La profundización de la tragedia venezolana no encuentra fondo. Cada día se agregan nuevos elementos agravantes de la calidad de vida de los cuídanos, hasta el punto de avanzar a una situación de lesión que pone en riesgo la vida de, por lo menos, 50% de la población. La destrucción de la economía, con la cual se ha evaporado el salario y los ingresos de las personas, la destrucción de los servicios básicos hace imposible la vida, sobre todo la de los asentamientos urbanos y semiurbanos, donde se concentra 80% de la población. Esa mayoría no tiene cómo acceder a alimentos, tampoco puede prepararlos por la falta de agua potable, gas o energía. Nuestra población está ya en un cuadro de hambruna con tendencia a agravarse en las semanas por venir.

El mundo ya conoce la naturaleza autoritaria y criminal de la camarilla que gobierna. La mayoría de los ciudadanos venezolanos estamos desesperados por lograr su expulsión de los escenarios del poder. Las alianzas con las potencias del mundo autoritario, vale decir Rusia y China, las han tejido con la pretensión de aferrarse al poder indefinidamente. Han convertido a Venezuela en una ficha del juego de poderes en la geopolítica mundial, con lo cual nos tienen a las puertas de una peligrosa confrontación bélica.

Venezuela es una nación secuestrada por esa camarilla, y atrapada, en la dinámica del peligroso pulso de poder de las grandes potencias. Nos han quitado a los venezolanos el derecho a decidir el modelo de sociedad en el que deseamos vivir. Nos han privado el derecho a elegir en forma segura, transparente y oportuna nuestras autoridades. La camarilla, en el marco de su estrategia de poder absoluto, convirtió el sistema electoral en una entelequia para aparentar la existencia de consultas electorales, donde no es posible elegir y decidir el destino de la nación. La decisión de la incondicional e ilegal Sala Constitucional de asumir la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral ratifica la conducta abusiva y fraudulenta de la cúpula roja.

Además del control absoluto sobre la nomenclatura del Estado, incluido el sistema electoral, el régimen ha instaurado un aparato armado formal e informal, básicamente constituido por el mundo del crimen, para eliminar radicalmente la protesta y cualquier intento de impulsar un cambio político, por una acción de fuerza interna.

La comunidad internacional, muy especialmente los países de América y Europa, ha exigido una solución a la crisis por la vía de un proceso electoral libre. La dictadura, hasta la presente fecha, ha negado esta propuesta. La ha burlado, ha utilizado los llamados al diálogo tendientes a lograr una solución pacífica, como un mecanismo para correr la arruga y ganar tiempo. Existe, además, una fuerte presión del gobierno de Estados Unidos de América estableciendo sanciones económicas y diplomáticas, sin descartar el uso de la fuerza para lograr ese cambio.

Maduro y su entorno se niegan, una y otra vez, a permitir a los ciudadanos decidir el destino de nuestra nación. No admite su responsabilidad en la tragedia existente. Sigue aferrado a una cuestionada presidencia y no le importa el destino de un pueblo muriendo de mengua.

Hoy más que nunca es fundamental la cooperación de la comunidad internacional. Los venezolanos estamos impedidos de ejercer nuestros derechos fundamentales. Maduro y su camarilla debe ser compelido a aceptar una consulta democrática, sobre el destino del país. Debe aceptar, ante la gravedad de la situación, una consulta democrática. Si, como él afirma, tiene el apoyo de la mayoría ciudadana, deberá terminar el período en curso. Si la mayoría rechaza su presencia en el poder, entonces debe renunciar e irse.

Esta consulta electoral debe ser asumida como una misión humanitaria de la comunidad internacional, para evitar una tragedia de mayores proporciones a la ya existente. O para evitar una confrontación armada, una guerra, cuyas consecuencias serán harto dolorosas. El mundo aún puede salvar millones de vidas, en peligro, en este tiempo venezolano.

Ya no puede ser una invitación a una mesa de diálogo. Una misión de países amigos. Un pronunciamiento de los organismos de derechos humanos. Debe ser una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si como lo ha declarado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “el pueblo venezolano debe decidir su destino”, entonces ha llegado la hora de pasar del discurso a los hechos.

Una decisión del Consejo de Seguridad, designado una misión electoral, que se instale en el país, con apoyo de un cuerpo de seguridad especial designado por dicho consejo, y así evitar la parcializada participación, como facilitador de los atropellos del partido militar venezolano, abre un camino para evitar daños mayores. Esta sería la mejor forma de cooperar con una solución electoral y democrática a nuestra tragedia. De esta forma el pueblo venezolano puede tomar una decisión trascendental: O avala la continuidad del chavismo en el poder, o decide expulsarlo con su voto. Si por los intereses geopolíticos  esta opción no es posible, entonces los países de América, desde la OEA, deben asumir esta iniciativa.

Negar a nuestro pueblo esa oportunidad es dejar el destino del país en manos de intereses distintos a los nuestros. Además de abandonar a su suerte, a la violencia y a la muerte, al pueblo de una nación que merece un destino mejor.

 


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