Hace pocos días el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica “Andrés Bello” informó a la prensa que Venezuela enfrenta ahora uno de los comienzos de año lectivo “más difíciles” de los tiempos recientes. Además de los problemas derivados del estado de la infraestructura (destruida en buena parte) y de las reclamaciones salariales de los docentes (que reciben sueldos indignantes), se ha agravado la exclusión de las aulas de los niños y adolescentes: más de 4 millones en edad escolar (o sea, uno de cada tres) no asisten a clases. Parecen condenados a vivir en la ignorancia.
Desde hace tiempo, el régimen imperante en Venezuela no publica cifras ni informes referidos a la educación en el país. Debe advertirse que tampoco lo hace en materia de salud: una ministra que se atrevió a ofrecer algunos en 2017 sobre mortalidad materna e infantil fue inmediatamente destituida. Desde esa misma fecha no se dan a conocer los resúmenes de las “memorias” que los ministros debían presentar anualmente. Desde 2015 no se divulgan los “boletines” de la Oficina de planificación del sector universitario. Los números “oficiales” que se manejan son los ofrecidos ocasionalmente por algún funcionario de aquellos despachos, que a veces sorprenden con un anuncio inesperado y disparatado. Contrasta esta actitud con la tradición de los gobiernos anteriores. Desde la reconstitución de la República mostraron preocupación por conocer la realidad del país y por tener estadísticas que reflejaran sus distintas actividades. Las primeras, muy completas, datan de 1831.
A los actuales mandones les interesa ocultar las cifras porque revelan la magnitud del fracaso (y asimismo la desviación de los recursos del estado a su patrimonio particular). No obstante, algunos interesados en la evolución de los problemas de la educación en Venezuela han realizado una labor de investigación permanente para, a pesar de la censura, mostrar los hechos y denunciar la realidad, números en mano. En tal sentido, merecen reconocimiento especial los trabajos (coordinados por el profesor Luis Bravo) del centro de investigaciones de la Escuela de Educación de la UCV que elabora y publica la “memoria educativa venezolana” (inicialmente, en 2004, sólo una base de datos y luego también una relación de eventos). Gracias a ese esfuerzo, podemos seguir las desventuras del sector desde 1999, sin alivio de un día hasta hoy. En esta nota se utiliza principalmente la información que ha proporcionado a través de la red.
Desde comienzos del siglo XX se comprendió la necesidad de establecer un verdadero sistema educativo para formar las nuevas generaciones. Los buenos propósitos expresados en decretos oficiales (como el de 1870) no habían pasado del papel. Pero, aunque el ministro Samuel Darío Maldonado lo advirtió en 1909, pasaron años antes de que se tomaran acciones efectivas. Por eso, al morir J. V. Gómez (1935) sólo 149.143 niños (1 de cada 4) asistían a las escuelas primarias y 2.594 jóvenes a las secundarias. En las décadas siguientes se hizo un enorme esfuerzo para superar el atraso y preparar la población para las tareas del desarrollo. Al establecerse la democracia se abrieron las aulas a todos. Desde entonces, el crecimiento de las cifras fue impresionante: para 1999, eran atendidos 882.468 infantes en maternales, 4.299.671 niños en primaria, 400.794 jóvenes en secundaria y 650.194 adultos en otras modalidades. Las universidades tenían 785.285 alumnos.
Desde mediados de los años ochenta se hizo evidente que el sistema educativo mostraba fallas importantes. A pesar de los avances logrados (se había abierto miles de escuelas y construido modernas instalaciones) no todos los niños tenían las mismas oportunidades. Además, el aprovechamiento de los alumnos no era satisfactorio. La escuela no preparaba para la vida en una sociedad desarrollada. Se observaban grandes contrastes entre los distintos niveles (básico, medio, superior) del proceso. Una Comisión Presidencial (de maestros notables) analizó la situación y propuso un programa para una reforma integral. Proyectos del mayor interés (unos de carácter regional, otros animados por el gobierno central) se pusieron en marcha. Pero, además, se impulsaron las actividades culturales, se inició la organización de las orquestas juveniles e infantiles y se puso en marcha un ambicioso plan de becas que permitió a 13.074 venezolanos seguir estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo.
