La Comisión de Reforma Agraria se propuso abordar el problema del campo venezolano a la luz de las relaciones económicas, políticas y sociales existentes luego de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Se aprovechó el favorable clima de unidad nacional para crear una comisión amplia y representativa de todos los sectores de la vida venezolana, cuyo propósito quedará suficientemente expresado en la Ley de Reforma Agraria de 1960.

A efectos funcionales, la comisión se dividió en subcomisiones llamadas a cubrir las áreas relevantes: legislación, economía, cuestiones sociales y temas agrotécnicos. Un distinguido grupo de venezolanos quedó incorporado a las referidas subcomisiones, entre ellos el ingeniero, productor agrícola e industrial Gustavo Vollmer Herrera; el médico veterinario y ganadero Diego Heredia; el economista y redactor-jefe del diario El Universal, Pascual Venegas Filardo; el profesor de Economía Agrícola de la UCV Alejandro Osorio, el abogado y periodista Ramón J. Velásquez, el ingeniero agrónomo e industrial Eduardo Mendoza Goiticoa, el profesor de Economía Política de la UCV D. F. Maza Zavala, el médico e investigador científico Martin Vegas, el zootecnista Edgardo Mondolfi, el médico veterinario William Larralde, el ingeniero agrónomo Alonso Calatrava, el banquero y productor agropecuario Tomás Enrique Carrillo Batalla. Es preciso mencionar igualmente a los doctores Raúl Leoni, Héctor Hernández Carabaño, Víctor Jiménez Landínez y Arnoldo Gabaldón Carrillo, como miembros destacados y contribuyentes al referido esfuerzo.

Con el aporte multidisciplinario de sus integrantes, la comisión realizó estudios sobre la sociología del medio rural y sus problemas críticos, para los cuales adelantó propuestas de solución; también en materias de producción primaria y de transformación industrial, señalando requerimientos tecnológicos y operacionales que permitirían adecuar el desempeño de las unidades de producción a los tiempos modernos. En el área legal se produjo el anteproyecto de ley que luego de sucesivas discusiones en el Congreso de la República, se convertirá en el marco regulatorio puesto en vigencia en marzo de 1960.

Pero vayamos al fondo del asunto. La ley fue creada con el objeto de afrontar y resolver el problema agrario en toda su dimensión jurídica, social, sanitaria, habitacional, económica, tecnológica, operacional y financiera. El análisis de la agricultura y la ganadería dentro de la economía nacional –labor que estuvo a cargo de la Subcomisión de Economía– aportó interesantes conclusiones sobre las condiciones estructurales y los problemas institucionales que confrontaba el sector –el rendimiento de los factores empleados y las ineficiencias de la producción a nivel primario, relacionadas con el régimen de tenencia de la tierra–. El mal crónico de la agricultura como actividad a nivel nacional estaba en línea con el bajísimo rendimiento de los factores de producción y sus efectos sobre el ingreso y el bienestar de la población campesina, lo cual exigía identificar las fallas institucionales vinculadas a la distribución y tenencia de la tierra. Y aunque la propuesta de reforma terminó inspirándose en principios antilatifundistas, quedó claro que las tierras en plena producción no debían afectarse en tanto y en cuanto estuvieren cumpliendo con su “función social”.

A nuestro modo de ver las cosas, el requerimiento de la “función social” de la propiedad agraria, aunado con el concepto restrictivo de explotación directa de la tierra, condujo al manejo discrecional y muchas veces perverso de la Reforma Agraria. Si el propósito era mejorar las relaciones sociales, asegurando el empleo de novedosas técnicas de cultivo y el aumento en la producción agropecuaria, en la práctica terminaron desmontándose unidades de explotación en marcha –sin duda mejorables–, con la consecuente caída del producto y la pérdida de empleo remunerado. Los aparceros beneficiarios de numerosas distribuciones de tierras nunca alcanzaron la prosperidad proclamada en el discurso político de sucesivas campañas electorales. El derecho a la tierra y al crédito agrícola, venía supuestamente acompasado a una asistencia técnica y organización eficiente del mercado de productos, que poco o nada se materializó en la práctica. Propósitos que quedaron en el tintero y en la retórica vocinglera de falsos dirigentes agrarios, únicos favorecidos –las más de las veces– en numerosas expropiaciones e ilegales ocupaciones de tierras otrora productivas. ¿Cuál función social? ¿La de “logreros, buscones y pícaros de toda laya” que asaltaron terrenos expropiados para de una vez revenderlos arbitrando inmerecidas ganancias? Destruir haciendas históricas para justificar dádivas y entregas de maquinarias a poco convertidas en chatarra, no fue el propósito de las subcomisiones referidas en líneas anteriores. La ganadería y la agricultura habían mejorado ostensiblemente en su rendimiento, volumen y calidad de productos ya para finales del pasado siglo (1999, justo antes de la vorágine que ha hundido al país en la miseria más pavorosa que se conoce desde la independencia). Y esa mayor y mejor producción agropecuaria no solo fue resultado del esfuerzo y tesón de agricultores y criadores venezolanos –también de inversores y bancos financistas que creyeron en el campo y sus posibilidades–, sino que se alcanzó a pesar de los efectos tan negativos de una Reforma Agraria mal administrada, cuyo planteamiento originario quedó deformado por la acción política y el despilfarro de sucesivas administraciones.

Tuvimos el privilegio de conocer personalmente a muchos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, todos ellos venezolanos honorables, hombres virtuosos, cultos e ilustrados. Si bien defendían en el plano conceptual el sentido y alcances de la primigenia propuesta de reforma, reconocían sin empacho las múltiples desviaciones de que fue objeto en su aplicación al paso de los años, una de las grandes vergüenzas de las últimas décadas del pasado siglo, tan solo superada por el bochorno socialista –el del siglo XXI– que todavía nos asfixia como nación. Razones suficientes para hoy proponer una reforma en sentido contrario, que entregue las tierras a quienes sean capaces de organizarse y ponerlas a producir, prescindiendo para ello de la política electorera que tanto daño ha propinado a la cría y a la agricultura. Una contrarreforma que reaccione política y socialmente al lastimoso estado de cosas que envuelve al campo venezolano, que ponga a un lado la dogmática que solo ha servido para empobrecer al campesino, para el despilfarro de ingentes recursos y para una caída sostenida en la producción de alimentos. Y en este orden de ideas, ya para concluir, cabe proponer lo que para algunos sería “políticamente incorrecto” pero sin duda necesario, esto es, la derogatoria de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dando paso a la protección y estímulo a la producción agroindustrial en gran escala –énfasis añadido–, a la puesta en práctica de mecanismos que aseguren la transparencia del mercado de insumos y de productos agrícolas, en fin, a la explotación indirecta de predios rurales –arrendamiento de tierras o fórmulas de ganancias compartidas–, una de las vías más idóneas y realistas para levantar capitales requeridos en cualquier programa de reactivación del sector agropecuario nacional.


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