Los borradores recientes del tratado pandémico global han sido ampliamente criticados por considerárselos “vergonzosos e injustos”. Cuando se abrió la última ronda de negociaciones el 18 de marzo, era evidente que se estaba ignorando una lección esencial de la pandemia del COVID-19: la salud pública y la salud de la economía son independientes.
Para lograr ambas es necesario reescribir las reglas de cómo se valoran, se producen y se distribuyen la salud y el bienestar -y cómo se gobiernan las economías-. El éxito del tratado dependerá de la voluntad de los estados miembro de incluir el capital en sus términos. Y eso, a su vez, exigirá un nuevo paradigma económico. Si el tratado se restringe progresivamente para que sea lo menos inofensivo posible, fracasará.
El Consejo sobre los Aspectos Económicos de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, el cual presido, ya ha emitido recomendaciones para cómo proceder. Por empezar, los negociadores de todos los países deben mantenerse enfocados en el objetivo general de impedir que las futuras amenazas sanitarias se vuelvan catastróficas. Eso implica diseñar los términos del tratado -inclusive aquellos relacionados con la innovación, la propiedad intelectual (PI), la colaboración público-privada y el financiamiento- para que estén orientados a la misión. El capital debe ser la principal prioridad porque, en definitiva, todos los individuos -y todas las economías- sufren en una pandemia si las pruebas, las vacunas y la terapéutica que salva vidas no están a disposición de todos.
Asimismo, la manera en que se administra la innovación y el conocimiento es tan esencial como la innovación misma. Los gobiernos tienen mecanismos potentes para determinar quién se beneficia de la innovación. Son financiadores importantes de todo, desde la investigación y el desarrollo en sus primeras etapas hasta el desarrollo y la fabricación de productos. Las vacunas ARNm contra el COVID-19, por ejemplo, se vieron beneficiadas por una inversión pública en Estados Unidos de alrededor de 31.900 millones de dólares. Condiciones más sólidas para el acceso del sector privado al financiamiento público ayudarían a garantizar un acceso equitativo y accesible a los productos resultantes, al mismo tiempo que facilitarían el intercambio y la reinversión de las ganancias en actividades productivas (como I&D) y no en actividades improductivas (como las recompras de los accionistas).
En cada caso, el punto es establecer una relación mas simbiótica con el sector privado -basada en objetivos compartidos, y en riesgos y recompensas compartidos-. Como pudimos ver con la propagación repetida de nuevas variantes del COVID-19, una vacuna a la que solo puedan acceder algunos no frenará una pandemia. Cualquier tratado pandémico, sin lugar a dudas, debería tener en cuenta este cambio y evitar cláusulas destinadas a favorecer intereses privados en busca de renta.
Una parte clave de conseguir una colaboración público-privada correcta es establecer una estrategia para la gobernanza del conocimiento y los derechos de PI que sirva al bien común, en lugar de proteger las ganancias de los monopolios. Esta cuestión se ha convertido en un punto álgido importante en las negociaciones del tratado. A los países de más bajos ingresos se les está pidiendo que compartan los datos de patógenos (que ayudan en el desarrollo de nuevas pruebas, vacunas y tratamientos) sin ninguna garantía de que vayan a tener acceso a los productos resultantes.
Si bien el borrador actual alude a la importancia de reglas de PI que no limiten la disponibilidad y el acceso, simplemente “fomenta”, pero no exige, medidas destinadas al intercambio de conocimiento y a limitar las regalías. Inclusive la terminología débil que le pide a los gobiernos que “consideren respaldar” exenciones de las patentes se ha convertido en un punto de desacuerdo.
Esto sugiere que una intención inapropiada de preservar las reglas de PI actuales está complicando las negociaciones. Para incentivar la innovación y brindar beneficios sociales ampliamente compartidos, las patentes deben ser más limitadas; deben fomentar la innovación continua productiva y la inteligencia colectiva, y deben estar acompañadas de compromisos de transferir el conocimiento y la tecnología requeridos para la producción.
Otro obstáculo para el éxito del tratado pandémico es que, actualmente, parece estar desvinculado de compromisos de financiamiento claros. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía global sufrió pérdidas de por lo menos 13,8 billones de dólares en tanto los confinamientos por el COVID-19 y las alteraciones de las cadenas de suministro llevaron al mundo a una recesión. Los gobiernos luego gastaron muchos billones de dólares más para responder a la crisis. Debería resultar obvio que, en términos de salud, prosperidad y justicia, es preferible escalar las inversiones en prevención que incurrir en los costos de una crisis que se sale de control. Como señaló el consejo de la OMS, “es más costo-efectivo prevenir que curar”.
La calidad del financiamiento es tan importante como su cantidad. Los países de más bajos ingresos necesitan un financiamiento de largo plazo para inversiones críticas en salud. El respaldo del tratado a la importancia del alivio de la deuda para liberar capacidad fiscal para la prevención, preparación y respuesta a pandemias es bienvenido, pero el lenguaje es preocupantemente evasivo. El financiamiento para la salud se debe entender como una inversión de largo plazo, y no como un costo que se puede reducir para beneficiar metas presupuestarias cortoplacistas. También es una responsabilidad que trasciende las fronteras nacionales.
Por último, como el alcance del tratado pandémico atraviesa ministerios y sectores gubernamentales, la salud no debería quedar exclusivamente en manos de los Ministerios de Salud. Las elecciones en materia de política económica (por ejemplo, relacionadas a los derechos de PI) influyen marcadamente en la salud, mientras que las decisiones gubernamentales impactan en los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud. Los gobiernos -a través de todos los ministerios- pueden y deben rediseñar la manera en que se gestiona la innovación, el modo en que los sectores público y privado se relacionan entre sí y cómo se estructuran las finanzas para moldear los mercados en beneficio de la salud humana y planetaria. El hecho de no priorizar la “salud para todos” tendrá ramificaciones de amplio alcance para la resiliencia y estabilidad de las economías en todo el mundo.
Mientras los estados miembro debaten sobre las diferentes cláusulas –eliminando referencias a la salud como un derecho humano y atenuando las restricciones de PI, los compromisos financieros y las estipulaciones de monitoreo-, no debería existir ninguna ambigüedad sobre la elección que enfrentan. Centrar el tratado en el objetivo de prevenir o minimizar las pandemias obligaría a los responsables de las políticas a verlo con claridad -y a abandonar las presunciones miopes que tienen una colaboración internacional y público-privada limitada-. En tanto los estados miembro se preparan para la Asamblea Mundial de la Salud en mayo, este imperativo debería estar bien presente.
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de UCL, es presidenta del Consejo sobre los Aspectos Económicos de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud.
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