El 20 de mayo de 2018 hubo “elecciones presidenciales” en el país. La Conferencia Episcopal Venezolana, congregada en su 110º Asamblea General, publicó una exhortación (11 de julio) en la cual expresó que dicho acto electoral, “a pesar de todas las voces -entre ellas la nuestra- que advertían su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma, solo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante”.

Los obispos agregaron: “La altísima abstención, inédita en un proceso electoral presidencial, es un mensaje silencioso de rechazo, dirigido a quienes pretender imponer una ideología de corte totalitario, contra el parecer de la mayoría de la población”.

En el mismo documento se afirmó algo, que conserva plena vigencia en vísperas de viciadas elecciones parlamentarias manejadas por el Régimen: “Desde el Ejecutivo Nacional, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral, con autoridades imparciales, sin manipulaciones ni favoritismos. Mientras existan presos políticos, y adversarios a quienes se les niega su derecho a postularse, no habrá proceso electoral libre y soberano”. Se subraya esta consecuencia: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo”.

Con respecto al evento electoral del próximo 6 de diciembre, el mismo Episcopado, en exhortación del 15 de octubre pasado, puso de relieve que dicho acto tiende a agravar la situación política nacional y está plagado de vicios, añadiendo que “aún deben realizarse las elecciones presidenciales” por haber sido ilegítimas las de 2018; de allí la necesidad de convocar unas auténticas elecciones parlamentarias y presidenciales “con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales”. Los obispos insistieron en que “las diversas organizaciones civiles, las universidades, los gremios, las academias, los empresarios y los trabajadores, las comunidades de los pueblos originarios y los jóvenes deben hacer esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación”. A este planteamiento de los representantes de la Iglesia responde la consulta popular en marcha.

Esta consulta fue propuesta por la sociedad civil y aprobada por la Asamblea Nacional; se realizará en la primera quincena de este diciembre, reviste particular urgencia y tiene pleno fundamento constitucional ¿Hay algo más obligante y oportuno en el presente desastre nacional, que preguntarle al soberano, quien tiene poder propio, originario y constituyente (CRBV 5), qué ordena para comenzar la reconstrucción de este país? En situaciones como la presente es a él, y no simplemente al gobierno, a partidos políticos u otras organizaciones, a quien le corresponde señalar el rumbo que se va a seguir. La consulta popular será instrumento muy apto para un cambio positivo nacional (la que se tuvo en 2016 fue buena iniciativa, pero incompleta, pues, entre otras cosas, no se cobró; además, vivir de modo creativo es insistir sabiamente en objetivos válidos, máxime en escenarios cambiantes).

Frente a la dictadura militar de signo comunista, que busca a través del 6D imponer un Estado socialista, comunal, inconstitucional e inmoral, la consulta popular constituye un paso de primer orden hacia una Venezuela digna y próspera.

Nos merecemos los venezolanos un 2021 sin presos políticos, sin torturados, sin muertos por hambre o deficiencia sanitaria, sin compatriotas expatriados (5 millones por el momento), sin opresiva militarización y expansiva “narcorrupción”. Nos merecemos un futuro con servicios públicos que funcionen, con un bolívar que valga algo, con luz y combustible básicos, con educación y comunicación libres; con un ambiente de emprendimiento, progreso compartido, desarrollo integral, alegría y esperanza, democracia y calidad ético-espiritual.

Venezuela debe entrar ya al siglo XXI después de la pesadilla involutiva de dos décadas. Ha de ser compromiso de todos. Dios primero.


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