Cuando los trabajadores de este país mencionan su aspiración a un contrato colectivo digno, directamente se refieren a una quimera, cuyo significado es un sueño o ilusión que es producto de la imaginación, y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice. Si es en el sector público es prácticamente una palabra prohibida, al punto de que si lo aprueba el patrono Estado lo desmantelan, lo caricaturizan o lo congelan indefinidamente, como lo han hecho con los trabajadores de Sidor y de Guayana en general.
Entre tanto, en el sector privado cuando acuerdan convenios colectivos con sus trabajadores y sus sindicatos, deben hacerlo clandestinamente mediante notarías porque el Ministerio del Trabajo no homologa convenios colectivos que representen según su criterio excesivos beneficios para los trabajadores y por tanto “mal ejemplo para los del sector público”.
En el sector de hidrocarburos el contrato colectivo petrolero se ha convertido en una caja negra para los trabajadores, pues debido a las paradojas del destino en el “gobierno del que se autoproclama como “presidente obrero” no se conocen previamente los alcances de los beneficios que integran el convenio de mayor importancia y trayectoria del movimiento de los trabajadores venezolanos.
En realidad, los 6 últimos contratos colectivos petroleros se han convertido en madrugonazos concebidos entre gallos y medianoche por la gerencia de Pdvsa, y por sindicalistas cuya característica es aceptar incondicionalmente lo que les ofrece el patrono Pdvsa y el régimen. Se pudiera afirmar que el último que contó con una participación democrática de los trabajadores sucedió en el año 2000, bajo la gestión del general Guaicaipuro Lameda como presidente de Pdvsa, quien reconociera las exigencias de los trabajadores, sus federaciones Fedepetrol, Fetrahidrocarburos y sindicatos afiliados para así evitar la huelga. Es necesario recordar que el salario de un trabajador petrolero para esa fecha promediaba los 400 dólares mensuales y hoy está entre 3 y 6 dólares mensuales.
La caricatura de contrato colectivo petrolero firmado el viernes 19 de febrero de 2021 no ha sido la excepción de los anteriores firmados durante el siglo XXI, al ser un secreto bien guardado en las diferentes zonas petroleras del país, de los estados Monagas, Anzoátegui, en la faja petrolífera en el estado Bolívar, en la ciudad capital, en las refinerías del estado Falcón, Carabobo y el estado Zulia, donde los trabajadores desconocen el acuerdo que tras bastidores se ha presentado.
Convertido en una ironía del convenio colectivo que era publicitado otrora, en remitidos pagados en la prensa nacional y regional, elaborado y aprobado mediante asambleas multitudinarias organizadas por las federaciones y sindicatos petroleros, el de ahora, el que se acuerda en tiempos de “revolución”, se ha vuelto un misterio cuyo desenlace se conoce cuando los firmantes usurpadores de la democracia sindical ya lo han aprobado. Y el resultado no es otro que el empobrecimiento agresivo del trabajador petrolero, que ha visto degradar in extremis la condición de su familia y su trabajo.
El desaliñado convenio señala una intención de “proteger el ingreso integral del trabajador, el monto del salario básico, cuyas bonificaciones tienen como referencia el valor del petro”, lo que confirma su objetivo de pulverizar el salario, sustituido por bonos sin ninguna incidencia en la remuneración y prestaciones sociales. Para muestra el aumento general salarial pasa de 1.200.000 bolívares a 5.500.000 bolívares mensuales, lo que significaría alrededor de 4 dólares mensuales al cambio actual. Adicionalmente, indica bonos de transporte y de alimentación de 52 y 82 millones de bolívares que en semanas son vaporizados por la hiperinflación.
Presentado como una gran concesión del ahora llamado “primer obrero de la patria Nicolás Maduro”, no es más que el entierro definitivo del contrato colectivo que produjo en el siglo XX el nacimiento del movimiento obrero en Venezuela, en un contexto donde son perseguidos y exiliados sindicalistas de la actual federación petrolera secuestrada por el régimen dictatorial. Nada más parecido a la persecución de la dictadura de Juan Vicente Gómez y las transnacionales petroleras contra el naciente movimiento obrero petrolero en Venezuela.