La iniciativa legislativa del presidente Maduro en respuesta a los impactantes descubrimientos realizados por el Ministerio Público habla de enemigos que identifican como «el Imperio» y que han logrado infiltrar toda la estructura gubernamental hasta el punto de tener representación directa en el Consejo de Ministros y de tener el control de instituciones autónomas, además del permanente «Festín de Baltazar», donde fiestas, mujeres y cualquier demostración de lujo era cuidadosamente registrado en las redes sociales de los partícipes denunciados por dichos actos.
Ahora, es justo decir que la lucha contra la corrupción administrativa y el uso del poder para adquirir beneficios personales es una problemática que viene desde la Guerra de la Independencia, hasta el punto de que obligaron al Libertador a redactar el decreto que castigaba con el fusilamiento a los culpables de ese delito.
Recordemos que el mismo Bolívar sufrió los estragos de la corrupción, cuando el corsario Giovanni Bianchi se robó 24 cofres de objetos de plata, siendo apoyado en su accionar por otro héroe de la Independencia, que luego con el tiempo seria fusilado en juicio sumario por traición.
Luego se relanzó la corrupción administrativa con los aportes de Antonio Guzmán Blanco, quien tenia el descaro de cobrar comisiones sobre los recursos financieros adquiridos por el gobierno en préstamos de la Banca Extranjera.
El problema de la utilización de la administración pública para cometer los mayores desmanes, a la vista del ojo de toda la sociedad, es precisamente una de las causas principales del descrédito y posterior derrumbe de los diferentes gobiernos dictatoriales y democráticos hasta el año 1999.
Por ello, en esta época de redes sociales, cuando el ciudadano común puede identificar al funcionario gubernamental y sus familiares, viajando por el mundo, comprando joyas y vehículos, adquiriendo edificios y haciendas ganaderas, es evidente que identificar a los sospechosos de corrupción, es una tarea sumamente fácil para cualquier investigador, sin necesidad de ser Sherlock Holmes o Hércules Poirot, por mencionar ejemplos literarios de detectives famosos.
Afrontando un desafío de tal magnitud, el Presidente Maduro ha solicitado recursos extremos como cadena perpetua e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo cual es la génesis de el presente escrito, dado que dicho esfuerzo puede ser en vano, sino se entiende el problema estructural de la corrupción.
Existen países como la República Popular China que suele castigar con pena de muerte a la corrupción, otros como Vietnam han condenado a muerte a la empresaria mas acaudalada del país, para intentar meter por el carril a los demás empresarios, lo cual no puede aplicarse en Venezuela por razones culturales, pues el fusilamiento del militar y político Matias Salazar en 1872, creó un trauma nacional, que llevo a la eliminación de este castigo, por lo cual los perseguidos politicos posteriores eran desterrados o morían en la cárcel.
Es aquí, donde vamos al problema central de la corrupción, según mi experiencia académica y es que la clave del mismo, es hacer casi imposible la figura del » Testaferro» y castigar rigurosamente a los beneficiarios directos de la generosidad del corrupto, lo cual se puede hacer al mismo con la implementación obligatoria de la Declaración Jurada de Patrimonio de todos los ciudadanos mayores de 18 años, lo cual pondría contra la pared a una gran cantidad de ciudadanos que presentan los siguientes casos:
- Personas que han comprado casas, terrenos, vehículos, joyas y obras de arte sin haber realizado nunca una declaración de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), a pesar de la obligación de la declaración anual.
- Jóvenes de corta edad, sin trabajo, que reciben regalos de sus familiares y parejas, andando en la vía publica con celulares, relojes y cadenas de oro, de tan elevado valor, que hacen de sus benefactores personas de interés al fisco nacional.
- Funcionarios públicos que gastan en india el salario de un mes y en un fin de semana el salario de todo el año, dejando en evidencia unas contradicciones fundamentales en el tema de las remuneración publica y el ejercicio de la misma función en cuestión.
En este punto, cabe completamente la propuesta del Dr. Francisco Rodrigues de hacer publica la declaración anual de los funcionarios públicos, púes es injustificable que los políticos de origen » popular», comiencen con una bicicleta y terminen en posesión de avionetas, sin tener actividades empresariales, triunfado en juego de azar o vincularse con sectores económicamente poderosos.
Esta situación, haría imposible ocultar el enriquecimiento » súbito», dado que los ciudadanos verían como se pasa de una humilde vivienda principal a vivir en una mansión, con helipuerto y viñas de vino, lo que haría muy difícil a quienes viven dentro del país, beneficiarse de actos de corrupción.
Es una burla completa para el sector docente y casi todos los empleados del sector público tener que hacer una declaración anual de ISLR con unos sueldos humillantes, mientras observan diariamente cómo individuos que no son contribuyentes fiscales consumen de forma abundante en restaurantes de lujo, van a los megaconciertos de los grandes cantantes internacionales y salen de viaje dentro y fuera del país, sin ningún tipo de pudor o pena ajena por lo sospechoso de muchas de sus actividades.
El arma de la transparencia administrativa es una herramienta que funciona en los países nórdicos y otros donde la corrupción es percibida como sumamente baja, debido a las inmensas dificultades para robarse siquiera un lápiz, puesto que al colocar las cuentas públicas a disposición de todos los ciudadanos se hacen obvias las mínimas irregularidades y tienen que desarrollar mecanismos muy sofisticados para evitar ser detectados.
No serán los castigos sino las medidas preventivas lo que puede cortar de una vez el cáncer de la corrupción en la historia de Venezuela.