La calidad de vida de los habitantes de un país está determinada por su condición socioeconómica. Para lograr elevados niveles de calidad de vida se necesita disponer de ingresos personales o familiares que permitan cubrir las necesidades de alimentos y demás insumos necesarios, y actualmente la cesta básica supera los 900 dólares al mes.
Lo preocupante es que apenas 10% de las familias tiene ingresos que permiten adquirir los productos comprendidos en la cesta básica, el 90% restante tiene limitaciones de consumo. Para adquirir la canasta alimentaria familiar se requieren más de 500 dólares al mes, pero 60% de las familias venezolanas tiene ingresos mensuales menores a los 300 dólares mensuales, lo que las ubica en situación de pobreza y altamente dependientes de las cajas de alimentos CLAP y de los recursos monetarios provenientes de las misiones para mejorar su consumo y otras necesidades.
Las limitaciones sociales son agravadas por los elevados niveles de inflación que hoy registra el país, habiendo superado el 400% anualizada en el pasado mes junio, la más alta del mundo. La política monetaria expansiva del Banco Central es considerada la razón fundamental de esta elevada inflación. Esta política del Banco Central permite cubrir en bolívares las necesidades de recursos adicionales para sostener el gasto público, cuando los ingresos fiscales provienen de impuestos o la explotación de nuestros recursos naturales, llámese petróleo, oro, etc., son deficitarios (déficit fiscal).
¿Cómo mejorar la calidad de vida? Se requiere implementar una serie de políticas públicas, tales como estimular al sector privado a producir más. Seguimos siendo un país que importa más de la mitad de lo que se consume como materia prima y productos terminados; esto puede generar más de 1 millón de empleos bien remunerados, desmontar el complejo empresarial público que da pérdidas y que consume buena parte de esos recursos que provienen del Banco Central, causante de la inflación; eliminar las trabas que limitan al sector privado de la economía y establecer un Estado de Derecho que garantice la propiedad privada y la libre iniciativa, seguridad jurídica como un compromiso necesario para estimular la inversión privada nacional y foránea en todos los distintos sectores económicos del país. Estos requerimientos son primordiales para generar empleos y mejorar los ingresos familiares con su impacto positivo en la calidad de vida.
Este conjunto de políticas públicas define el rumbo futuro de la nación.