El territorio Esequibo que Venezuela le reclama a Guyana está plagado de piratas y traficantes que conforman redes criminales transnacionales. Los delincuentes aprovechan la ausencia estatal en una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados, de modo que el crimen organizado opera con absoluta impunidad. Se trata de una situación sumamente compleja, que no puede ser soslayada en la disputa territorial y debe ser afrontada con las herramientas que ofrece el Derecho Internacional.
El Geneva Centre For Security Policy estima que el negocio de los tráficos ilícitos, que mayoritariamente se realiza por vía marítima, mueve en su conjunto al menos 300 billones de dólares al año, lo que constituye la vigesimoprimera economía del mundo. Por su parte, el negocio de la criminalidad organizada representa un montante de 1,6 a 2,2 trillones de dólares anualmente, incluyendo los tráficos ilícitos de drogas, armas, personas, órganos, bienes culturales, animales salvajes, pesca, madera, minerales y petróleo.
La fachada atlántica en la Zona en Reclamación se extiende desde Punta de Playa, en Delta Amacuro, hasta la desembocadura del río Esequibo. En 291 kilómetros de costa, el crimen organizado ataca a embarcaciones con equipos de guerra, como fusiles AR15 y AK47 y también trafica drogas, materiales estratégicos y personas.
La American Security Project (ASP) ha advertido desde 2013 que en la Zona en Reclamación “los traficantes son atraídos por los puertos poco vigilados del país, pistas aéreas remotas, intrincada red fluvial, fronteras terrestres porosas y poca capacidad en el sector de seguridad por lo que los contrabandistas también atraviesan las fronteras terrestres con Brasil, Venezuela y Surinam. La cocaína a menudo se oculta en productos legítimos y se contrabandea por medio de barcos comerciales, transporte aéreo, mensajeros o servicios postales”.
Todo este entramado delictivo afecta a Venezuela, además de los efectos perniciosos que históricamente ha implicado el despojo territorial que actualmente está en manos de la Corte Internacional de Justicia.
Las consecuencias de los tráficos ilícitos transnacionales en dicha zona son diversas: atentan contra la seguridad y los intereses de la nación, el desarrollo, el comercio internacional, contribuye con la corrupción, el blanqueo de dinero, facilita la convergencia entre insurgentes y grupos criminales, las formas de esclavitud moderna y explotación de seres humanos, y al deterioro de la gobernanza.
Son tan graves las dimensiones de este tipo de criminalidad organizada en el mar que la Asamblea General de Naciones Unidas la ha calificado como “un problema global que amenaza la seguridad, la estabilidad y el Estado de Derecho, socava la prosperidad económica y el desarrollo sostenible, y pone en riesgo al medio ambiente”, además, a nivel regional y nacional, los instrumentos estratégicos la identifican como uno de los más graves riesgos para la seguridad nacional.
La seguridad marítima está amparada por una regulación jurídico-internacional aplicable a los tráficos ilícitos por mar a través de estructuras de criminalidad organizada. Es el resultado de la confluencia entre normas procedentes de dos disciplinas: el Derecho del Mar y el Derecho Internacional Penal.
El Derecho del Mar, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (pendiente de ser ratificado por Venezuela), establece una serie de normas relativas a la atribución de jurisdicción y de competencias en materia de policía en los distintos espacios marinos.
Por su parte, los instrumentos del Derecho Internacional Penal establecen obligaciones para los Estados Parte en cuanto a la criminalización y sanción de determinados tráficos ilícitos (como el de personas, inmigrantes, drogas o armas). Adicionalmente, incluyen criterios para el ejercicio de la jurisdicción por los Estados Parte y mecanismos para facilitar la cooperación internacional orientada al combate al crimen organizado transnacional.
Es especialmente útil la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus tres protocolos: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones). Se distinguen dos tipos de tráficos ilícitos: el de personas y el de armas.
En cuanto a la represión del narcotráfico hay que destacar la importancia de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establecen obligaciones jurídicas concretas para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y realizado por embarcaciones en alta mar.
Los Estados afectados por un alto nivel de corrupción política a nivel nacional, regional o local permiten a las pandillas y a los piratas operar con impunidad, ya que los organismos de control, tales como la policía y los órganos judiciales, fingen no ver los casos de perpetración de este crimen a cambio de sobornos.
Por otro lado, una institucionalidad frágil repercute negativamente en las fuerzas de orden y seguridad de los Estados, puesto que los funcionarios suelen estar muy mal pagados y proclives a la corrupción. No es exagerado afirmar que algunos cuerpos de seguridad forman parte de las redes del crimen organizado transnacional que operan en la Zona en Reclamación.
Los grupos de delincuencia organizada, incluyendo los piratas, en ocasiones cuentan con el apoyo del personal y la infraestructura portuaria necesaria para el desembarque de la carga de los barcos robados, el avituallamiento y la información de inteligencia para sus aventuras y delitos navales. Estos grupos delictivos solo pueden subsistir gracias a las conductas omisivas que tienen los organismos de control necesarios para reprimirlas, e incluso, estas entidades están muchas veces implicadas con dichas redes de apoyo.
A todo esto hay que sumarle el hecho de que la vigilancia de espacios marítimos para controlar del cumplimiento de la ley, por parte de los países que deben lidiar contra la piratería y la delincuencia organizada requiere de la adopción de costosas políticas públicas, puesto que estos deben hacerse cargo de patrullar áreas muy grandes que componen su mar territorial, dar un entrenamiento técnico y ético adecuado a su policía y a la guardia costera, adquirir modernas lanchas patrulleras con radares, construir estaciones navales de soporte logístico y una red de telecomunicaciones e inteligencia que funcione para monitorear el movimiento de los barcos dentro de sus aguas jurisdiccionales.
La amenaza de la piratería marítima sigue muy latente en diversas regiones del planeta. Esta suele emanar de países emergentes y se enquista sobre todo en aquellos en vías de desarrollo, que no cuentan con organismos de seguridad que actúen eficazmente y conforme a Derecho en el combate de este tipo de crímenes. En las fronteras de estos países prosperan organizaciones criminales transnacionales, pues no disponen de políticas públicas para garantizar la integridad territorial. Los riesgos y amenazas se extienden a otros países y solo se podrían mitigar a través de instalaciones portuarias adecuadas, organizaciones de seguridad eficaces y, especialmente, mecanismos de colaboración a nivel regional e internacional.
El fenómeno del crimen organizado merece una mayor implicación de la comunidad internacional, considerando que su impacto trasciende al ámbito global; un impacto que se cuenta en violaciones de derechos humanos y pérdidas millonarias para la economía mundial.