Unos gastos siempre superiores a los ingresos y con efectos progresivos llevan a la quiebra del Estado: el poder del gobierno, la dictadura no representa que una “nueva vuelta”, la más perfecta, para completar la noria del círculo de la quiebra a la cual el régimen castro social comunista bolivariano ha inducido la República de Venezuela.

Lo que parece en discusión es si se continúa a avanzar hacia una extinción desorganizada del Estado sustentada por el cuerpo social en el cual cada quien busca su propio provecho, donde las bandas privadas, desde la delincuencia organizada al narcotráfico, desde los cogollos partidistas a los así dichos “movimientos de liberación”, configuran un Estado regido por diferentes “familias” de mafia que intentan hacerse cargo de la situación transfiriendo el interés público en beneficio privado: se ha roto el hilo constitucional, se ha producido el desmoronamiento de las instituciones, la administración de la justicia es una cuestión de azar con jueces comprados o corruptos, y tal  como se averiguó en la República de Génova a mediados del siglo XIV, los ciudadanos, salidos del pueblo, estarían obligados a asumir la responsabilidad directa de la administración de los asuntos públicos, privando de todo poder a los gobernantes y a los “políticos” en general porque por manifiesta  malversación y corrupción de ellos, la “economía estatal” había cesado de existir.

La incapacidad y la improvisación son un común denominador de los actores y asumen una tal dimensión que hasta para contratar la reestructuración de la deuda externa el gobierno castrocomunista bolivariano requiere la asesoría e intervención de Rusia, mientras que la oposición la de una firma calificada de consultores estadunidenses: ambos actores de la política nacional profesan una sumisión voluntaria a la dependencia del extranjero sin que hayan definido a priori, a través de previo y ponderado análisis, una estrategia para una programación de recuperación selectiva de la economía, tal que permitiese el logro de un superávit con el cual garantizar el pago de la cuota lograble con los acreedores, independientemente de posibles reducciones del endeudamiento (capital e intereses). Cabe destacar que el procedimiento escogido deja a los financistas las decisiones sobre formas y modalidades que aseguren los recursos para el cumplimiento de las obligaciones venezolanas, es decir que ellos deciden sobre la calidad y tipificación del desarrollo del país, su dependencia tecnológica y financiera, el nivel de vida de los venezolanos, el alcance efectivo del ejercicio de la soberanía.

Todo esto en un contexto en el cual el liderazgo del cambio político no aclara, en forma inequívoca para su misma definición democrática, si la salida del “ocupante” de Miraflores implica contextualmente la eliminación de las superestructuras del castro social comunismo bolivariano, soportes  fundamentales de la dictadura.

Es fácil decir que esta sería tarea del “gobierno de transición” hasta nuevas elecciones. ¿Pero, de cuál transición: de un movimiento civil que fuese respaldado por los militares o, al contrario, de un movimiento militar respaldado por los civiles? ¿No ha sido este último planteado con la intentona del pasado 30 de abril por Maikel Moreno (presidente del TSJ, principal responsable de las persecuciones judiciales de la tiranía) y por Vladimir Padrino López, (ministro de la Defensa, responsable material de los crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional), como presunto intento de sustituir Maduro y con la participación de parte importante del PSUV?

Este golpe sin éxito por la denuncia realizada por el presidente interino el Primero de Mayo, o ficción de golpe como otros han interpretado, ha otorgado al régimen el pretexto para maximizar su represión bajo cualquier forma en contra de la mayoría de los venezolanos, y obstaculizar ulteriormente la oposición en su aspiración a legitimar un gobierno democrático mediante elecciones libres y transparentes, en conformidad y con los requisitos definidos por la Constitución vigente y la acción propiciadora de la Asamblea Nacional, única institución legal y democrática que queda en la República.

¿Pues, qué significado asume el nuevo diálogo iniciado en Noruega? ¿Es el reconocimiento de una debilidad determinada por la imposibilidad de enfrentar las armas de los irregulares y mercenarios de todo tipo, los militares cubanos, es decir de las fuerzas extranjeras que soportan el régimen dictatorial o, al contrario, la explícita renuncia a la propia identidad democrática con el estado de derecho y la decisión sorpresiva de cohabitar con la dictadura castro social comunista bolivariana y a cuáles condiciones?

Esta es una realidad que está enmarcada en el escenario internacional que los venezolanos deben y pueden modificar con decisiones que pasan del ámbito nacional y que encajan en la geopolítica regional y mundial porque se trata de salir de un Estado narco militarizado que perturba sensiblemente  la paz y los equilibrios geopolíticos existentes y que transforma el Estado-nación de Venezuela en una anarquía, una estructura territorial política y social que se ubica fuera de los requisitos definidos en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas.

El proyecto político bolivariano y el régimen dictatorial instaurado han inducido a la pérdida de la identidad y soberanía, es decir, a condiciones de excepcional gravedad que posiblemente no se pueden resolver con un “simple gobierno de transición”, sino que requieren “un gobierno de excepción”.

Nuestra dignidad de hombres, nuestras prerrogativas de ciudadanos libres e independientes de las cuales hemos sido privados, los valores y los principios  éticos que permitieron la constitución de la República, nuestra historia y cultura, nuestro presente y nuestro futuro lo exigen.