Desde 2013, la actividad económica en el país viene en caída libre. En tan solo siete años, el producto interno bruto de Venezuela ha perdido cerca de 70% de su valor. Este colapso económico representa el mayor en la historia moderna de Occidente. Un colapso económico que, según el último reporte del Encovi, ha dejado a más de 95% del país en la pobreza y a 79% en la pobreza extrema, con ingresos que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.
Como si esto fuera poco, la crisis global del COVID-19 trajo consigo retos gigantescos para la economía venezolana. El virus paralizó no solo al país sino al mundo entero, condenando a las economías a experimentar una especie de coma inducido. Esto se ha dado sobre todo en países donde el virus pudo propagarse rápidamente, como son los del mediterráneo europeo. Pero naturalmente afectará con mayor fuerza a países de ingresos medios y bajos, como lo es toda América Latina. En líneas generales, se estima que los daños económicos globales del COVID-19 rondan los 7 billones de dólares. En el caso de Venezuela, entre el COVID-19 y el colapso ya en curso, el producto interno bruto del país se reducirá en 18% este año 2020.
Lo más preocupante de este asunto es que el coronavirus vino para quedarse. Pasará muchísimo tiempo antes de que la ciencia pueda curar o al menos mitigar los efectos del coronavirus en la salud de las personas. En especial los efectos devastadores que tiene el virus sobre personas de la tercera edad o con dificultades físicas producto de otras enfermedades, como el cáncer. Por ello, se deben ir profundizando y sistematizando diferentes medidas preventivas, como el uso del tapabocas o el mantener una separación prudencial dentro de locales comerciales. En este sentido, el reto en términos sanitarios es: o nos adaptamos o no vivimos.
Esto es imprescindible en el ámbito económico, pues una cuarentena indefinida no es viable en ningún país del mundo, mucho menos en Venezuela. De seguir esta cuarentena indefinida, ya sea rígida o flexible, el país no solo se enfrentará al coronavirus, tarde o temprano, sino que también lo hará al “coronahambre”, el cual podría terminar de caldear las aguas en Venezuela. Debido a ello, el gran reto que tenemos en 2020 es el repensar nuestra economía, adaptarla a los nuevos desafíos del momento y así salvarla del COVID-19.
La primera medida que se debería tomar es el abandono del famoso 7×7, que se basa en mantener 7 días de cuarentena rígida y 7 de cuarentena flexible. No es conveniente ni en términos económicos ni de salubridad. En materia económica, necesitamos normalizar la actividad del sector privado para no solo evitar el coronahambre, sino también para brindarles a millones de venezolanos la posibilidad de proteger su propia salud. De lo contrario, la falta de recursos económicos impedirá que tanto hogares como establecimientos comerciales aumenten sus estándares sanitarios, al inhibirlos de costear medidas preventivas como el termómetro digital o el aumento de personal encargado de mantener los altos estándares sanitarios.
El problema del 7×7 no es solo su poca factibilidad económica. Tampoco es eficiente en términos sanitarios. Todo lo contrario, estos últimos meses han demostrado que la reducción de la jornada laboral ha resultado en un aumento del aglomeramiento de personas. No solo en establecimientos comerciales, sino también en el transporte público. Esto es especialmente evidente en establecimientos comerciales relacionados con la venta de alimentos. Dado que el presupuesto no les permite comprar comida para largos periodos de tiempo, la mayoría de los venezolanos se ven obligados a hacerlo para uno o dos días cuando mucho.
En este sentido, el país debería abandonar el 7×7 de forma inmediata y remplazarlo por un sistema dual que esté basado en una apertura económica sistemática, acompañada de un aumento considerable de las medidas sanitarias. Es un cambio que puede hacerse efectivo de manera inmediata y sin necesidad de ningún gasto por parte de los entes gubernamentales, ya que el aumento de las medidas preventivas sería financiado por el sector privado que, a su vez, se vería beneficiado por el aumento de la actividad económica. Es decir, este nuevo sistema de “apertura responsable” sería un ganar-ganar para todos en Venezuela.
@jraissatijorge