En un informe especial de enero de 2019 sobre las condiciones electorales realizado por la organización no gubernamental Súmate se explicaron 12 que deben cumplirse para que Venezuela pueda celebrar elecciones libres, democráticas y constitucionales. Son varias las que se mencionan, pero hay una a la que, al menos yo, como alguien que aboga por los derechos de los migrantes y los refugiados (y como migrante yo misma) se debe prestar un extra de atención: el derecho de los migrantes y refugiados venezolanos a votar en las próximas elecciones.

Según datos oficiales, entre 2017 y 2019, 3,2 millones de venezolanos se vieron forzados a salir del país. 80% de ellos se encuentra en países de Suramérica, los mismos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Las estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones proyectan que, para fines de 2019, este número podría aumentar a 5,4 millones.

¿Podrían votar estos venezolanos?

Según la Constitución venezolana, sí. Desde 1993, la propia carta magna garantiza la votación de los venezolanos en el extranjero en las elecciones presidenciales y los referendos. El dilema aquí es que, mientras nuestra Constitución consagra este derecho para todos los venezolanos, la Ley orgánica de procesos electorales la contradice al indicar que “solo los votantes en el extranjero que tienen residencia o cualquier otro régimen que certifique regularmente su estado fuera de Venezuela podrá votar».

Esta regulación causa un problema fundamental: alrededor de 60% de los venezolanos en la diáspora tiene una situación legal irregular, según datos recientes de la OEA y el Migration Policy Institute. Si los legisladores venezolanos no solucionan esto, alrededor de 1.920.000 venezolanos no podrán votar.

Más de 100 países en el mundo tienen voto en el exterior sin requisitos especiales o restrictivos. Los pocos que tienen alguna restricción generalmente se agrupan en dos: las relacionadas con las circunstancias de la estancia en el extranjero (restricciones relacionadas con la actividad) o restricciones basadas en el período de tiempo que el ciudadano ha estado fuera del país (restricción de la duración de la estancia en el extranjero), no por su situación migratoria en el país de destino. “Si grandes grupos de ciudadanos han abandonado el país por razones políticas –dice IDEA– se puede suponer que el partido gobernante no favorecerá la extensión de los derechos al voto a estos grupos». Esto ayudaría a explicar por qué la Ley orgánica de procesos electorales contradice la Constitución y por qué los venezolanos se enfrentan a restricciones para ejercer su voto en el extranjero.

El actual registro electoral de Venezuela solo tiene 101.431 votantes en el extranjero con autorización para ejercer este derecho. Eso es solo 22,89% del universo total de venezolanos fuera del país que debería votar, según los datos de 2013 reportados por un informe de IDEA Internacional. Incluso entonces alrededor de 80% de los venezolanos en el extranjero no podía ejercer su derecho al sufragio.

Es vital ocuparnos de incluir a estos venezolanos de la diáspora, e incluso considerar otras alternativas. Por ejemplo, un grupo de países en Europa (Croacia, Francia, Italia y Portugal), otros en África, como Argelia, Angola, Cabo Verde y Mozambique, y al menos tres en América (Colombia, Ecuador y Panamá) permiten que sus nacionales no solo puedan votar en el extranjero, sino que también facilitan su derecho de elegir a sus propios representantes para la legislatura nacional.

Quizás ahora, con 3,2 millones de venezolanos en el extranjero, esta es una discusión que se podría tener. Permitir que un representante de la diáspora tenga voz en la Asamblea Nacional establecería un vínculo más deliberado entre los venezolanos en el extranjero, la promoción de su agenda y la de sus familias, e influiría en la toma de decisiones políticas del país.

Por ahora, es momento de trabajar para eliminar el requisito de residencia en los países de destino, y hacer todos los esfuerzos y procedimientos necesarios a fin de registrar a estos millones de venezolanos en el registro electoral venezolano en el extranjero.

*** Los puntos de vista son personales. No representan la posición de la OEA.