A lo largo de nuestra historia, el poder militar ha sometido al poder civil. En 1958, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, se invirtió la ecuación y los venezolanos vivimos bajo el control de la dirigencia civil, el cual se fue debilitando en la medida en que el sistema de partidos fue perdiendo fuerza y prestigio hasta que saltaron los demonios de la democracia y regresamos a lo que parecía superado: el Estado cuartel como la etapa más elevada del pretorianismo y el militarismo. Estamos ante la participación de la Fuerza Armada en la vida política y la conducción militar de los ministerios clave y empresas fundamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores y Pdvsa, por ejemplo.
La subordinación del poder militar al civil fue establecido por la Constitución de 1811, al señalar: “El poder militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella” (artículo 179, Constitución de 1811). Por consiguiente, el reto de la dirigencia es desarrollar las habilidades políticas para dar cumplimiento a ese necesario mandato republicano.
Hay varias razones que explican que el poder civil haya podido controlar al sector castrense en la primera etapa de la democracia. Son ellas: el prestigio moral e intelectual de los líderes civiles; el acuerdo político que cristalizó en el Pacto de Puntofijo; la fortaleza de los partidos políticos; la alianza con Estados Unidos; la amenaza del castrismo que unificó al sector militar, y la convicción del sector profesional de las Fuerzas Armadas de que había que derrotar la guerrilla castrista. Por ello, es recomendable que el líder civil posea conocimientos en materia de seguridad y defensa, para complementar su prestigio y autoridad ante el sector militar.
Amparados en el prestigio intelectual y en el conocimiento de los asuntos militares, la dirigencia política que diseñó el Pacto de Puntofijo pudo mantener el predominio civil. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera fueron muy hábiles en el manejo de esa materia y se ocupaban directamente de ella. Estuvieron acompañados por hombres como Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes lograron ser respetados por el poder militar. La figura de Ramón J. Velásquez no puede pasar inadvertida, porque siempre se ocupó, con la sabiduría que lo caracterizaba, de los asuntos militares.
Cónsono con lo anterior, hay que destacar que el liderazgo civil, además de la autoridad basada en su prestigio, debe manejarse con un lenguaje apropiado para dirigirse a los militares. Acusaciones generalizadas contra la institución, lejos de granjearse el reconocimiento y el apoyo, producen el efecto contrario. Para regresar al control civil de la Fuerza Armada es necesario rescatar la metodología utilizada por los civiles que sí pudieron lograr dicho control. Este asunto del lenguaje debe ser visto con cuidado.
Así las cosas, el sector civil no debe lucir desordenado y dividido. Esto explica que Carlos Delgado Chalbaud en el Comunicado n° 6 de las Fuerzas Armadas del 24 de noviembre de 1948 y las alocuciones de los días 1 y 24 de noviembre de 1949, respectivamente, haya pretendido justificar el papel militar en la política. Según estos textos, los militares tenían que desenredar los entuertos causados por el sector civil en “su acción desordenada, dispersa y ruidosa”. Esto lo dijo para justificar el golpe contra Rómulo Gallegos.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo un proceso de ideologización de la Fuerza Armada, que se evidencia en las consignas políticas que acompañan el saludo militar, como la que dice que la Fuerza Armada es “patriótica, bolivariana, revolucionaria, socialista, antimperialista y chavista”. Esta consigna está reñida con la necesaria imparcialidad que debe regir al cuerpo castrense. Además, resulta un riesgo para el caso de que la voluntad popular elija una opción política distinta al chavismo, ya que habría un conflicto entre la decisión del elector con los dogmas ideológicos que se expresan en esa consigna.
Siendo así el asunto, vale la pena tener en cuenta un libro titulado La militaridad en el Estado democrático y social de derecho y de justicia, escrito por los generales Rafael José Aguana y Samir Sayegh Assal, el cual representa un planteamiento ideológico y político en la formación militar. Al respecto, el profesor José Alberto Olivar lo advirtió en un ensayo titulado “La militaridad: prospecto ideológico del Estado cuartel en Venezuela” (En: Entre el ardid y la epopeya. Caracas, Fundación Negro sobre Blanco, 2018). Olivar sostiene que este libro “forma parte de la ofensiva ideológica de lo militar sobre lo civil” (p. 267). El término “militaridad”, afirma el profesor Olivar, es una marca notable de la influencia cubana en este asunto (p. 264). Esta mirada castrense es equivalente a la idea de militarizar la sociedad, lo que es ajeno a nuestra tradición constitucional.
Para rescatar el papel institucional de la Fuerza Armada, se requiere de una discusión amplia, deslastrada de dogmatismos, que le permita al sector civil diseñar un plan cuyo fin sea recuperar el control institucional del poder militar. Igualmente, las universidades deben crear líneas de investigación sobre los estudios militares para promover una cultura intelectual que permita entender y defender el papel democrático que se espera del sector castrense. El control civil sí es posible, pero requiere de unidad y estudio por parte del liderazgo que cree en los valores que inspiraron el nacimiento de nuestra república.