Las fuerzas democráticas han decidido participar en los comicios regionales y locales convocados para el 21 de noviembre. La decisión se basa, entre otras razones, en la convicción de que la abstención se agotó como estrategia. La misma fue la opción más útil para para poner en evidencia la naturaleza y condición dictatorial del régimen, de su ausencia de legitimidad de origen aunada a la de desempeño. Posición que fue apoyada por la mayoría de la ciudadanía; considerada pertinente por los Estados democráticos del mundo, quienes han acudido a las sanciones para expresar su desacuerdo con la dictadura y exigir el retorno al imperio de la Constitución vigente. Ese logro se hubiese dificultado si las fuerzas democráticas hubiesen participado en elecciones plagadas de irregularidades de todo tipo como lo fueron la constituyente de 2017, las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.
De lo anterior no debe concluirse que para los comicios de noviembre próximo existen todas las condiciones para que el proceso se ajuste completamente a lo previsto en la legalidad vigente. Pero el régimen se ha visto en la necesidad de conceder algunas cosas en ese terreno, que pueden mejorar en algo la competitividad de quienes le adversan, porque necesita eliminar o rebajar las presiones y sanciones, recuperar algo de legitimidad, contrarrestar con cierta credibilidad el discurso que lo señala y acusa de ser una dictadura.
En función de lograr lo anterior el chavismo necesita unos comicios en los cuales participe una parte de la oposición, una alta abstención y que las fuerzas opositoras perdiendo las elecciones en el total nacional de votos acceda a algunas posiciones. Trabajan afanosamente para que el proceso sea el reflejo de una supuesta situación de normalidad y apertura cuando la realidad es otra y no podía ser de otra manera en un país sometido a una emergencia humanitaria compleja, agravada por una gestión indolente y errada de la pandemia, regido por un gobierno ampliamente rechazado por la mayoría determinante de la sociedad.
El objetivo de las fuerzas democráticas en este proceso no puede ser otro que ganarlo obteniendo la mayoría en votos. Eso pasa por convertirlo en un gigantesco, rotundo acto protesta y rechazo de la mayoría social al régimen votando por la tarjeta de la MUD. Objetivo perfectamente complementario con el de alcanzar la mayor cantidad de posiciones posibles.
A eso nos referimos cuando hablamos de conferirle condición plebiscitaria a las elecciones de marras. Cuyo resultado, inevitablemente, será leído, debido a la polarización existente, en clave nacional: triunfo el régimen o ganó la oposición.
El reto es convencer a la ciudadanía de la utilidad de acudir a los centros de votación, de que derrotar al régimen tendrá efectos positivos en la lucha por el cambio de régimen, en lograr mejores gobiernos regionales y locales.
Persuadir a la ciudadanía de regresar a las urnas no es tarea fácil, mas no imposible en los dos meses que faltan para los comicios. La oposición necesita presentarse lo más unida posible, superar sus problemas de cohesión, establecer una estrategia conjunta, dotarse de un discurso y una propaganda capaz de alinear con coherencia, asertividad el interés nacional de castigar al régimen con los intereses y demandas regionales y locales, construir una eficiente red de defensa del voto, terminar de lograr la presencia como observador de la Unión Europea, utilizar todos los recursos políticos disponibles como por ejemplo: un pronunciamiento público de los aliados internacionales sobre la conveniencia de votar…
Una victoria de las fuerzas democráticas en noviembre -incluso perturbada por el régimen- tendrá efectos positivos en el corto y el mediano plazo. Facilitar, en el proceso de negociación en México, el tratamiento positivo de los temas ligados a la convocatoria de nuevos comicios presidenciales y legislativos o el compromiso de no impedir por medios ilegales el referéndum revocatorio.
Lo coherente con la ruta electoral adoptada, una vez superado el 21 de noviembre, es trabajar por hacer posible el referéndum revocatorio en el año 2022.
Cualquier otro posicionamiento opositor diferente al planteado arriba es facilitarle al régimen la consecución del objetivo que se ha propuesto con el 21/11.