La decisión de pagar los salarios del sector universitario a través del sistema Patria constituye uno de los ataques más arteros a la autonomía, pero no es el primero ni será el último. La gravedad de esta decisión no solo estriba en que vulnera el derecho constitucional de las universidades a llevar y ejecutar por cuenta propia sus asuntos administrativos, sino que acabaría virtualmente de un plumazo con los Institutos de Previsión Social y con las cajas de ahorro, entre otras importantes conquistas alcanzadas a través de décadas de lucha gremial. De manera que, de consolidarse la medida, los profesores y trabajadores universitarios, que ya cobramos los salarios más bajos del sector en América Latina y seguramente en el mundo, perderíamos los únicos beneficios sociales que nos quedaban -de por sí gravemente esquilmados- y veríamos desaparecer instituciones que por mucho tiempo han sido consideradas ejemplo de excelencia en la autoadministración de la seguridad social por los trabajadores.
Lo primero que salta a la vista de esta medida nefasta y arbitraria es que forma parte, a todas luces, de la política de centralizar los pagos no solo de los universitarios y del sector educativo en general, sino de todos los trabajadores del sector público, convirtiendo a la plataforma Patria en una especie de nómina, universal y única, “administrada” por los peores administradores que ha tenido la historia de la República (muy a propósito, por cierto, del año Bicentenario de Carabobo). Esto sería otra estocada a los convenios colectivos y los derechos laborales establecidos en la Constitución, sumando una larga lista que ha llevado a los gremios a plantear litigios contra el gobierno (¡socialista!) en la OIT.
No hay que hacer mucho esfuerzo para deducir que, en medio de las enormes dificultades financieras en que se encuentra el país (convertido, por culpa de una clase gobernante maula y corrupta, en un paria del sistema financiero internacional), el régimen se dispone a aplicar un brutal paquetazo de ajustes, eliminando definitivamente el salario en el sector público e imponiendo un sistema de compensación social por improvisados y pírricos bonos, con lo cual, por una parte, se desentiende de los compromisos contractuales que acarrea el pago salarial (vea usted, el neoliberalismo salvaje mismo); además, lógicamente -esto es de anteojito- de utilizar esta infame forma de retribución como una forma de control y sometimiento social y político, como ya la ha usado con los sectores populares más desvalidos del país.
Pero -volviendo a nuestro foco- el ataque a las universidades autónomas no se queda en el secuestro de sus nóminas; esto es solo una parte de una estrategia escrupulosamente trazada para reducirlas y acabarlas como espacio de creación del conocimiento y semillero de las virtudes cívicas y el libre pensamiento, resaltando al menos otros tres elementos: el anuncio de la definición de unos sectores estratégicos para la educación universitaria, la aprobación recientemente por el Ministerio de Educación Superior del SESA (Sistema de Evaluación, Acompañamiento, Acreditación y Supervisión Universitaria) y, finalmente, la discusión de la nueva Ley de Educación Superior.
En lo que respecta al primer elemento, es conocido que a finales de enero de este año el ministro de Educación Superior presentó por un canal de televisión “el Plan Universitario Nacional direccionado al fomento de los motores productivos”, donde se desarrolla una visión del conocimiento y la investigación reducida exclusivamente a los ámbitos técnicos y económicos, dejando por fuera a los ámbitos del saber humanístico y social. Según este Plan (que no puede calificarse, en justicia, de tecnocrático, porque el saber tecnocrático de los países industrializados se ha fundamentado en importantes reflexiones de corte filosófico, político y social) se establece que habrá financiamiento para 15 carreras prioritarias, 21 carreras necesarias o derivadas y 109 carreras complementarias, todas dentro del área técnica, con lo cual se está condenando a la desaparición a las Escuelas y Facultades pertenecientes al ámbito social y humanístico. Es obvio que este plan, concebido como está, es decir, imperativamente, constituye otra forma de acabar con la autonomía académica y de intervenir y liquidar a las universidades. No hay que ser muy perspicaz para deducir que a las únicas escuelas de ciencia social que se les dará apoyo serán las pertenecientes a instituciones oficialistas, de carácter abiertamente doctrinario; siguiendo en esto escrupulosamente a los modelos cubano y chino.
El segundo punto de ataque es también de excepcional gravedad y se da la mano precisamente con el anterior: la reciente aprobación por el mismo Ministerio de Educación Superior del documento marco del SESA (Sistema de Evaluación, Acompañamiento, Acreditación y Supervisión Universitaria), el cual retoma, tal cual, la frustrada Ley de Educación Superior de 2010, y establece ese propósito largamente acariciado por Chávez y sus acólitos: la conversión de las universidades en instituciones para el adoctrinamiento político, estableciendo como oficiales la ideología (seudo) bolivariana y el socialismo del siglo XXI.
Este documento es ya oficial y debería ser objeto de estudio obligado en los organismos de deliberación universitaria para denunciarlo con propiedad. De él se desprende que el CNU se convertiría en una especie de superorganismo que haría de tutor y vigilante acucioso de las universidades tanto públicas como privadas, dejando a los rectores y consejos universitarios en un segundo plano. Se establece la participación de los consejos comunales y otros movimientos sociales (que no se especifican) en esos procesos de evaluación, acompañamiento, acreditación y supervisión de las universidades, dándose así la mano, plenamente, con la concepción del Estado comunal y socialista que se quiere imponer.
No podemos dejar de comentar, finalmente, pese a estar en supuesto y sospechoso proceso de discusión, el proyecto de Ley de Educación Universitaria introducido a fines de enero en la Asamblea Nacional espuria. Al tenor de la decisión sobre las nóminas, y conociendo ya lo que se estipula en el SESA, se puede predecir sin dificultad cuál será orientación y objetivo: darle la estocada final a las universidades autónomas y ponerle un grillete a las universidades privadas, metiendo a ambas en el redil ideológico del socialismo del siglo XXI y poniéndolas al servicio de los “motores productivos”, en ese intento poco menos que patético de imitar el acelerado desarrollo del gigante amarillo a partir de los ochenta (que se basó, dicho sea de paso, en una gigantesca y continua inversión en educación, ciencia y tecnología, algo que está totalmente fuera de la cosmovisión de un liderazgo mediocre cuyo único fin es mantenerse en el poder al son de la captura de rentas y los negocios ilícitos).
Las universidades están obligadas a reaccionar. Como el resto de la sociedad democrática, resistir, cuestionar y protestar deben seguir siendo el norte. No olvidemos que Chávez tuvo que meter la reversa el 5 de enero de 2011 con una Ley de Educación Superior que había sido aprobada, entre gallos y medianoche, el 23 de diciembre de 2010. Como decía aquel filósofo del beisbol: el juego no se acaba hasta que se termina.
@fidelcanel