Si existe un organismo mundial que haya hecho un seguimiento a la conducta de la actual gestión en materia de relaciones de trabajo ha sido la Organización Internacional del Trabajo, surgida por cierto hace un siglo en el contexto de los acuerdos del Pacto de Versalles que concluían la Primera Guerra Mundial. Pacientemente, durante 20 años, ha documentado minuciosamente las tropelías del régimen en materia de violaciones de los convenios laborales, sigilosamente vigilados por este organismo integrante de la Organización de Naciones Unidas.

Desde los años 2002-2003 fueron dirigidas a sus instancias decenas de quejas, surgidas por el desconocimiento del régimen tirano a los convenios reconocidos por el Estado venezolano desde el siglo pasado, los cuales han servido de base a todo el entramado jurídico constitucional que reglamenta en ese ámbito las leyes laborales de nuestro país, convirtiendo a la Rue de Morillons  –sede del organismo en  Ginebra– en la estafeta de letanías de trabajadores y empleadores atropellados y perseguidos por la tiranía.

En la oportunidad de ratificar el viejo refrán  “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”, en marzo de 2018 el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo. Conocedor de la gravedad de la decisión, el gobierno trató de obstaculizar la llegada de la misión a Venezuela, pero fracasó en su intento porque en julio de 2019 visitó finalmente a nuestro país la tan esperada delegación internacional.

Pues bien, en la última semana de septiembre de 2019 se ha dado a conocer el notable informe de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la observancia por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).

Debemos decir que su contenido es tan impactante como el conocido informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, doctora Michelle Bachelet, pues evidencia ante la comunidad internacional la contumacia de un régimen cuya característica es desconocer el abecedario de los derechos humanos, en este caso el capítulo concerniente a la libertad sindical.

Sus recomendaciones son tajantes, a saber el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas y organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro; así también la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como es el caso de los señores Rubén González y Rodney Álvarez, sindicalistas de Ferrominera.

Finalmente, a la luz de la gravedad de las cuestiones planteadas, la comisión considera que la situación y los progresos alcanzados sobre estas recomendaciones deberán ser supervisados activamente por parte de los órganos de control de la OIT concernidos. Lo que significa que para los próximos Consejos de Administración de la OIT, en noviembre y marzo, el régimen autoritario deberá mostrar el acatamiento so pena del tratamiento de estos informes en la Corte Penal Internacional.

En resumen, presenciamos un gobierno deslegitimado, cercado por los organismos internacionales, sin ningún tipo de credibilidad, calificado por todos de dictadura, cuyo único argumento es ser víctima del imperio, en nombre de una revolución que persigue la libertad sindical, la libertad económica y el empleo decente.