Durante largos 30 años, nuestro vecino Haití estuvo sometido a una cruel y muy corrupta dictadura, encabezada por François Duvalier, apodado “Papa Doc”, quién esclavizó a su país entre 1957 y 1971, y dejó en herencia el poder a su hijo Jean-Claude, conocido como “Baby Doc”, quien se encargó de mantener a sangre y fuego a Haití como la nación más pobre del continente desde 1971 hasta 1986, con la misma tenacidad con la que su fortuna personal y la de los allegados al régimen alcanzaban niveles de escándalo.
El régimen de los Duvalier es mundialmente conocido como sinónimo del terror político, el uso de la superstición como mecanismo de control social y la sistemática violación de los derechos humanos (asesinatos, torturas, desapariciones, persecución) ordenada y dirigida por el Estado contra los opositores políticos y la población civil. Se calcula conservadoramente que la represión de la dictadura duvalierista pudo haber asesinado y desaparecido a más de 150 mil haitianos.
Gran parte del poder represivo de la dictadura era ejercido por civiles armados, quienes al margen del ejército y la policía, habían sido conformados desde la presidencia como una milicia paramilitar originalmente conocida como Milicia de Voluntarios de la Seguridad Nacional. Esta milicia de colectivos paramilitares comenzó al poco tiempo a ser conocida con el nombre de los tonton macoutes (“el tío del saco”en español) término adoptado de una leyenda popular haitiana sobre un personaje que aterrorizaba a los niños. Estos “voluntarios” se organizaban en grupos paramilitares para defender al régimen de cualquier oposición y crítica, y garantizar la “paz”, que no era otra cosa que la perpetuación oprobiosa de los Duvalier en el poder.
Cada vez que la población civil reclamaba por la casi inexistencia de servicios públicos –en especial agua y luz-, los Duvalier ordenaban a su milicia paramilitar de tonton macoutes que impusieran el orden y garantizaran la paz social. “Paz social” que, por supuesto, como es concebida por la mayoría de los sátrapas y dictadores de nuestro continente, no es otra cosa que el mantenimiento –a juro y por la fuerza- de un orden político en el que una minoría corrupta hace negocios con las necesidades materiales de una inmensa mayoría.
No es casual que los dictadores confíen sus riquezas y su permanencia en el poder a grupos de civiles paramilitares de este talante. Así como los tonton macoutes en Haití, los “batallones de la dignidad” de Noriega en Panamá, los “camisas negras” de la Italia fascista de Mussolini, y los “camisas pardas” del nazismo alemán de Hitler (una de cuyas consignas preferidas era “toda oposición debe ser aniquilada”), son sólo ejemplos de los más conocidos. Tampoco es casual que la clase política venezolana actualmente en el poder tenga los suyos, bautizados por ella misma con el cínico eufemismo de “cuadrillas de paz”, fuerzas de choque financiadas y diseñadas por el régimen para acallar cualquier reclamo popular, y reprimir sin escrúpulos a cualquiera que ose defender sus legítimos derechos, por muy básicos que sean.
La Conferencia Episcopal Venezolana esta misma semana ha calificado estos grupos a los que apela el régimen para su defensa como “inconstitucionales e inmorales”, condena como una “invitación inhumana” los llamados de Maduro a estos paramilitares armados, y llama la atención sobre un hecho importante, cuando afirma que “el mismo Ejecutivo Nacional ha prescindido del uso de los organismos de seguridad y ha recurrido a los grupos paramilitares violentos” que reprimen y disparan contra venezolanos que sólo reclaman agua, luz o medicinas. Los obispos venezolanos finalizan haciendo un llamado a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional a que “actúen conforme a la ley”.
Esta última observación de la Iglesia venezolana requiere una atención especial. La justificación y existencia de una Fuerza Armada, en cualquier país, radica en su función básica y más noble: la sociedad civil le confía las armas de la república a una institución y al grupo de hombres y mujeres que la conforman, para que ellos administren en exclusividad las herramientas del Estado con la finalidad de ejercer el monopolio de la violencia física legítima. Permitir lo contrario es una afrenta a la institución castrense porque implica desconocer e irrespetar lo que –de nuevo, de manera exclusiva – le es propio y distintivo.
La paz verdadera – no la del silencio ni la de los cementerios- se construye a partir del acuerdo civilizado entre personas que piensan distinto. No se “impone” a sangre y fuego contra quienes así lo hacen, ni se “obliga” con “cuadrillas” armadas.
En Venezuela no habrá paz mientras la población a duras penas sobreviva en condiciones sociales y económicas indignas de cualquier ser humano. La paz a juro, la de los tonton macoutes y las de las cuadrillas de paz, esa de todo el mundo sumiso, callado y obediente, es sólo un fetiche verbal tan inútil como inviable en un país cuyo himno nacional comienza describiendo a su gente como lo que es: un glorioso bravo pueblo.