Un tema que está en la agenda de una eventual transición es recuperar la inversión extranjera, componente financiero trascendental para levantar un país en ruinas, más si tomamos en cuenta que ya no somos un país petrolero estructuralmente hablando (sí, tenemos reservas, pero sin los medios y el dinero para extraerlo). Está considerado en el Plan País, como en los discursos de cualquier representante del gobierno del presidente (e) Juan Guaidó, también lo afirman aquellos opositores que han criticado la gestión de Guaidó, así como analistas económicos y políticos, se necesitará una gran apertura a la inversión extranjera (al margen de la ayuda del FMI u otros organismos multilaterales) para poner en movimiento a Venezuela.
Para que eso sea posible se requiere una serie de factores de índole diversa, algunos son muy obvios, pero otros, no tanto. En diversos foros y congresos, a los que he asistido en los últimos años en diversos países, he podido apreciar lo que el inversionista de países industrializados (al menos así se autodenominan ellos) espera de la jurisdicción receptora de una inversión. Me referiré en especial a la inversión en proyectos públicos.
- Seguridad jurídica
Todos aspiran a que exista seguridad jurídica, pero además suelen calificarla como “exigencia de seguridad jurídica altísima”, tal como mencionaron en un foro sobre infraestructuras para Latinoamérica celebrado en Madrid en el mes de octubre de este año. Para ellos esa seguridad jurídica supone el respeto del contrato por parte del ente público contratante, no se trata simplemente de que exista separación de poderes en el país receptor, ellos quieren que quien personifica al Estado respete lo que dice el contrato. El inversionista extranjero no quiere tener que acudir a tribunales (no se trata de que estos funcionen) o a arbitraje internacional, quiere que su inversión se desarrolle tranquilamente. Esto sin duda supone un cambio de mentalidad importante para el venezolano, pues implica hacer de la administración pública una figura responsable y no aquella que se vale de privilegios legales para no cumplir sus obligaciones, lo que representa seguramente la necesidad de revisar los textos que embadurnan de los mal llamados “poderes exorbitantes” a la administración.
2. Seguridad física
Con los italianos he discutido también el tema, para ellos la clave es la seguridad física, lo que en cierto modo va compaginado con lo anterior, pero en este caso nos referimos a que el inversionista extranjero no le gusta que lo asesinen, por mucha rentabilidad que su inversión pueda tener. Cada inversionista conforme a su cultura y su personalidad puede estar más o menos dispuesto a asumir riesgos al momento de elegir un lugar para invertir, pero cuando la integridad física bien de los inversores o del personal (les agrada que al menos la alta gerencia sea del país de origen) que han ubicado en el país receptor está en riesgo inminente, pues sencillamente se rompe el equilibrio entre costo-beneficio.
3. Predictibilidad
Posiblemente los puntos 1 y 2 son obvios, pero hay otras cosas que quizás nosotros, como tradicionales receptores de inversión, no sabemos que el extranjero aspira y una de ellas es la “predictibilidad”. Este término, utilizado por un representante de una empresa española con inversiones en Chile y Uruguay, refiere a que lo que buscan ellos como empresa de infraestructura es que el país receptor sea predictible, es decir, ellos quieren predecir lo que va a ocurrir con la inversión, ya que no solo se trata de dinero de la empresa sino a veces también se emplean otros fondos y los que tienen dinero en esos fondos desean incuestionablemente un retorno.
Me inclino a pensar que los inversionistas americanos son un poco más osados, al menos en lo que he podido discutir con ellos, invertir en Latinoamérica es interesante porque, según ellos, la utilidad tiende a ser mayor, pero insisten en que debe existir “confianza en el país”. Pareciera que se disponen a arriesgar más para poder obtener más, pero de nuevo volvemos a que hay un punto en el que la relación costo-beneficio se rompe y ello ocurre en jurisdicciones como Venezuela donde no existen ninguno de los elementos antes comentados.
Otros aspectos para tener en cuenta y que incomodan al extranjero es la lentitud en materia de financiamiento, en especial eso se aprecia cuando se trata de financiamientos públicos, ellos consideran que genera incertidumbre y afecta su rentabilidad, lo cual es lógico, si la inversión está asociada a una obra pública y esta excede el tiempo previsto, ello acarrea un costo adicional al inversionista.
De estas reuniones he podido concluir que los países mejor vistos por los europeos son: Chile (número 1 indiscutible), Uruguay, Colombia -diría que en ese orden- y, por lo visto, Perú se está metiendo en ese ranking. Lógicamente, los países latinoamericanos con mayor inversión son otros ya por temas históricos como de su propia capacidad y recursos (como México y Brasil), pero los que generan mayor confianza son los antes nombrados. Incluso en pequeños países de Centroamérica las empresas europeas están invirtiendo mucho en materia fronteriza.
Lo precedente debe ser considerado para la Venezuela del futuro. Si realmente aspiramos a que el extranjero se anime a invertir debemos cumplir con diversos parámetros, esto no se incentiva simplemente colocando cláusulas de arbitraje en los contratos, sino transformando la mentalidad de la administración pública venezolana, eliminar esa actitud irresponsable que siempre ha estado soportada por la legislación y alcahueteada por el Poder Judicial.
Basta de exagerados privilegios contractuales y prerrogativas procesales, si el Estado/contratante no es responsable ante la ley menos lo será ante el contratista y el inversionista.
@alejogallotti