso que Venezuela es coimpulsora, negociadora y firmante original del Estatuto de Roma suscrito en 1998, que crea la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, el cual entró en vigencia en julio de 2002 al alcanzar la importantísima suma de 122 ratificaciones. Ese instrumento no disminuye la inflación ni garantiza la arepa diaria, por cuya razón no es del manejo ni preocupación cotidiana del compatriota de a pie. Sin embargo, allí se consagra el principio de la responsabilidad personal para los miembros de las cadenas de mando que sean condenados por la comisión de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Allí es donde empiezan a temblarle las piernas a quienes se creen impunes y lo son hasta cuando dejan de serlo. Es el caso de los más altos responsables de la estructura gubernamental de la Venezuela “bolivariana”.
Existe un detalle en el Estatuto de Roma que solo le permite a la Corte ejercer su competencia en forma complementaria cuando los Estados donde se hayan cometido esos delitos no pueden o no quieren juzgar a los responsables. Aquí es donde se origina la estrategia de los mandones de Miraflores cercados ya por la implacable decisión del fiscal de la Corte, Karim Khan, de iniciar una investigación formal que conduzca al banquillo de acusados a los que hoy practican los abusos cuya evidencia no precisa de explicación para el lector venezolano.
Pues allí es cuando de golpe, luego de muchas demoras cuya justificación presenta dudas, el señor Khan, después de dos viajes a Caracas y sendas reuniones televisadas, informó a su anfitrión que da inicio al proceso investigativo.
Entonces, los avispados “revolucionarios” deciden adelantar la estrategia de mejorar su imagen enfatizando el apego al Estado de Derecho y para ello qué mejor que remozar el Tribunal Supremo de Justicia cuya imagen actual no es la de un tribunal sino más bien la de bufete del Ejecutivo. Para concretar ese cambio de imagen realizan en forma fraudulenta toda la comedia de “renovación” del TSJ para lo cual transitan la parafernalia de admitir postulaciones y demás pasos requeridos. Cumplidos -dicen ellos- esos trámites es que una Asamblea Nacional, cuyo origen es objeto de controversias que sugieren su nulidad, designa los nuevos “magistrados” que incluyen más de la mitad de los que estaban antes, dos generales de división (abogados, sí), varios que hasta el día anterior eran diputados o altos funcionarios del oficialismo, y varios otros que han cumplido ya el período máximo de doce años en el cargo establecido por la Constitución. ¡Tremendo Tribunal! ¡Autonomía garantizada! ¡Estado de Derecho restablecido! ¡Ahorita nomás que a Karim Khan le damos la espada de Bolívar y ya lo tenemos controlado! ¡Yo te aviso!
Pero en La Haya no son tan tontos como nuestros “próceres revolucionarios” habían creído y es así como Mr. Khan eleva -y obtiene- ante la Sala de Cuestiones Preliminares compuesta por tres magistrados, el pedido de autorización formal para iniciar la investigación que conducirá al juicio. Como es de esperar, comienza el aflojamiento intestinal que se evidencia en ígneos insultos y descalificaciones. Venezuela es soberana, aquí nadie nos dice qué es lo que hay que hacer, etc. etc. Pero lo cierto es que a Maduro y su combo le esperan sorpresas que ameritan que ellos tengan un buen surtido de interiores a la mano. Seguramente recibirán orden internacional de detención, la cual rechazarán pero no podrán viajar sino adonde manden sus compañeros de camino. Algunos violadores masivos de derechos humanos ya han recorrido ese proceso y han preferido suicidarse, otros cumplen condena en prisión de La Haya, otros están escondidos o protegidos mientras no haya cambios de gobierno en sus países.
Es lamentable reconocer que los tiempos de la justicia -y más aun la internacional- son más lentos que lo deseable. Pero de que llega ¡llega!
@apsalgueiro1