Ya hemos iniciado el recorrido del segundo semestre de 2019. A fin de año el país habrá sido cubierto por una sola sombra, larga y ancha. El sombrío panorama económico previsto, ya en abril de este año, concluirá su proceso de gestación. La pobreza, el hambre, las enfermedades, la diáspora, la inseguridad personal, junto con las fuerzas de exterminio creadas por el gobierno dictatorial de Maduro, habrán completado la destrucción de las instituciones y del tejido social. Es la demolición de la república y la abolición de la soberanía popular. Carta magna 1999, R.I.P.

Echemos un vistazo a las protecciones económica del FMI, un organismo competente en la aplicación de modelos predictivos. ¿Imperialismo? Bueno, el emperador también dice verdades. ¿Urticantes? Sí, pero observe que ya las llagas están en desarrollo, atrás queda un maligno semestre. Lean el Informe Bachelet, no son conchas de ajo.

La economía mundial se sigue desacelerando, lo advirtió en abril pasado el Fondo Monetario Internacional. La organización, que hace seguimiento de los riesgos emergentes, y presta a los países en dificultades que lo soliciten, y sean socios, como Venezuela, recortó su pronóstico de crecimiento para 2019 de 3,5% a 3,3% en la edición de enero de su World Economic Outlook.

Para Latinoamérica, el pronóstico de crecimiento se recortó en 0,6%. El comportamiento económico de la región, dijo entonces Gita Gopinath, consejera económica y directora del Departamento de Investigación del FMI, “fue débil en la última parte de 2018”. La economista se refirió en específico al caso de Venezuela: al mirar los indicadores se le reveló una situación cada vez más desalentadora. Sombría.

Después, afirmó: “En Venezuela es por la gran crisis humanitaria, social y económica que estamos viendo una mayor contracción de la economía”. Es decir, una crisis ha contagiado a todos, a todas, a las cosas, a los lugares propios y foráneos. La gran mayoría de nuestros vecinos, al otorgar bondadoso asilo, ha sido muy afectada.

Oya Celasum, jefe de la división en el Departamento de Investigación, reconoció que es difícil hacer predicciones sobre la economía venezolana en este punto. “Las preocupaciones de la caída de la producción del petróleo ha llevado a que hayamos reducido el pronóstico para este país”.

Venezuela es el país del mundo con la mayor inflación proyectada, con creces, pues la de los demás países se expresan en número de uno, máximo dos dígitos, mientras la de Venezuela, en millones. Venezuela será, según las proyecciones, el país con el menor producto interno bruto del mundo.

Los economistas apuntan a los años de mala gestión económica como la causa más probable. Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, financiaron enormes programas de bienestar social, en última instancia, insostenibles, y políticas de control de precios en un esfuerzo por dirigir al país hacia el socialismo, encerrar a los opositores políticos y acabar con la oposición en el proceso.

Pero Maduro culpa a Estados Unidos por la grave escasez de alimentos, el aumento del desempleo y una colosal hiperinflación, que ha eliminado los ahorros en su país, acusando a Washington de llevar a cabo una campaña de terrorismo económico contra Venezuela.

Estas son las proyecciones principales del FMI para 2019: una contracción severa del PIB en 25%, el más grave desde la guerra de Libia en 2011; con esta, son seis años seguidos de increíbles contracciones del PIB, con lo que la economía se ha achicado en más de 50%, con las graves consecuencias conocidas, para el que no quiere ser ciego. Inflación prevista: 10.000.000%, un asesino a sueldo de la tiranía; tasa de desempleo: 44,3%, la más alta desde la cruenta guerra de Bosnia, hace tres años y medio.

¡Es suficiente! La tiranía tiene que cesar muy pronto, o seremos Sodoma y Gomorra en su versión del socialismo del siglo XXI.

Diez claves del Informe Bachelet

A continuación, las 10 claves del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que resalta el uso de instituciones del Estado, fuerzas civiles y militares del régimen de Maduro contra la población venezolana:

1)Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los derechos humanos.

2)La inacción de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los jueces «contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones» de los derechos fundamentales.

3)Entre enero de 2018 y mayo de 2019, «tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familiares, y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones».

4)Entre las formas de tortura a disidentes venezolanos, documentadas en el informe de la ONU, se mencionan: aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

5)El régimen de Nicolás Maduro registró casi 5.300 muertes en operativos de seguridad en 2018 y tales muertes se debieron a «resistencia a la autoridad».

6)Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores».

7)La oficina de Bachelet deploró la cifra «escandalosamente alta» de ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad».

8)El Estado venezolano incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

9)El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones del derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.

10)»La situación sanitaria del país es grave», se ha señalado en el informe. La Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.

La alta comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019, se reunió con diferentes actores políticos, tanto del régimen como de la oposición, incluyendo al gobernante Maduro y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la ONU en el país. Precisa el informe: «El gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política” y a quienes lo critican.

En concreto, afirma que hay una «paulatina militarización de las instituciones del Estado». En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, se lee que «tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones».

Ha llamado la atención específicamente sobre la FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales «sorprendentemente elevada». Solo en 2018, el régimen registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos de este cuerpo. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año ya van 1.569. Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», ha alertado.

Además, ha afirmado que «el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria», aunque ha apreciado que, si bien «Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (…) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando los efectos».

En cuanto al derecho a la alimentación, el informe ha denunciado que «la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres».»La situación sanitaria del país es grave», ha aseverado, indicando que «los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad». La Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.

«Los venezolanos merecen una vida mejor»: reconoce que «todos deberíamos estar de acuerdo en que los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, al agua, a la atención médica y a una vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas».  Y hace este exhorto: «Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo– a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando».

Desde luego, la ex presidente de Chile se adelantó a las posibles críticas del Palacio de Miraflores al recalcar que «este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea a lo que todo venezolano tiene derecho». Y no se peló: justo a las 5:07 pm del 4 de julio, el inefable canciller Arreaza espetó: “El informe ofrece una visión distorsionada» de la situación en Venezuela. Afirmó que el gobierno hizo 70 «observaciones» sobre los «errores de hecho» que, en su opinión, contiene el texto de la ONU. ¿70, oh, Dios? ¿Y las torturas? ¡Esas sí progresan!, tovarich Arreaza.

¿Y qué dices, inefable Arreaza, de este “logro bolivariano en derechos humanos? Tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, así como el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, apunta el informe.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos, agrega.

También se lee que “la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por la FAES, en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”.

Esta columna es breve, el sufrimiento es largo.

Fuentes: Para el FMI: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/10/el-oscuro-panorama-economico-en-venezuela-segun-el-fondo-monetario-internacional/#0. Para Informe Bachelet: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/las-10-claves-del-informe-bachelet-que-exponen-las-violaciones-ddhh-maduro-n4180418. Para torturas: https://alnavio.com/noticia/19184/actualidad/el-informe-bachelet-condena-al-regimen-de-maduro-porque-tortura-reprime-y-criminaliza-a-la-oposicion.html.