El martes 20 de septiembre la Misión de Determinación de los Hechos ocurridos en Venezuela desde 2014, presentó, en la voz de presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, su tercer informe.
La resolución para investigar lo ocurrido en Venezuela fue aprobada en la ONU en septiembre del 2019 con el fin “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”. Producto de sus investigaciones, que no contaron con el reconocimiento oficial ni el apoyo del Estado venezolano, se publicaría un primer informe (2020) en el que concluye que hay criterios suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. En octubre de ese año se prorrogaría por dos años más la Misión, que publicaría, septiembre de 2021, una segunda investigación que se centra en el sistema judicial venezolano como factor determinante en la impunidad de los delincuentes acusados de violaciones a los derechos humanos, una estructura judicial que bloquea la justicia a las víctimas y un mecanismo que contribuye al acoso de la oposición.
El tercer informe divulgado hace apenas unos días, comprenden dos trabajos que muestran el complejo panorama de la situación de los derechos humanos en Venezuela. En uno de ellos, el que comentaremos en este artículo, se señala que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde un aparato institucional creado expresamente para atacar a los opositores al régimen o a quienes son considerados como tales. Un documento exhaustivo, detallado y podemos decir bastante aterrador, donde se describe “el rol de estructuras e individuos en las cadenas de mando dentro de las agencias de seguridad”, con detalles como sus modos operandi, la descripción de las ilegales formas de detención y los métodos de tortura que ocurren en muchas casas del horror que existen en Venezuela.
No es el objetivo de este texto resumir unos documentos que apenas han sido arañados y asimilados por la opinión pública venezolana, pero que creemos deben ser estudiados a profundidad, basta con indicar que el informe de la ONU es un trabajo con un fuerte impacto que contribuye a aislar al régimen y una advertencia al mundo sobre los crímenes que se siguen cometiendo en Venezuela. Aunque vivimos en tiempos complejos, geopolíticamente hablando, los derechos humanos siguen siendo un valor relevante de las principales democracias del mundo.
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