El eje del mal contra las democracias es propiciado por el fidelismo cubano, tiene su expresión política en el Foro de Sao Paulo, y su actualización a través del Grupo de Puebla, dirigidos por: Zapatero, Monedero, Iglesias, Samper, Lula, Dietrich, Castro, López, Ramonet y otros personajes que se dicen intelectuales de izquierda, que actúan disimulados con el mote de progresistas. Ellos han diseñado la estrategia para desestabilizar a las democracias del continente mediante la organización y financiamiento de redes creando células de grupos extremistas en cada país, justificando el discurso con muletillas útiles para la violencia y potenciar los temas del racismo, pobreza, fascismo y capitalismo. Arremeten contra gobiernos y la propiedad privada con el verdadero objetivo de apropiarse de gobiernos, del sistema empresarial particular, regional y global e imponer un “Estado Oscuro”, similar a las dictaduras comunistas cubanas y venezolanas.

Como parte de esa estrategia, el componente electoral con metodología fraudulenta es usada para apoderarse de las instituciones públicas y dar apariencia de legitimidad democrática, cuya práctica exitosa ha sido desplegada nuevamente y con el mismo cuento de siempre, esta vez, basada en patrocinar en Venezuela las elecciones parlamentarias que de una forma u otra contribuyan a mantener al régimen, ganando tiempo para mantenerse en el poder haciendo abstracción de su enorme debilitamiento y fatal caída.

Organizaciones partidistas de nuevo cuño, dirigidas por individuos que fueron militantes de partidos democráticos, se alzaron y fundaron tienda aparte, para dar soporte a una pretendida diversificación política en una operación que tiene todos los visos de ser ilícita, y de complicidad con la corrupción, sin importar, el desastroso efecto en la población venezolana, sometida a la crueldad y humillación, incluyendo la presión social y al éxodo, signado por el riesgo e incertidumbre.

Se ha concretado el apoderamiento de los viejos partidos tradicionales, mediante fórmulas ilegales interviniéndolos ilícitamente, designando directivas asociadas al régimen con la intención de obligar a la participación en las elecciones parlamentarias usando eslóganes y símbolos robados, con miembros de la oposición que se rasgaban las vestiduras contra el régimen, que fueron identificados como colaboracionistas y cohabitantes, y finalmente, después de ser expuestos a la opinión, mostraron su feroz dentadura y cómplices van a participar en las elecciones, y contribuir a fortalecer al régimen en aparente de legitimidad democrática.

El llamado gobierno de emergencia no aparece por ninguna parte, el presidente encargado no decide, está sujeto a sus propias indefiniciones en temas que no contribuyen a cumplir los compromisos adquiridos con el colectivo y mucho menos dentro del marco diplomático de los países que han tomado partido, declarando sin efectos prácticos al régimen, no solo usurpador del poder, sino narcotraficante y promotor del crimen organizado. Dentro de la Asamblea Nacional deshojan la margarita, mientras la población sufre de mengua y desea fervorosamente un cambio

La sociedad civil enfrenta a este proyecto comunista con una base frágil mediante un enfoque legalista, especialmente constitucionalista, con una organización civil tímida, sustentada en las redes sociales, en búsqueda de la dirigencia adecuada. Esa manera de abordar el tema hace inútil la protección al individuo de los atropellos de un Estado dictatorial y mucho menos su desplazamiento, usando las armas del comprometido diálogo, negociación, solicitud de intervención militar para que otros hagan el trabajo que no estamos haciendo, esperando que decidan y esgrimiendo los elementos democráticos de la legalidad, defensa de la separación de poderes, y de la libertad; factores poco efectivos contra el accionar violento socialista y de sus socios internacionales que sacan provecho en sus planes de dominación y aprovechamiento de los recursos del país. Ellos, estimulan la represión, limitan y producen a conciencia la desestabilización social y económica usando sin discriminación la fuerza militar y paramilitar para mantener el poder.

La sociedad democrática echa mano al trajinado concepto de la paz y de la negociación, que en la práctica se traduce en favorecer y mantener articulación con el régimen y aceptar directa o indirectamente la celebración de las elecciones parlamentarias, para lo cual se ha prestado el descalificado e ilegal Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por conocidos oportunistas, aprovechadores, sin formación adecuada, experiencia ni calificaciones académicas para ser magistrados, y han tenido el descaro de convertir a alguno de sus miembros como rectores del CNE y a otros individuos que han traficado en el submundo de la traición partidista cuyos integrantes han sido igualmente cuestionados y rechazados por la opinión pública, no solo por sus antecedentes, sino por ser fichas del socialismo corrompido.

