El Estado sigue siendo indolente e indiferente ante un pueblo pacífico, tolerante y sufrido que se refugia en Dios para resistir.

El desprecio que ha mostrado hacia los médicos venezolanos y el sector salud en general al no incluirlos en el plan inicial de vacunación con las pocas dosis que llegaron al país es una conducta que debemos rechazar por discriminatoria e inhumana, que también dejó en el olvido a los más vulnerables.

¿Qué cifra de enfermos y de muertos por el covid-19 se necesitan para que reaccionen ​de una vez por todas y adquieran de manera inmediata las vacunas para salvar vidas y detener la cadena de contagios de este virus letal, que cada día crece de manera exponencial?

¿Qué más le toca sufrir a nuestro pueblo, que sigue soportando una crisis económica devastadora y debe salir todos los días a retar el virus para poder llevar a casa los pocos alimentos a sus hijos? Que no tiene cómo pagar un seguro médico ni un tratamiento contra el virus en un centro asistencial, porque las clínicas privadas, también colapsadas, están prohibidas para el pobre por los costos en miles de dólares y los hospitales públicos no cuentan con las herramientas sanitarias e insumos para brindar una atención adecuada.

Estamos en presencia de un Estado intoxicado de poder, alcaldías, gobernaciones, parlamentos regionales con presupuestos abultados, todos los poderes públicos y el poder sin límites de las FANB, a las que no les importa el bienestar del pueblo sino el de ellos exclusivamente. Es un Estado en permanente desacato de lo que establece el artículo 19 de la Constitución por no garantizar y hacer respetar los derechos humanos como el derecho a la vida y a la salud.

 


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