Allá en Washington nos reencontramos muchos, todo era emoción y esperanzas; se estaba escribiendo un nuevo episodio en esta lucha por el rescate de la libertad de nuestra patria. Los magistrados reafirmaron sus compromisos de impartir justicia contra todas las dificultades que les atormentan, ahora estamos esperando por eso.
Cuando las fuerzas aliadas acabaron con el Estado nazi tomando Berlín, nadie sabía cómo se restablecería la legalidad democrática ni cómo se castigaría a los autores del genocidio, pues la Constitución prohibía los tribunales de excepción así como también la imposición de penas por hechos anteriores a la norma (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege), se trataba de una situación excepcional que, como tal, no estaba prevista en ningún texto legal y por el contrario su juzgamiento y castigo iría directamente en contra de normas y principios de profunda raigambre jurídica, como el enjuiciamiento por un tribunal creado específicamente para el caso. El dilema entonces fue ¿reinará la impunidad o pasamos por encima de esos principios y ajustamos la situación a la necesidad de justicia? Se hizo esto último, se inventó un tribunal especial para juzgar los hechos ya ocurridos y la participación de los jefes militares nazis. Estados Unidos, URSS, Reino Unido y Francia suscribieron la Carta de Londres o “Acuerdo para la creación de un Tribunal Militar Internacional” que estableció cuatro nuevos tipos delictivos: conjura o conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, se autorizó la creación de otros tribunales nacionales de naturaleza similar.
Este juicio terminó al dictarse las sentencias que fueron desde prisión limitada hasta cadena perpetua, hubo absoluciones y pena de muerte en la horca. Esta experiencia y otra similar que corrió en paralelo, la del Tribunal Penal Militar Internacional en Tokio, además de hacer justicia sirvieron como precedente para la creación de la Corte Penal Internacional y tribunales penales internacionales en la ex Yugoslavia, Ruanda, etc.
Lo que quiero transmitir con estas evocaciones es que no es una extravagancia la experiencia creativa que se está intentando con nuestro TSJ en el exilio; cierto que es la primera vez en el mundo, pero cierto también que las respuestas excepcionales a hechos excepcionales son admisibles en todo acontecer humano, incluyendo el tema de la justicia.
Venezuela necesita una segunda declaración de independencia
Nuestro alto tribunal ya constituido con todas las de la ley está ahora en el deber de justificar su existencia y sentenciar sobre temas urgentes como el abandono del cargo de Maduro, así calificado por la Asamblea Nacional, pronunciamiento que obliga a todos, incuso a ella misma y que deberá ser acogido por los países que están reconociendo y apoyando la legitimidad de nuestro Poder Legislativo y los actos que del mismo emanan. De este pronunciamiento se han de derivar otros como la nulidad y criminalidad de convocatoria a constituyente que hizo Maduro siendo ya ex presidente y todos los actos dictatoriales que consecutivamente se vienen practicando en interminable labor de destrucción del sistema democrático.
En el mismo sentido urge una decisión sobre la usurpación que ejercen las personas que en Venezuela está fungiendo como magistrados dictando aparentes sentencias constitucionales que llegan al extremo de pretender asumir funciones de la Asamblea Nacional aprobando sumariamente y sin atribución alguna contratos de interés nacional, e incluso dando visto bueno a espurios decretos de emergencia en los que el ex presidente Nicolás Maduro trata de apoyar actos de gobierno que no le corresponde emitir y que incluso contemplan restricciones a garantías constitucionales en distintas áreas.
Este TSJ tiene deber inaplazable de pronunciarse sobre la ilegitimidad de la directiva que usurpa funciones rectoras en el Consejo Nacional Electoral, también de quien en Venezuela está pretendiendo ser fiscal general
Ineludible es que se dictamine sobre la injerencia cubana metida hasta el fondo en los actos del Estado, sobre todo en lo militar, donde ejerce un férreo dominio sobre temas álgidos como la seguridad y defensa de la nación.
No se debe retardar un pronunciamiento sobre las actuaciones que en el campo internacional viene ejecutando ese ex presidente Maduro en una política aislacionista como barrera para la impunidad de sus actos criminales.
Por lo menos los puntos antes mencionados deben tratarse en una sentencia principista, que jurídicamente llame las cosas por su nombre, que aparejadas con el reconocimiento que la comunidad democrática internacional ha hecho a nuestro Poder Legislativo y sus actos, entre ellos la formación de este alto tribunal, emita claros mandamientos ejecutorios de sus decisiones, las cuales de todas maneras contribuirán decisivamente en la lucha por nuestra libertad, una verdadera segunda declaración de independencia.
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos”.- Simón Rodríguez.