Desde fuera de Colombia tendemos a analizar el momento que atraviesa la patria vecina, en vísperas de las elecciones que pueden cambiar o afianzar su rumbo político y económico, poniendo de relieve como una de las principales dificultades que enfrenta hoy el éxodo masivo de refugiados que está recibiendo el país, lo que es una consecuencia de la deserción de ciudadanos venezolanos hacia esas tierras. Sin duda que un ingreso inesperado y anárquico en las zonas fronterizas de miles de expatriados hambreados y sin ocupación es capaz de desestabilizar estas regiones en su vida económica, en su estructura y dinámica social y en materia sanitaria y de seguridad ciudadana.
Ello no es poca cosa y, sin embargo, otros temas ocupan aún más las inquietudes de los colombianos por el efecto desestabilizador que pueden tener en la vida nacional.
Hay un factor bastante más contundente que la invasión de ciudadanos venezolanos como elemento disruptor de la evolución de Colombia. Este tiene que ver con la ayuda económica que se origina en nuestro país a actores de la vida política colombiana susceptibles de crear condiciones favorables a la continuación y profundización del tráfico de drogas que hoy se perfecciona entre Colombia y Venezuela.
Este año, las FARC tendrán una presencia viva en el proceso electoral en puertas. Aparte de contar con un candidato a la Presidencia, la organización guerrillera, responsable también de la producción y comercio de sustancias ilegales, inscribió 23 candidatos para el Senado y otros aspirantes para la Cámara de Representantes. Además de estos, otra buena cantidad de políticos activos y aspirantes a cargos legislativos son presionados y financiados por el narcotráfico de manera de asegurarse la facilitación de la tarea en los años por venir.
No cabe duda de que quienes desarrollan tal actividad ilegal en Venezuela, en concomitancia con sus socios colombianos, tienen un interés en el asunto y cuentan con los recursos económicos necesarios para influir en la elección colombiana de manera de salir favorecidos con su resultado. Es así como los dineros provenientes de esta actividad del lado nuestro de la frontera se suman a los colombianos, siendo su capacidad destructiva de gran potencia.
No es necesario subrayar que este es el momento en el que la nación neogranadina apenas hace sus pininos para encaminarse a la normalización de la vida nacional en todos sus componentes, después de medio siglo de barbarie terrorista. Uno de los principales objetivos de quienes la gobiernan debe ser desterrar la incidencia del narcotráfico en la economía y en la vida nacional y, para ello, se requieren de recursos cuantiosos. Desafortunadamente, desde el año pasado, el gobierno de Trump disminuyó sustancialmente su ayuda económica para el combate de esta lacra, y este año se espera un recorte adicional.
Esta es, pues, la hora en que Colombia requiere una mano de sostén en este lado de la frontera y no que, desde nuestro suelo, se apoye la actividad del narcotráfico y, además, se alimente su incidencia en la vida política colombiana.