Tenemos una Constitución que se queda en puro nombre y un soberano —definido en el artículo 5 de la misma— que se encuentra actualmente encadenado.
Lo “puro nombre” es porque si bien la Constitución (CRBV) recibió inicialmente mucha difusión y alabanza, su articulado base quedó en simples palabras. Esto nos recuerda una filosofía de fines del Medioevo llamada nominalismo, para la cual los conceptos eran puros nombres (flatus vocis, emisiones de voz), sin responder a realidad alguna. Lo de “encadenado” como calificativo del soberano es porque los ciudadanos no gozan actualmente de garantías políticas, que les permitan expresarse libremente sobre la cosa pública, especialmente en lo electoral; la dirigencia del régimen proclama que continuará en el poder “por las buenas o por las malas” y que “vinimos para quedarnos”. Expresiones confesa y públicamente soberbias y subversivas.
La Constitución de 1999 —excesivamente centralista, necesitada de reforma y hasta de reformulación— constituye por ahora, con todas sus limitaciones y vacíos, un instrumento aceptable para el manejo democrático del país. El problema máximo es que su articulado fundamental se queda en enunciados formales, junto a una praxis cotidiana violatoria manifiestamente anticonstitucional. Hoy no existe en Venezuela un Estado de Derecho y, lo que es peor, el régimen alardea de un socialismo contrabandeado, no sólo hegemónico sino también totalitario.
Con respecto al soberano, no obstante que la Constitución afirma solemnemente el poder intransferible (CRBV 5), originario (CRBV 347) del pueblo, se da, de facto, una usurpadora concentración e inflación de poderes en el Ejecutivo nacional, el cual los ejerce dictatorialmente, no sólo con la notable participación, sino, sobre todo, por el apoyo decisivo político-ideológico del Alto Mando de la Fuerza Armada. El soberano parece un pordiosero a la espera de migajas de libertad concedidas por el poder. Manifestaciones patentes de una tal anomalía son los centenares de presos-torturados políticos, la hegemonía comunicacional, la discrecionalidad de los organismos represores, el saqueo del país y la expatriación forzada de una cuarta parte de los venezolanos.
La Conferencia Episcopal, ante la grave y global crisis, viene planteando la urgencia de una refundación nacional. Con respecto a ésta, resulta cuando menos curioso leer en el Preámbulo de la Constitución que “El pueblo de Venezuela (…) en ejercicio de su poder originario” la decretó “con el fin supremo de refundar la República”. Y explicita el para qué de la refundación: “establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.
Estos fines positivos fueron declarados así en 1999, en una Venezuela con una democracia y un progreso innegables aunque imperfectos y con vivos anhelos de cambio efectivo. Los detentores del poder emergente tenían, sin embargo, otro proyecto subrepticio de tipo socialista marxista para imponerlo progresivamente. Hoy, a más de veinte años de distancia y en una Venezuela arruinada y oprimida, aquellos fines se replantean con máxima urgencia y obligatoriedad. Las primarias de la oposición y las próximas elecciones nacionales han de ser pasos consistentes en dirección refundacional. La realidad debe ajustarse a la Constitución y el soberano debe romper cadenas y ejercer su poder originario. Para refundar el país. Nuestro país.