Fue el 20 de julio de 2006, en plena negociación de Zapatero con ETA, cuando se nos pretendía hacer creer que los etarras estaban arrepentidos, que su «alto el fuego» era definitivo, que habían dejado de matar y extorsionar, el Ministro de Interior aseguraba que no había evidencia alguna de cartas de extorsión a empresarios, … y por todo esto el gobierno buscaba –con unos cuantos jueces indignos, que desprestigiaron a la Instituciones a las que representaban– que los allegados a ETA tuvieran unas siglas a las que poder votar, porque de no ser así, se les discriminaba.
En este contexto, el Foro Ermua convocó en Pamplona una rueda de prensa a la que asistieron innumerables periodistas, en la que se hizo público el Manifiesto de empresarios vascos y navarros «CON MI DINERO, NO!», en el que se leía: … «ejerciendo la libertad que se nos niega (…) nos negamos, en público y en privado, a que con nuestro dinero se financie el terrorismo y se rearme ETA. Es decir, nos negamos a pagar ese mal llamado “impuesto revolucionario” durante la mal llamada “tregua o alto el fuego” (…) Lo realmente revolucionario en el País Vasco y Navarra (…) es la resistencia democrática al chantaje habitual de los extorsionadores del independentismo totalitario». A continuación, se mostraron algunas de las cartas de ETA recibidas y remitidas al Ministerio de Interior. Para más evidencia, ese mismo día el Diario de Navarra había publicado una de esas «negadas» cartas de la banda a un empresario navarro. «En nuestras manos –continuaba el manifiesto– está negarnos pero en manos del Gobierno está la obligación de hacerles frente con todos los resortes del Estado de Derecho y con todos los altavoces mediáticos». Huelga recordar cómo el gobierno traicionó esa gallarda reacción ciudadana de un sector durante décadas desprotegido.
Después de este desahogo de la memoria de nuestra historia reciente, debo centrarme en el tema que hoy nos ocupa. Por una de esas curiosas asociaciones de ideas y ocupados y abrumados con las Declaraciones de la Renta, que nos exigen desembolsos abusivos a todas luces, mientras no dejan de conocerse gastos excesivos por parte del gobierno y de sus colaboradores fue inevitable que saltara, espontánea y reiteradamente, desde el hipotálamo: ¡Con mi dinero, NO!
Nos limitaremos a enumerar unos cuantos ejemplos, de todos conocidos y no por ello menos expresivos, del despilfarro que sufrimos a la vez que es espoleada hasta la ruina la –hasta ahora– sólida y amplia clase media española:
Que el presidente del gobierno utilice para sus actividades lúdicas el avión oficial destinado al gobierno y a la jefatura del Estado, no parece un empleo sobrio del Dassault Falcon 900.
En un Estado en extremo hipertrófico –con 17 gobiernos autonómicos y 2 ciudades con estatuto de autonomía, 41 diputaciones y 8.131 ayuntamientos– con el gasto público más elevado de la UE y de toda nuestra historia democrática, Pedro Sánchez no repara en gastos y para las mil piruetas que exige el cese de los más destacados miembros de su gobierno –erosionado cumpliendo sus propias órdenes– despilfarra en asesores la friolera de 48,3 millones en 9 meses, lo que supone un incremento de 115% tras los ceses para su «lavado de imagen».
Es más, se empeña en tener 22 ministerios, la mitad de los cuales duplican competencias y se dedican al más explícito y burdo adoctrinamiento. Mientras, Alemania mantiene sus 14 ministerios teniendo 45,8 millones de habitantes más que España (83,24 vs 47,43).
Los «menores no acompañados» reciben una paga mensual entre 400-700 euros, mientras honorables ciudadanos, que llevan toda la vida cotizando, reciben una pensión de 750 euros. Por su parte, el Parlamento catalán aprueba por unanimidad que la paga de estos menores sea de 664 euros/mes y que se prolongue hasta los 23 años. No olvidemos que la deuda de Cataluña, que asumiremos todos, se ha casi cuadruplicado en los últimos 10 años (de 20.825 a 78.732 millones de euros).
El Ministerio de Igualdad adjudica 600.000 euros para posgrados y actividades acerca de la nueva versión de la «ideología de género» que –por cierto– indigna a las asociaciones feministas. Además, este ministerio duplica su gasto de personal.
Adolescentes de 16 años pueden acceder a los traumáticos y caros tratamientos de cambio de sexo (hormonales y quirúrgicos), sin el conocimiento de sus padres. El Hospital de Cruces de Bilbao asumirá estas intervenciones supliendo a su vecina Cantabria, en esto no hay fronteras autonómicas.
Son sólo «botones de muestra» expresivos de la demencial gestión económica, sin mencionar el reparto de los fondos SEPI de la UE con la adjudicación de 53 millones a la Aerolínea Plus Ultra, con un solo avión, en estado de quiebra desde 2019 y con la mitad de accionistas colaboradores del régimen de Maduro, que ha supuesto un verdadero agravio para las Pymes y autónomos españoles con verdaderos apuros tras los años de pandemia.
Con una deuda pública que alcanza la cifra récord de 1,184 billones de euros, el gobierno continúa derrochando porque el «dinero público –a su juicio– no es de nadie», mientras el contribuyente literalmente se arruina para pagar a Hacienda, que pretende recaudar lo inasumible: ¡CON NUESTRO DINERO NO, presidente!
Inma Castilla de Cortázar Larrea es catedrático de Fisiología Médica, vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). Hasta 2008 fue vicepresidenta primera de Organización del Foro Ermua y desde entonces presidenta
Artículo publicado en el diario español La Razón