Aunque el nuevo régimen anunció la continuidad de algunos programas de reforma, muy pronto optó – con la asesoría del gobierno cubano – por crear sistemas paralelos o “informales” y, en principio, temporales. Se les llamó, como si cumplieran operaciones militares, “misiones”; y para ponerlos en marcha decidió la contratación de personal de la isla (no siempre capacitado). Aparecieron entonces la misión Robinson (para la alfabetización), la misión Robinson II (estudios de primaria), la misión Ribas (estudios de secundaria) y la misión Sucre (para el acceso a la educación universitaria). Al mismo tiempo, y sin cumplirse la normativa existente, en 2003 se estableció la “universidad bolivariana de Venezuela”; y en 2009 las “universidades experimentales politécnicas territoriales” (sobre los antiguos institutos tecnológicos o colegios universitarios). Así, poco a poco se desarticuló el sistema educativo que permitió a millones de venezolanos estudiar y prepararse bien para servir al país en todas las áreas.
Cuando las universidades autónomas enfrentaron al régimen por su deriva antidemocrática, el chavismo – a través de sentencias o resoluciones contrarias a la constitución – les arrebató la autonomía (normativa de la elección de sus autoridades, manejo de los recursos). A partir de 2008, se congeló el monto de las asignaciones presupuestarias, lo que se tradujo, dada la inflación, en una rebaja sustancial de las mismas. Más tarde un despacho oficial se atribuyó la fijación de los sueldos del personal. Estos son ahora simbólicos. El de un profesor universitario titular, a dedicación exclusiva, se estableció en febrero pasado en Bs.522 (o $21,43). En diciembre de 1935 el de un maestro no graduado era de Bs.120 (o $40, de los de aquella época!) y el del director del liceo “Andrés Bello”, el mayor del país, de Bs.629 (o $206, una fortuna!). Increíble: el “benemérito” pagaba mejor a los maestros que los caudillos “bolivarianos”.
Las acciones del régimen establecido en 1999 en contra del sistema educativo, resultado del esfuerzo colectivo de varias generaciones de venezolanos, parecieran reflejar profundo odio –¿por temor?– a la tarea formadora y liberadora de la escuela (y del maestro que la cumple). Muchos planteles han desaparecido y en muchos otros se han cerrado aulas. No funcionan los programas que complementaban la labor docente (algunos de notable contenido social). La infraestructura –que la gente exhibía con orgullo– ha sufrido grave deterioro y en algunos casos destrucción total. Y, por supuesto, no se han construido nuevas instalaciones (a pesar de muchos anuncios al respecto). No se ha emprendido en este cuarto de siglo de cuantiosos ingresos ningún proyecto de envergadura como los de las edificaciones escolares de los años cuarenta, los campus de las universidades nacionales, los ciclos básicos y diversificados en las urbanizaciones populares o las escuelas integrales del estado Mérida.
Pero, aún más grave es el daño causado a millones de niños y adolescentes. El nivel de su formación es muy deficiente. Según un método de evaluación ideado en la UCAB la nota promedio de los alumnos fue de 9,4 puntos (sobre 20) en 2021 y de 8,4 puntos en 2022. Desde hace años, en muchos liceos –no sólo de áreas rurales o barriadas populares– no se dictan clases de ciencias básicas (matemáticas, física, química o biología) por falta de profesores. En casi ningún plantel, se cumple la programación fijada. Por otra parte, debido a la situación económica, millones de alumnos no se han incorporado a las aulas o han desertado. Según la serie elaborada en la Escuela de Educación – UCV el número total de alumnos en educación básica (inicial, primaria y media) cayó de 10.051.375 en 2012-13 a 7.867.503 en 2019-20. Al parecer sería ahora de 6 millones.
En las sociedades contemporáneas, la educación constituye tarea de primera importancia. Da fundamento sólido a la existencia de la nación (entidad esencialmente cultural) y garantiza la formación de los recursos humanos que se requieren para el desarrollo. Antiguamente, se confiaba a la familia o instituciones religiosas o privadas. La complejidad de los tiempos hizo necesario que el estado interviniera: ahora regula la actividad y participa en su realización a través de la escuela pública, instrumento fundamental en la vida de los países más avanzados. No sucede así en Venezuela, donde el régimen no aprecia el trabajo de maestros o escuelas.
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