El pasado martes me correspondió llevar la palabra en representación de los venezolanos en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra. Allí aseguré que diría la verdad y solamente la verdad de lo que ocurre en Venezuela.
Y la verdad es que 30 millones de habitantes estamos secuestrados por un régimen inconstitucional y una asamblea constituyente ilegítima. La verdad es que somos víctimas de un régimen que por omisión o por acción no honra ninguno de los derechos humanos consagrados no solo en nuestra Constitución Nacional, sino en la carta fundacional de la ONU, cuya promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores. La verdad es que en Venezuela, si no nos mata el hampa, nos asesinan los grupos policiales represivos o las pandillas armadas al servicio de la dictadura.
El año pasado perdieron la vida en hechos delictivos 27.875 personas, y este año, por protestar contra la hambruna, por denunciar que niños, ancianos, mujeres y hombres mueren en los hospitales por carecer de medicinas, por reclamar libertad y justicia, fueron asesinados más 134 ciudadanos. En Venezuela no hay separación de poderes porque han sido asaltados por la dictadura.
El golpe de Estado más reciente fue el despojo de competencias de la Asamblea Nacional, que soberanamente nos dimos 14 millones de venezolanos. En Venezuela se sufre la persecución por disentir: hay torturados, desaparecidos y más de 600 presos políticos, entre ellos mi esposo Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, quien sigue privado de su libertad por más de 2 años y 7 meses y amenazado de recibir una sentencia con una pena de 26 años de prisión, sin que existan razones válidas para semejante juicio indebido
En Venezuela se requiere con carácter de urgencia la presencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. La dimensión de nuestra crisis no admite más demora, es de vida o muerte.
Todas las instituciones que velan por la preservación de los derechos humanos coinciden en el mismo diagnóstico de indefensión ciudadana y de avance del deterioro de la vigencia de cualquier garantía. Todas las resoluciones del grupo de trabajo de la ONU son irrespetadas y descartadas por el régimen. Y nadie asume responsabilidad alguna por muertes violentas, torturados y desaparecidos. Vivimos una situación de desvalimiento y deshumanización que debe ser atendida de inmediato por el concierto internacional.
Para tratar de remediar esta tragedia se han intentado mecanismos de diálogo que desgraciadamente han sido burlados por el factor gubernamental. Es penoso tener que denunciar que desde el inicio de esas parodias dialoguistas han muerto decenas de venezolanos por condenar el autoritarismo que caracteriza a este régimen, y de 72 presos políticos que existían, hoy están en las cárceles más de 600 venezolanos con ese carácter. En definitiva, el gobierno usa el diálogo para ganar tiempo y sin reparar en que desprestigia esa fórmula aprovechándose del candor con que han actuado los voceros de la oposición.