Ese ilícito Tribunal, simplemente, ignoró constitucionalmente los procedimientos preestablecidos en la Asamblea Nacional que regula la elección de los rectores. Los nombramientos realizados constituyen la mayor usurpación de la voluntad popular con un propósito, asegurar curules para continuar en lo mismo, terminar de acabar con la separación de poderes y la tarea oculta de preservar el modelo político del régimen, el aprovechamiento de los recursos y de mantener las posiciones de los comprometidos de corta o larga estancia, sin excluir al chavismo que llaman originario, los cuales tienen su cuota de responsabilidad, que es tan grande como una catedral.

Celebrar elecciones como las planeadas, dirigidas por un consejo de usurpadores, designados por ese Tribunal Ilegítimo han violado una vez más la Constitución, no dan garantías de ningún tipo, donde la intensión fundamental, es la de preservar el poder dictatorial que tenemos. Esta orientación ya toma fuerza y como pote de humo nos induce a opinar y plantear la vieja conseja, ¿votamos o no votamos? Claro está, no vamos a votar, hacerlo es legitimar al régimen, preservar como diputados a algunos de los viejos dirigentes en su eterna vigilia en el Parlamento, y prolongar un sistema odioso y antidemocrático.

Hagamos memoria, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado por la Asamblea Nacional en julio del año 2017 –por cierto, los han dejado al garete en el exilio– ha tenido reconocimiento internacional, apoyados popularmente y han sentenciado la ilegitimidad del presidente fraudulentamente elegido. Un tribunal que sentenció penalmente al usurpador, incluyendo su reclusión y el pago del producto de sus fechorías, que prohibió la votación manual, que sentenció el enjuiciamiento a los rectores del CNE y su estructura regional, que desconoce a las írritas asamblea nacional constituyente y Asamblea Nacional paralela, que aprobó como un deber constitucional relevar al régimen y apoyar al uso de una coalición militar en misión de paz para Venezuela; son decisiones que deben ser apoyadas por todo venezolano, y oponerse abiertamente a unas elecciones parlamentarias totalmente ilegales y anticonstitucionales.

Que no vengan los individuos agrupados o no en partidos políticos a justificar unas elecciones ilegales usando argumentos inútiles, tal como el ya anunciado de que se puedan hacer elecciones con vigilancia internacional y requisitos mínimos, agregando que la población masivamente derrotará al régimen. Nada más lejos de la verdad, primero los votantes no están dispuestos a esta nueva humillación electoral con más de lo mismo, y menos aún, usar ese argumento de la tal vigilancia.

Tenemos experiencia con esos organismos, son turistas electorales, no poseen ni los dejan desplegar elementos técnico-metodológicos formales, es decir, son extras en la comparsa. Mientras tanto, el régimen no cumplirá con dichas condiciones, dispondrá de su poder omnímodo, control militar, rectores militantes de su causa, sistemas informáticos propiedad de la mafia, comunicaciones intervenidas, y de un sistema de identificación y registro en manos directamente cubanas. –Es una vergüenza que miembros del terrorismo islámico internacional anden por medio mundo con identificaciones y pasaportes venezolanos otorgados bajo dirección cubana, y una gran parte del migrante criollo tiene su pasaporte vencido, negándosele la renovación, y anda por el globo como inmigrante, paria e ilegal–.

¿Cómo se puede ir a unas elecciones parlamentarias si se tiene un registro electoral invalido, sentenciado legalmente como tal, donde millones de cédulas de identidad son falsas, cientos de mesas electorales no se saben dónde están y que suman más de 2 millones de electores? ¿Cómo hacerlo con un sistema informático cuyos propietarios están asociados al Estado Oscuro y que incluso desvergonzadamente confesaron que habían falsificado millones de votos en la elección pasada?

En resumen, ¿cómo ir a unas elecciones parlamentarias fraudulentas de origen, con partidos creados dentro de los intereses del régimen, integrados con personajes traidores a la patria, con millones de electores en el exterior que no pueden votar ante la imposibilidad de actualizar su registro? ¿Con unos circuitos donde sobran electores virtuales, perfectamente controlados y con una fuerza armada dispuesta a todo para no ser sacados del poder y ser entregados a las autoridades por terroristas? ¿Hasta cuándo seguimos en lo mismo por la falta de voluntad de rebelarse, luchar por su libertad y apoyarse en la ayuda militar humanitaria?


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