Mientras el mundo enfrenta el reto de superar los efectos de la pandemia COVID-19, es prioritario hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para mitigar sus efectos sobre la producción de alimentos, su acceso y la preservación de los medios de subsistencia de los hogares.
En nuestra región, la propagación de la COVID-19 afecta al sector agrícola a diferentes escalas. Desde la mano de obra y el acceso a insumos, la movilización y demanda de alimentos, hasta el uso y protección de los medios de vida y la nutrición de las personas, evidenciado así la vulnerabilidad y poca resiliencia de nuestros sistemas agroalimentarios.
La pandemia tiene un impacto económico directo para las familias, por lo que se requiere de esfuerzos coordinados entre todos los actores para disminuir las consecuencias en el largo plazo. La FAO promueve que se mantengan o se extiendan los programas de protección social, y que estos se enfoquen hacia la población más vulnerable.
Retos y oportunidades
La actual crisis sanitaria es un interesante momento para replantearnos la forma de entender nuestros sistemas agroalimentarios. Más aún cuando el hambre por quinto año consecutivo se encuentra en aumento en todo el mundo, de acuerdo con los datos del Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI, 2020). Este nuevo entendimiento requiere centrarnos en asegurar el abastecimiento de una oferta de alimentos estable, diversa, inocua y de calidad; y simultáneamente, proveer mecanismos de acceso a estos alimentos de forma inclusiva y con especial atención a la población más vulnerable. En la nueva normalidad, se hace imperativo que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, inclusivos y resilientes, desde el punto de vista económico y ambiental; y capaces de enfrentar situaciones extremas como los efectos de la variación climática.
La FAO define la resiliencia como «la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.»
La pandemia y los esfuerzos de contención erosionan los medios de vida de las personas. Es por ello que las acciones destinadas a la recuperación de medios de vida son esenciales en contextos como el de Venezuela considerando el deterioro de la capacidad de importación del país, la continua depreciación de la moneda local -como consecuencia del fenómeno inflacionario- y al nivel, cada vez menor, de las reservas de divisas tras la disminución de los ingresos petroleros y las sanciones internacionales.
En Venezuela la producción agrícola se encuentra frente a enormes desafíos. El país ha venido afrontando dificultades económicas derivadas de bajos rendimientos de las cosechas, escasez de insumos, dificultades en la distribución de combustible y limitado financiamiento. A este escenario adverso, se suma la pandemia por COVID-19 que genera impactos adicionales sobre la alimentación en particular, interrupciones en la cadena de suministro que dificultan el acceso equitativo y oportuno de los alimentos.
Muchas personas ya han agotado los mecanismos de afrontamiento que más suelen utilizar las familias en tiempos difíciles: los préstamos de vecinos o familiares, la reducción del consumo y el uso de ahorros, el intercambio de alimentos, la venta de sus bienes agropecuarios. Los hogares más golpeados por la situación ya padecían vulnerabilidades, a lo que se añade la restricción del acceso físico y económico a los mercados de alimentos a causa del COVID-19.
Como parte de los planes de respuesta al COVID-19 relativos al sector agroalimentario, urge aprovechar los ciclos productivos, en especial el próximo período de siembra (norte-verano), para proveer a los actores de las cadenas productivas de semillas e insumos necesarios para la producción. Este esfuerzo requiere también de una mejor coordinación entre las políticas de estímulos a la producción de alimentos y la política comercial, para evitar distorsiones por la competencia de las importaciones.
Con relación al acceso a los alimentos y bienes como las semillas e insumos, las restricciones de movimiento por la pandemia COVID-19 han propiciado una reinvención de los mecanismos de comercialización local. Actualmente, los mercados locales comunitarios/vecinales están sosteniendo la disponibilidad de alimentos y bienes a nivel de hogar. Se ha demostrado que, acortando la cadena de distribución, encuentran esquemas de comercialización sostenibles, inclusivos y promotores de cohesión social. Los mecanismos de comercialización promovidos por las comunidades responden de mejor forma a sus necesidades alimentarias, económicas y sociales. Sin embargo, la falta de estructuras locales para las organizaciones y regularización de estos espacios sigue siendo un desafío.
En Venezuela la FAO y sus socios trabajan para fortalecer las actividades destinadas a impulsar la producción local de alimentos, a través de la implementación de proyectos para la recuperación agrícola. La FAO apoya la producción nacional de semillas locales y promueve las alianzas público-privadas para aumentar la resiliencia de las personas y sus medios de vida.
Al mismo tiempo, las familias buscan tener mayor acceso a información alimentaria. Hay necesidad de conocer mecanismos de uso de los alimentos más eficientes, inocuos y nutritivos. Para ello, la FAO y sus socios enfatizan en aumentar el acceso a esa información.
En la nueva normalidad, el comprender una nueva agricultura orientada a la nutrición es pilar fundamental para la planificación de siembra y cosecha de alimentos de las familias e, y con ello el incremento de su resiliencia, la de sus comunidades y el sector agrícola.