El tema de la Corte Penal Internacional suele ser traído a colación como argumento político que pudiera servir para llevar a la justicia y eventualmente condenar a los personeros del régimen que actualmente usurpa el gobierno de Venezuela. Aclaremos que tal tribunal, aunque tiene sede en La Haya (Holanda) es distinto a la Corte Internacional de Justicia que también funciona en la misma ciudad. La CPI juzga a las personas que hayan cometido ciertos delitos específicamente señalados en el Estatuto de Roma del año 2008 que le dio nacimiento, mientras que la CIJ resuelve las disputas entre Estados como es el caso actual de contencioso presentado por Guyana contra Venezuela en la cuestión del Esequibo.
La Corte Penal solo tiene competencia cuando se trata de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, cada uno de los cuales está claramente definido. Se rige también por el principio de la complementariedad que significa que solo puede actuar cuando los gobiernos de los Estados donde se han cometido esos graves delitos no pueden o no quieren llevar a cabo los correspondientes procesos penales. Es en este último detalle de la complementariedad que se centra toda la estrategia que viene adelantando el equipo que hoy controla los resortes de la administración venezolana.
A lo largo de las dos décadas durante las cuales se ha ido desmontando el “Estado de Derecho” en Venezuela, muchos han sido quienes intentaron llevar acciones ante la CPI sin que hasta ahora ninguno de los casos haya sido admitido y sin que el equipo de Miraflores hubiera prestado atención alguna a esa posibilidad, empezando por la gestión del señor Mohamed Merhi cuyo hijo fue asesinado en los episodios de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002 hasta las múltiples iniciativas de otros actores como la Dra. Tamara Suju, Diego Arria, Walter Márquez, Orlando Viera Blanco y hasta la exfiscal chavista Luisa Ortega Díaz luego de su “arrepentimiento”. Lo único logrado hasta el momento ha sido que la Fiscalía de la Corte abriera desde 2018 una “Investigación Preliminar” cuya tramitación ha sido eficazmente obstaculizada por la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, en complicidad con los esfuerzos –hasta ahora eficaces– de la persona designada por la usurpación para actuar como embajadora ante la Corte, quien resulta ser nada menos que la Dra. Haifa el Aissami, hermana de Tareck, recientemente sustituida coincidiendo “casualmente” con la finalización del mandato de la Sra. Bensouda el venidero 15 de este mismo mes.
De nada valieron las innumerables gestiones realizadas por variados personajes e instituciones para lograr que la indicada “Investigación Preliminar” se convirtiese en efectiva dando lugar al inicio de un caso formal. Sirva agregar que en 2018 seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá), ante la cómplice demora, también solicitaron a la misma fiscal se abriera de una vez dicha investigación. Igual hizo el secretario general de la OEA y algunas organizaciones civiles como la venezolana Ciciven (Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela) que hace mas de un año introdujo un muy extenso y fundado recurso de recusación contra la fiscal Bensouda.
Todo parecía estrellarse contra el muro de la impunidad hasta que llegó el momento del vencimiento del período de la señora Bensouda y la elección de un nuevo fiscal, el británico Karim Khan, cuyos antecedentes sugieren su independencia y poca inclinación para alcahuetear a Maduro & Cía. Allí fue que el gato saltó sobre la batea y los muchachos de Miraflores, hasta entonces confiados en el “status quo”, decidieron ponerse los patines, para lo cual fueron ellos mismos quienes introdujeron ante la Corte un recurso propio (conocido ahora como Venezuela II) denunciando al gobierno de Estados Unidos (que no es miembro del Tribunal) por el delito de genocidio que, según ellos, estaría configurado por las sanciones aplicadas al régimen.
Así las cosas y con los nubarrones que se aproximan fue que de golpe el señor Tarek W. Saab (quien en su momento fue un genuino defensor de los derechos humanos y hoy usurpa el cargo del fiscal general) arrancó con investigaciones y acusaciones a granel contra funcionarios nacionales incursos en los delitos materia de la competencia de la Corte Penal y se fajó a mandar informe tras informe a La Haya dando cuenta de sus “investigaciones” en contra de quienes fueron los ejecutores materiales de los atropellos, pero… a los titulares de la “cadena de mando” (Maduro, Cabello & Cía.) ni con el pétalo de una rosa. (Al que empujó a Albán desde un decimo piso sí; el que le dio la orden no).
¿Cuál es la estrategia? Sencilla: como existe la posibilidad de que por fin se abra la investigación formal en La Haya, pues entonces los del equipo Miraflores alegarán que por el principio de la complementariedad que explicamos más arriba, la Corte no puede actuar en este caso por cuanto sí se están llevando a cabo los procedimientos judiciales contra los culpables, con lo cual la Corte dejaría de tener competencia.
Pero como la tormenta sigue amenazando, el fiscal Saab ya abrió el paraguas declarando hace apenas unos días que la Fiscalía de la CPI, hasta ayer su cómplice, ahora le niega información relevante para las “investigaciones” que el régimen adelanta, pero… como nosotros no nos chupamos el dedo seguimos insistiendo, gestionando, empujando y haciendo lo posible para que este desgraciado episodio no solo de Venezuela sino de la humanidad no quede durmiendo en una ignota gaveta en La Haya.
Cierto es que la Corte no ha sido ni muy eficiente ni muy confiable, pero ya varias “joyitas” están purgando condena, alguno se suicidó y bastantes más andan evadiendo órdenes internacionales de arresto. Algo es algo.