Durante el Fortune Global Forum de 2018 que se llevó a cabo en Toronto esta semana, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, tildó al recientemente negociado Tratado Estados Unidos-México-Canadá (Usmca) como una versión del viejo TLCAN sin diferencias importantes entre los dos acuerdos, salvo la tensión que rodeó el proceso de negociación.

Para Summers, el renovado tratado trilateral no logra más que pequeñas ganancias para Estados Unidos, entre ellas la mejora de condiciones comerciales en áreas como los productos farmacéuticos y los productos lácteos. Pero esas pequeñas ganancias, dice Summers, fueron logradas a cambio de un altísimo costo: un distanciamiento con los aliados de Estados Unidos, Canadá y México.

Summers tiene razón al señalar que hubo demasiado drama entre las tres partes durante las negociaciones, y es poco probable que la novela concluya pronto. Mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, se dirige a México para una visita en la que “probablemente elogiará al equipo mexicano por la emocionante conclusión de la Usmca”, una vez más nos despertamos con una serie de tweets del presidente Donald Trump amenazando con enviar al ejército a la frontera sur de Estados Unidos si México, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, no logra detener la caravana de casi 4.000 migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde Honduras.

Pero dejando de lado la sobrecalentada y abrasiva retórica del Twitter-in-Chief, en realidad sí hay algunos cambios notables en el nuevo acuerdo. Un capítulo que beneficiará a las tres partes por igual es el 27, dedicado a la lucha contra la corrupción. El capítulo es casi una transcripción exacta del Capítulo 26 del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) del cual Estados Unidos se retiró en enero de 2017, y que los otros 11 miembros volvieron a firmar bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Sin embargo, en materia de corrupción y soborno, cualquier esfuerzo que integre los compromisos multilaterales de lucha contra la corrupción en un acuerdo de libre comercio es un avance positivo, por no mencionar uno oportuno, ya que las olas del escándalo de Odebrecht en Brasil se extienden por todo el hemisferio.

El propósito principal del Capítulo 27 es “prevenir y combatir el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión”. La novedad de dedicar un capítulo completo para reforzar el compromiso trilateral de combatir la corrupción es una victoria en sí misma, pero el incluir medidas preventivas como elemento clave en el combate a la corrupción realmente puede marcar una diferencia para pasar del papel a la ley y a la acción. Esto es especialmente cierto en México, donde siguen existiendo importantes brechas en la implementación de la regulación anticorrupción.

En este sentido, el Capítulo 27 contiene dos medidas significativas. Primero, reconoce que gran parte del problema está arraigado en gobiernos corruptos. En otras palabras, primero tenemos que limpiar nuestra casa. ¿Cómo? A través de una serie de acciones puntuales, incluida la capacitación de servidores públicos que ocuparán cargos vulnerables a la corrupción, esto para “promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos”.

Segundo, el texto reconoce que se necesitan dos (o en este caso tres o más) para bailar un tango. Por primera vez, un acuerdo comercial reconoce el papel del sector privado, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias en la “prevención y la lucha contra la corrupción”, y en el caso de la potencial complicidad del sector privado, para evitar la propagación de la corrupción. En México, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la sociedad civil han tomado cartas en el asunto y abordado las causas estructurales de la corrupción y las formas de prevenir, combatir y sancionar las prácticas corruptas. Un ejemplo particular que vale la pena mencionar es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que finalmente se aprobó en 2015 gracias a los esfuerzos de una coalición de grupos de la sociedad civil, académicos y activistas. El Usmca (o como queramos llamarlo en español) puede ayudar a darle una mayor legitimidad y voz a estos grupos a medida que continúan creando conciencia y auditando al gobierno y a las empresas por igual. Lo más importante es que puede llevar a aprobar nuevas iniciativas en la misma línea del SNA, ya que debido a la falta de voluntad política, el sistema aún no se ha implementado en su totalidad.

El capítulo 27 del Usmca es sin duda un paso en la dirección correcta. Fortalece la cooperación y la coordinación de mejores prácticas entre las tres partes. El mayor obstáculo para que funcione correctamente es, por supuesto, la voluntad política. Esto comenzará con la aprobación e implementación de la versión final del acuerdo. Pero una vez que eso suceda, el Capítulo 27 incluye una disposición que establece que cualquier parte puede llamar a sus contrapartes a consulta internacional (Artículo 27.8) si observa que otro país no está cumpliendo con las obligaciones asumidas.

El Usmca por sí solo no salvará a las Américas del flagelo de la corrupción que se extiende desde Washington, DC a Buenos Aires (y quizás incluso desde Ottawa), pero el Capítulo 27 es un gran paso para abordar uno de los desafíos más complejos de nuestro hemisferio y que no estaba incluido en el TLCAN original.


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