La corrupción tiene un impacto evidente en la calidad de las democracias y en el desarrollo de los países de América Latina. Sin embargo, todavía queda mucho análisis por hacer en lo que se refiere a qué aspectos concretos repercuten en las diferentes dimensiones de la calidad de la democracia. Específicamente, el efecto sobre la opinión pública es notable en los casos de corrupción en los que se ven afectados políticos de primer rango o en los casos que constituyen tramas en las que están implicados políticos, diputados o partidos. La percepción de los ciudadanos acerca de la generalización de las prácticas corruptas entre la clase política desemboca en una desconfianza en el sistema en general y en las élites políticas en particular. Esto es especialmente evidente cuando los casos afectan a ex presidentes, diputados o a políticos en general.

El párrafo anterior es una de las conclusiones (transcrita aquí textualmente) del trabajo de Marisa Ramos Rollón y Francisco Álvarez García (noviembre 2019) titulado «El control de la corrupción en América Latina: agenda política, judicialización e internacionalización de la lucha contra la corrupción», mismo que usted, amigo lector, puede ubicar fácilmente en Internet con el buscador de su preferencia.

Tal como sabemos, la semana pasada fue publicado el Índice de Percepción de Corrupción 2020 que se refiere al año 2019. El informe cobra especial relevancia por los hechos que desde inicios de diciembre conocemos relacionados con un grupo de diputados a la Asamblea Nacional.

Y es que por segundo año consecutivo la organización no gubernamental Transparencia Internacional vuelve a colocar a la política sin integridad como sustrato nutritivo sobre el que crece la corrupción. En su informe sobre el año 2018, la  directora general de Transparencia Internacional, Patricia Moreira, señalaba: «La corrupción destruye la democracia para producir un círculo vicioso, donde la corrupción socava las instituciones democráticas y, a su vez, las instituciones débiles son menos capaces de controlar la corrupción» (p.1, informe ejecutivo 2018).

También, Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, señaló en tal informe: “Nuestra investigación establece un vínculo claro entre tener una democracia saludable y combatir con éxito la corrupción en el sector público. La corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos no democráticos y populistas capturan las instituciones democráticas y las utilizan en su beneficio” (p.6, informe ejecutivo 2018).

En este informe correspondiente al año 2019, se resaltan dos puntos que tienen que ver con la relación entre política, dinero y corrupción. El primero establece que los flujos no regulados de grandes cantidades de dinero en política también hacen que las políticas públicas sean vulnerables a una influencia indebida. De hecho, los países con una aplicación más estricta de las regulaciones de financiamiento de campañas tienen niveles más bajos de corrupción, según lo medido por el Índice de Percepción de la Corrupción. El segundo punto versa sobre la inclusión política y establece que los países con procesos de consulta más amplios y abiertos obtienen una puntuación que duplica aquellos donde hay poca o ninguna consulta. Las puntuaciones del IPC van desde una escala de 0 (totalmente opaco, es decir, altamente corrupto) hasta 100 (transparente, sin corrupción).

En esta oportunidad, Venezuela obtuvo una puntuación de 16 (versus 18 para el año pasado) y ocupó la posición 173 de 180 (versus 168 el año pasado). Para que el lector tenga una idea del tránsito de Venezuela hacia el primer lugar en corrupción puedo señalar, según las cifras del informe ejecutivo recién publicado, que los 9 primeros países de la lista (Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo) tienen una puntuación que promedia 84, mientras que los 9 últimos de la lista, entre los que se encuentra nuestro país (Corea del Norte, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudán, Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia), tienen una puntuación que promedia 14. Somalia, por su parte, obtuvo la puntuación de 9, la más baja, y ocupó la posición 180. En palabras más llanas y según el IPC: Somalia es el país más corrupto del mundo.

Hacia allá nos dirigimos.