Para  este mes de diciembre está prevista la reunión de los 12 países de América que conforman la convocatoria  del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para tratar aspectos relacionados a la crisis institucional de Venezuela, las medidas que se deben adoptar en materia política y económica, como la  imposición de sanciones a funcionarios del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro Moros.

Esta confluencia fue acordada dentro del marco de la Organización de Estados Americanos el pasado mes de septiembre en Washington D.C.

Dicho tratado firmado por Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela en 1947 en Río de Janeiro  tiene como finalidad la protección que brindarán los países firmantes al que se encuentre amenazado su nacionalidad por un gobierno extranjero o producto de la intromisión indebida de un miembro del TIAR.

Aun cuando en sus diferentes correctivos el compendio estipula disímiles grados, el de mayor consideración por sus consecuencias es la presencia armada de otra nación concepto que es de la incumbencia común tanto para la defensa del territorio atacado, como la conformación de un ejército interamericano cuando los connacionales de un enclave tengan en riesgo sus derechos, ausente alimentación o peligro de muerte por la acción del gobernante de turno.

Para el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores, conforme indica Julio Borges, canciller del presidente interino Juan Guaidó, se acordarán sanciones que limiten el acceso de funcionarios administrativos a los países, ello como una acción de presión sobre Maduro Moros.

Esa decisión, aplicar sanciones, fue adoptada por Estados Unidos y la Unión Europea con buenos resultados.

Ampliar el escenario geográfico por resolución de cancilleres traerá alcances nefastos para la dictadura venezolana, la cual a pesar de la presencia de dólares en suelo patrio proveniente del narcotráfico, verá aún más afectado el cumplimiento de la deuda interna y externa.

En el ambiente esta la conformación de una Fuerza Interamericana de Paz que introduzca en Venezuela la ayuda humanitaria que con tanta urgencia requieren los venezolanos y que es el clamor dentro y fuera de la llamada por los conquistadores europeos “la pequeña Venecia” al contemplar la laguna de Sinamaica y los aborígenes en el extremo oeste.

Hasta los momentos ninguna acción apunta a solucionar el hambre, el regreso de la diáspora y evitar el riesgo de vida de los oriundos hijos de Simón de Bolívar.

Debo referirme  a la controversia suscitada por el informe sobre el manejo de fondos para asistir a los 1.450 hombres de armas y sus familiares.

Ellos traspasaron la frontera venezolana para apoyar el gobierno de Juan Guaidó

Tal compendio arroja dudas sobre los ciudadanos venezolanos Rossana Barrera y Kevin Rojas, designados para tal fin por el diputado presidente encargado.

Por razones que el gobierno interino no ha expresado, decide en el pleno ejercicio de sus funciones destituir al embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti.

Los señores Barrera y Rojas son apartados de tales funciones una vez conocido de las autoridades colombianas las pesquisas que por la supuesta ostentosa vida que llevaban en Cúcuta los administradores ad hoc.

Tales montos expuestos llegan aproximadamente a 100.000 dólares, según la prensa, desconociéndose  la cantidad total conducida, sujeta a reparación judicial para su posterior reclamo.

El informe final podría también indicarnos el monto de la posible deuda al comercio, hoteles, comederos, etc., que ha quedado pendiente tras la ausencia  de los enviados presidenciales.

Las actuaciones llevadas a cabo por el encargado presidencial interino Juan Guaidó al remover a Rossana Barrera y Kevin Rojas son una demostración de su política “Corrupción cero”.

No levantar acusaciones a priori sobre tales personas, sino más bien esperar el resultado de las indagaciones en manos del Ministerio Público colombiano, es ratificar los acuerdos de extraterritorialidad de presentación de cargos ante la justicia sobre supuestos hechos cometidos en el extranjero por ciudadanos venezolanos.

Por su  parte, Calderón Berti en públicas declaraciones deja claro haber agotado y colaborado en todas las instancias, desde la denuncia hasta la fase actual en sumario, con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y encausamiento de los culpables si los hubiere, cumpliendo con su labor y esmero en poner en alto el nombre del gobierno de Guaidó ante sus  aliados extranjeros y muy especialmente los hermanos neogranadinos principales receptores solidarios del exilio local.

Consulté la opinión sobre la diatriba expuesta  con miembros de la comunidad.

Doctor Aurelio Useche: “Lamentablemente el país político no aprende. Un presidente no destituye a un embajador clave como el de Colombia sin haber cumplido ciertos protocolos Y un embajador no da rueda de prensa como si fuese un político disidente en campaña electoral. Y lo más grave: el país quedo desinformado”.

Conversando con Alexis Ortiz, político y periodista, este me indica: ”No hay que echarle más leña al fuego, con estas manifestaciones públicas el que se beneficia es el régimen”.

José A. Colina, de Veppex. señala: “Las recientes denuncias del embajador Humberto Calderón Berti sobre hechos de corrupción del entorno del presidente Guaidó demuestra la trayectoria de este como servidor al servicio del país. Creo que el mandatario encargado Juan Guaidó ha debido ser más contundente con las personas a su alrededor, lo cual todos esperamos lo haga así. Cualquier otra actitud sería actuar muy parecido a como lo hace el régimen”.

Considero que queda demostrada la lucha anticorrupción que lleva adelante el diputado Juan Guaidó ante la administración de recursos.

Por el proceder del guaireño están confiados los venezolanos que de haber culpables el pronunciamiento será condenatorio.

El mensaje político antipartidos de Humberto Calderón Berti muestra que mantiene las aspiraciones presidenciales mostradas en las elecciones de finales de siglo cuando fue derrotado internamente en Copei por Irene Sáez.

Las acciones deben estar centralizadas a llevar comida y medicinas.

Distraerse de esta meta es poner al pueblo en el disparadero de la anarquía social; y  en ese revoltillo de tribulaciones sálvese el que pueda.

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