Sobran los eufemismos y triquiñuelas, subterfugios y emboscadas, ardides y excusas, como método y tarea sustancial de gobierno. Suelen contar con una eficacia solamente comprensible al tratarse de sofisticados laboratorios políticos que los idean y materializan reforzando la ingenuidad de sus víctimas, aun las que tienen por oficio los asuntos públicos, e intentan el desarrollo de una oposición confiable y, además, estratégica.
Hay sectores de opinión alarmados porque la participación del estudiantado de secundaria tenga rango legal, intentando una polémica que tampoco conseguirá solución de continuidad en el medio forense, tan lejos del Estado Constitucional del que expresa o tácitamente presumen. Convencidos de su legitimidad, tampoco cuestionan la instancia que sancionó o dijo sancionar el instrumento, pero despachan en las redes digitales los más sesudos comentarios, incluso, indicando que en parte alguna de la ley está contemplado hacer de los bachilleres, o de los que les falte poco para titularse, profesores de los más noveles cursantes.
De modo que los expertos telegrafistas electrónicos, se dan a la tarea de desenmascarar a los mal pensantes y peores intencionados que dudan del noble y loable propósito de convertir a los estudiantes en cabales defensores del proceso educativo, tendiendo un puente de comprensión de la oposición con el gobierno, no faltaba más, convincentemente democrático y harto participativo. Por más de veinte años padeciéndolo, tampoco alcanzan a comprender la técnica legislativa del régimen socialista y los modos de interpretación que lo caracteriza.
Las normas en cuestión constituyen una absoluta novedad para la mayoría de los que están forzados a aprobarla, no resultando de una discusión libre, espontánea y abiertamente macerada por un tiempo prudencial, en los ámbitos que les atañe directamente y, menos, en la opinión pública. Sobran los ejemplos, pero convengamos que los más consumados se vieron en la farsa constituyente de 2017 que despachó sendas y sobrevenidas leyes denominadas constitucionales de las que se tuvo apenas noticia a última hora, en materia militar, fiscal, presupuestaria, etc.; sumemos la táctica de filtrar en los medios de opinión una normativa contra el odio, ponderando su impacto, hasta aparecer con los rituales correspondientes en la cámara para su festejada aprobación.
Comprobado igualmente con el repertorio de leyes francamente inconstitucionales impuestas después de fracasar la consabida reforma constitucional de 2007, el modelo es el de siempre: neciamente reiterativas al enunciar derechos y garantías ya establecidos en el todo el ordenamiento jurídico, abriendo una regulación lo más etérea posible sobre la materia que, suponemos, requeriría de especificidad, dejando, si fuere el caso, que en el futuro un juez –harto lógico, políticamente afín– decida. O, el camino más expedito, auspiciando la reglamentación del Ejecutivo que consagre la interpretación literal de la norma que pregone sus más exactos intereses, pues, un dato inadvertido, por esta vía, Nicolás Maduro podría cambiar hasta la letra del Himno Nacional si fuese de su antojo.
Mal nos entretendríamos con la ley en cuestión, profundizando en sus aspectos formales, avalada una jugada de laboratorio para la coyuntura tan pintada de protestas por doquier, en lugar de evidenciar el claro propósito político de comunalizar a los niños y adolescentes, con la excusa de la participación, como no lo permitiría la Lopna, así como la jurisprudencia y las prácticas administrativas que ha generado, cuyas alteraciones acarrean un determinado costo político. Cuales pioneros de la Cuba sojuzgada, inequívocamente reglamentada la llamada Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, facilitaría la continuidad ideológica y partidista del régimen, abonando al culto de la personalidad con total franqueza, y, asimismo, al empleo de una mano de obra buena, bonita y barata que se alza como el objetivo estelar de todo voluntarismo socialista que se respete, aunque estamos de regreso de la enorme estafa: a modo de ilustración, todas las paredes estallaban en 2013 con la intensa propaganda de los beneficios del régimen que hizo a los nuevos venezolanos más altos y vigorosos, camino a un 2014 de masivas, espontáneas y pacíficas protestas.
Dizque en defensa de los derechos a la educación que los propios socialistas conculcan, nada impediría el entrenamiento y la movilización premilitar de los más jóvenes, cuya faena la completarían como brigadistas y combatientes en la universidad, o sus equivalentes; y tampoco habría obstáculo para que impartieran clases, ahorrándose el Estado la satisfacción de los derechos sociales y económicos del profesorado. Luego, el asunto no es tan intrascendente, como deducimos de las variaciones idiomáticas de los peritos del oportunismo, verbalizando la displicencia, comodidad y sorna.
@Luisbarragan