Sin la pompa de la reciente visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, esta semana nos visita desde el 8 hasta el 12 de julio un organismo de jerarquía mundial, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se encargará de verificar las quejas que han hecho organizaciones de trabajadores y empleadores ante las sucesivas violaciones de los convenios internacionales laborales, que fueron firmados por el Estado venezolano en la segunda parte del siglo pasado.
En esta ocasión, la prestigiosa delegación que nos visita viene empoderada como la de más alto nivel de todas las que han llegado a nuestro país en las últimas dos décadas. Durante este tiempo han venido Misiones de Consulta, Misiones de Contacto Directo, Misiones de Alto Nivel, siendo la de Encuesta la de mayor jerarquía, ya que sus resultados podrían cuestionar la permanencia de Venezuela en este organismo tripartito mundial.
Es importante destacar que en 100 años de historia de la OIT, solo se han aprobado una docena de Comisiones de Encuesta enviadas a diferentes partes del mundo, cuando las permanentes violaciones de los convenios laborales llegan a un nivel crítico de ruptura de las relaciones de trabajo, que ameritaría incluso hasta la separación del máximo organismo laboral internacional cuando un Estado asume las características de violador contumaz de los derechos laborales. Es de tal interés para la OIT el envío de este grupo de expertos que por vez primera, además de la capital, se trasladarán a Carabobo, Bolívar, y visitarán en la Cárcel de La Pica, en Monagas, al sindicalista preso Rubén González, secretario general de Sintraferrominera.
En esta oportunidad, además de la disolución del sistema de relaciones de trabajo venezolano, es oportuno denunciar ante esta importante Comisión de Encuesta no solo lo que ocurre en el territorio nacional, sino también lo que sucede con la diáspora venezolana, que es humillada, rechazada y explotada vilmente a escala continental.
Esta situación lamentable que afecta a más de cuatro millones de seres humanos ha sido atendida parcialmente por los gobiernos cuando se otorgan permisos temporales de trabajo, lo que no protege a quienes, en medio de la vulnerabilidad absoluta, se encuentran prácticamente en el abandono, incluso sin el apoyo de los sindicatos regionales y mundiales. Son sorprendentes los relatos de trabajadores que laboran de 12 a 16 horas diarias, trabajan hasta 15 días, a un mes, y no les remuneran la labor prestada por su condición de ilegales, salarios miserables por debajo del mínimo nacional; en fin, la prestación de servicios que ronda entre prácticas esclavistas hasta la flexibilización laboral despiadada.
Hasta ahora es impresionante, ante esta cruenta realidad, la subestimación, el silencio o el papel subalterno de las centrales y gremios: Central Sindical Internacional (CSI), Central Sindical de las Américas (CSA), la Coordinadora Sindical del Mercosur, la Coordinadora Sindical de la región Andina, por una parte, y por otra, la posición de la Organización Internacional de los Empresarios (OIE) con relación al tema, que determine la declaración de emergencia por parte de Estados, sindicatos y empleadores para atender esta tragedia que amenaza con extenderse.
Al extremo que las encuestas anuncian que de 31 millones de habitantes en Venezuela, 47% quisiera huir en estampida de este apocalipsis que quiebra la fibra nacional, este cuadro dramático proyecta que la diáspora aumente de los actuales 5 millones a los 8 millones para el próximo 2020.
El reconocido éxodo venezolano de dimensiones bíblicas no solo debe ser asumido o dejado en manos de los gobiernos: también es una obligación directa de la Organización Mundial del Comercio, de las organizaciones de trabajadores y de los gremios empresariales del planeta, en un escenario de intercambio tripartito como lo ha sido a lo largo de un siglo la Organización Internacional del Trabajo.
Twitter: @froilanbarriosf