El estupor invade cuando se analiza la suerte de nuestros productores de alimentos, agricultores, ganaderos y pescadores, en los últimos 20 años, una etapa que calificamos de saqueo agroalimentario. Se trata de la suerte de más de tres millones de personas que tratan de permanecer en el campo antes de emprender la búsqueda desesperada de un rancho en cualquier barrio marginal de las ciudades.

El socialismo del siglo XXI es quizás el periodo más destructivo de nuestro mundo rural, una nueva versión de los escombros que dejó la Guerra Federal. Las estrategias y las lógicas seguidas por los gobiernos desde Chávez hasta Maduro imponen un sentimiento de vergüenza ante la constatación del pillaje, el vandalismo y el odio acicateado como instrumento de guerra entre unos y otros.

En esos 20 años de infelicidad para el mundo rural distinguimos claramente tres fases. La primera es la guerra a muerte contra la propiedad: con la excusa de acabar con los latifundios se arremetió contra las fincas productivas del país. Para ello el gobierno creó una perversa estructura –El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras– y promulgó una Ley de Tierras que despojaba al ciudadano de su propiedad. Se atacó lo que parecía eficiente, la productividad, desestimando la capacidad de producir los alimentos que el país deseaba ¿Quién no recuerda al infame representante del gobierno penetrando armado, como en tiempos de guerra, a invadir fincas en el sur del lago de Maracaibo? Allí empezó la tragedia.

Elías Jaua arremetió contra todo lo que produjera: arrasaron con más de 250 fincas que generaban los alimentos que requeríamos en la ciudad; los hatos ganaderos fueron invadidos, las maquinarias agrícolas destruidas, revendidas; las viviendas de los trabajadores ocupadas por turbas que nunca habían sembrado una mata u ordeñado una vaca. El saldo de ese periodo fue muy triste,  desapareció la leche, los productos lácteos y comenzaron a escasear los insumos para la alimentación animal, lo que hizo muy difícil ya desde ese momento que una persona de bajos ingreso tuviese acceso a las proteínas necesarias para su salud. Durante esta fase de expoliación y rapiña a los productores, el régimen, abusando de los altos precios del petróleo, se ufanaba importando alimentos de otras partes del mundo. Lo que antes producían nuestros agricultores ahora venía en transportes pagados con los recursos petroleros. La participación de las importaciones de alimentos en el total se duplicó de 10% a 20%, y más.

Ese fue el primer acto del saqueo agroalimentario: quedaron muchas fincas destruidas, muchos campesinos sin trabajo y que nunca recibieron los títulos de nuevos propietarios que el gobierno tanto había prometido. 

Todo tiene su final: los recursos para seguir en la orgía de importaciones comenzaron a escasear, la mirada de los socialistas se dirigió a otra parte y crearon, en 2004, el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Un nuevo gran negocio con las licencias para importar, la intermediación financiera y la traída de alimentos con fecha de caducidad, sin el menor escrúpulo a través de Pdval. No se trataba de saquear fincas, sino directamente de asaltar el Fisco, obteniendo licencias de importación que el ministerio dizque de la Alimentación manejaba muy cautelosamente a favor de algunos corruptos. Con los cubanos crearon un instituto de pesca, Pescalba, que robó todo lo que pudo y no devolvió ni las espinas del pescado.

Sin embargo, el botín había que compartirlo con los que les permitían continuar en el poder. Allí irrumpió triunfalmente la nueva etapa: todo el poder a los militares. Sin piedad entraron en el saqueo, apadrinados por la Gran Misión Abastecimiento Solidario, bajo la coordinación del Ministerio de la Defensa, paradójicamente en el periodo de mayor hambruna vivido en el país. Los militares se apoderaron gradualmente de todo: fincas, ganado, maquinarias, escudados con sus armas y el beneplácito de las autoridades locales chavistas. Agrofanb es la rebatiña con los créditos, administra 30 hatos ganaderos cuya propiedad es dudosa y además es ostensible el manejo corrupto de la Ley de Semillas.

No habría mucho que agregar ante esta historia de saqueos: acabaron con más de 6 millones de hectáreas productivas (nada de latifundios estériles), exprimieron los recursos fiscales para importar, construyeron grandes fortunas y por último llamaron a los militares a compartir los restos de la orgía, mientras el pueblo padece la peor hiperinflación en alimentos del mundo y 300.000 niños están al borde de la muerte por desnutrición.


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