En medio de la crisis sanitaria que está teniendo lugar en el mundo a causa del covid-19 –se considera la mayor crisis global del siglo XXI– se plantean una serie de consecuencias económicas de amplio espectro que van a afectar de manera muy profunda a los países más débiles del mundo, específicamente a las 130 naciones en vías de desarrollo que se reúnen en múltiples foros como los No Alineados y que ahora afrontan un desafío sin precedente en su historial industrial o exportador.

Es un hecho que las prolongadas cuarentenas van a debilitar de forma muy profunda y en muchos casos irreversible a las economías individuales o familiares de los trabajadores informales o dentro de la economía formal a las conocidas pyme (pequeña y mediana industria), que a diferencia de las grandes empresas nacionales o multinacionales no tienen en muchos casos fondos de emergencia para aguantar estos imprevistos o el apoyo político de sus gobiernos para conseguir créditos a fondo perdido, como la crisis hipotecaria y bancaria de 2008.

La destrucción de este tejido industrial y comercial, que implica una reducción considerable de la demanda mundial de productos de exportación, entiéndase materias primas y terminadas por prolongado tiempo, puede implicar el colapso económico de numeroso países de América Latina, África y Asia, que no disponen de los recursos financieros ni de las fuerzas sociales organizadas de muchos países desarrollados que pueden asumir políticas públicas destinadas a enfrentar esta crisis de mucha mejor manera.

En el caso de Venezuela en concreto existen instituciones que deberían atender estas situaciones, con un manejo rápido y eficiente de la situación económica y social, pero se tienen algunas dudas sobre su eficacia y eficiencia en sentido estrictamente técnico de la palabra.

En primer lugar se encuentran los consejos comunales y las comunas, que desde la aprobación de su ley de creación –el 9 de abril de 2006 y 21 de diciembre de 2010– tenían la obligación de organizar a las comunidades en torno a unas estructuras disciplinadas de funcionamiento horizontal, en la cual cada comunidad contaba con un diagnóstico profundo y amplio de sus potencialidades económicas y recursos humanos, dando pie a un denominado Plan de Desarrollo Comunal. He de preguntarme, entonces, en cuántos de los más de 47.000 consejos comunales existentes, de acuerdo con el gobierno nacional, existen estos microplanes para aprovechar la potencia local de cada vecino, más cuando el gobierno dice tener de 200.000 a 300.000 jefes de calle, lo que implica en teoría un conocimiento profundo de las capacidades de sus vecinos.

En el caso de las comunas, la responsabilidad es mucho mayor porque existen más de 3.000, según el discurso oficial que se cite, con la responsabilidad de montar un Parlamento Comunal para encarnar el liderazgo de calle de las comunidades (en este sentido, muy poca gente no afecta al PSUV conoce un parlamentario comunal), además de que tienen la facultad de poseer un banco comunal, sobre el cual también habría que preguntarse en cuántos de las más de 3.000 comunas funcionan estos.

En segundo lugar hay que apuntar al nivel municipal, fundamental en el desarrollo económico, pues son los responsables del Consejo Local de Planificación Pública  que debe tener un Plan de Desarrollo Municipal y que, dado el discurso sostenido durante 20 años de la democracia participativa y protagónica, se puede asumir en teoría que cada ciudadano sabe cuáles son los objetivos de su ciudad en los próximos 5, 10 o 30 años, o por lo menos poder ubicar dicha información en el portal web de la alcaldía. Lamentablemente parece que en muchas alcaldías se guarda como secreto de Estado la información referente a los planes y proyectos de desarrollo, que uno no entiende por qué es más fácil informarse sobre la Alcaldía de Nueva York por Internet que ir a comprar una ordenanza municipal a un concejo municipal o buscar información estadística en forma presencial o digital en nuestro país. Parece ser que mucho interpretaron la conseja “la información es poder” con la idea de esconder la información para tener el poder.

En tercer lugar estarían los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que deberían permitir a cada gobernador la posibilidad de conocer cuáles son los sectores que debe auxiliar y cuáles son las potencialidades reales de su estado, en términos reales de infraestructura y recursos humanos para establecer políticas de empleo de miles de afectados del sector informal para evitar el colapso social y económico.

En cuarto lugar estaría el Consejo Federal de Gobierno, que debe disponer en forma coordinada de los recursos institucionales y jurídicos para establecer un esquema político que mantenga la paz social entre las diversas fuerzas políticas en la nación, situación que ciertamente no es el caso actual de Venezuela.

En quinto lugar tenemos al Ejecutivo Nacional como la cabeza de un gobierno de más de 30 ministerios, donde se supone que existe un plan de contingencia para diversas situaciones de desastres o emergencias dentro de cada sector, pues más alla de la pandemia, podemos hablar también de terremotos, inundaciones o cualquier tipo de catástrofes o situaciones como los apagones de 3-4 dias que se han dado en el pasado. Es de imaginarse ante las redundantes amenazas de hasta un bloqueo naval, que deben en el gobierno de Maduro haber organizado un plan de contingencia para funcionamiento de un gobierno incluso en caso de guerra contra Estados Unidos, Colombia y Brasil, tal como lo manifiesta el mismo Nicolás Maduro, que en sus propias palabras ha dicho estar preparado para todos los escenarios.

Es de imaginarse que los ministerios de Finanzas, Comercio, Agricultura, Industria, entre otros, ya tienen listo un plan de contingencia parecido al que está aplicando Donald Trump, conocida como la Ley de Producción de Defensa (DPA)  promulgada en 1950, casi al inicio de la Guerra de Corea (1950-1953). Esta norma le da al presidente de Estados Unidos un amplio conjunto de poderes para garantizar que las industrias nacionales provean determinados productos y servicios necesarios para la defensa nacional.

La DPA se basa en las leyes de poderes de guerra creadas durante la Segunda Guerra Mundial para darle al gobierno estadounidense la autoridad de regular la industria nacional durante el conflicto, de acuerdo con  el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en un reporte publicado en marzo sobre la historia y los usos recientes de la ley.

No se trata de expropiar, sino de reorientar los recursos industriales de una nación, cosa que por cierto no se ha cumplido en ninguno de los planes de la patria aprobados en el pasado.

Parece ser que después del covid-19 viene el verdadero castigo al pueblo venezolano bajo el manto de la destrucción económica, que puede causar una pobreza mucho mayor a la actual y crear las condiciones para una hambruna de proporciones subsaharianas.

 

 


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