El incendio en el centro de detención migratoria en Ciudad Juárez es una llamada de atención para los mexicanos dentro y fuera de México.
Por décadas, hemos visto a nuestro país como nación expulsora de migrantes. Conocemos las historias de nuestros paisanos que se trasladan a Estados Unidos buscando una mejor vida. Todos los días, la Secretaría de Relaciones Exteriores proporciona servicios de documentación, protección consular y de otros temas a miles de paisanos a través de la red consular mexicana, principalmente.
De vez en cuando nos enteramos de alguna tragedia en la que un mexicano muere a manos de autoridades estadounidenses, sufre un accidente o es víctima de un escandaloso acto de discriminación. Por unos instantes el tema de la vulnerabilidad de los migrantes se vuelve parte de nuestra conversación, antes de regresar al desinterés cotidiano.
Por eso no sorprende que 39 extranjeros muertos en un incendio en un centro de detención migratoria no despierten un mayor interés social.
Habrá quien culpe a los afectados de lo ocurrido simplemente por haber migrado. Otros, responsabilizarán a todos los fallecidos de su propia muerte, como si los 39 hubieran iniciado el fuego. Sin embargo, hay indicios de que la tragedia pudo haberse impedido de haberse abierto una puerta. No se hizo.
Hemos normalizado tanto nuestra propia violencia que estos incidentes los vemos casi como anécdotas ajenas por tratarse de extranjeros, a pesar de también ocurrir en nuestro país.
Lo irónico es que cuando ojos extranjeros denuncian que a sus paisanos en México los queman vivos, los ejecutan o los secuestran, como hace unos días en Matamoros, lo que nos enoja es que señalen en otros países lo que ocurre en México, y no que estas cosas ocurran en nuestro país. ¿Será que nuestro patrioterismo es más fuerte que nuestro interés por analizar las condiciones en las que vivimos?
Por supuesto que el fenómeno migratorio es complejo. Si bien en casos como estos los responsables directos son aquellos funcionarios que dejan quemarse vivos a los migrantes, o los sujetos que los secuestran o ejecutan en la calle, también existe un nivel de responsabilidad general en aquellos personajes que por intereses políticos o por un activismo repleto de principios filosóficos sin contexto, alientan la migración irregular de las personas.
En algunos rincones políticos y sociales se habla con frecuencia de un derecho de todas las personas a migrar. Si bien este principio existe, también existen muchas limitaciones y acotaciones necesarias para ejercerlo. En todo caso, el “derecho a migrar” no se traduce como la facultad de toda persona a viajar desde México o Centroamérica a Estados Unidos para vivir o trabajar, y que ello implique la obligación de México y de Estados Unidos de permitir la entrada y otorgar todas las condiciones esperadas por el migrante. Los países siguen manteniendo su capacidad soberana para decidir a quién admiten y a quién no.
Es decir, desafortunadamente no existe un derecho inherente a toda persona para escoger en qué país quiere vivir y obligar a la nación de destino a recibirla. Sin embargo, cuando con permiso o no, un migrante ya se encuentra en territorio extranjero, existe la obligación de las autoridades de ese país de proteger los derechos humanos que sí tiene.
Vamos, existe la facultad de las autoridades del país de llegada para privarlos de su libertad, e incluso, determinar si son retornados a su lugar de origen, a pesar del “derecho a migrar”. Pero, es definitivamente injustificable dejarlos quemarse vivos o permitir su ejecución en la calle.
El caso de Ciudad Juárez ameritó la solicitud de investigación por parte de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, y probablemente, derive en otro proceso ante una corte internacional en el que México, nuevamente, sea encontrado responsable por haber actuado de manera negligente.
La única ventaja de la demanda que viene, es que se siga construyendo a través de esos organismos internacionales, que en México nos caen mal, el mecanismo para establecer una responsabilidad civil y financiera a distintas instancias del gobierno mexicano que incumplan su deber de procurar y proteger a las personas bajo su responsabilidad, ya sean mexicanos o extranjeros.
Artículo publicado en La Silla Rota