La pregunta mediante la cual el presidente Maduro interrogaba al país en cadena nacional sobre qué más quieren los empresarios –quienes, a su juicio, han recibido ya todo, y en abundancia– revela dos cosas: la primera, una marcada prepotencia y un radical error conceptual al pretender adjudicarse la propiedad de todos los bienes y activos de la nación, pudiéndolos repartir en consecuencia y a su arbitrio. La segunda, su equivocado concepto sobre la figura del empresario y la esencia de empresariado.

Enrique Sánchez –maestro del empresariado venezolano, fallecido en 2012– definió claramente al empresario al decir que se trata de alguien que arriesga su trabajo y su capital para suministrar a la colectividad un bien o un servicio, alguien con principios, capacidad de hacer y de innovar, de tomar riesgo, de planificar y ejecutar, con conocimiento del negocio y del mercado, con espíritu competitivo, perseverante, honesto, solidario, obsesionado por los resultados y la búsqueda de la calidad.

En su libro Joven, empresario es, publicado en 1990, Enrique Sánchez se refiere a algo especialmente oportuno en esta hora: los espacios de relación del empresario con el Estado. “No cometas la imprudencia de participar en actividades que necesiten la protección gubernamental para poder subsistir, porque siempre estarán sujetas a los caprichos cambiantes de la política económica”, dice. Es su declaración frente a la tentación de acogerse a formas de paternalismo y dependencia. “El mayor bienestar económico es inversamente proporcional al mayor grado de intervención”, advierte.

Enrique Sánchez estaría, sin duda, de acuerdo en sumarse a lo que esperan los empresarios: respeto a las libertades y al Estado de Derecho, un sistema judicial que opere con independencia y probidad, reglas de juego claras y estables, políticas que estimulen el trabajo y la productividad. La aspiración de los empresarios coincide en este punto con los planteamientos del Grupo de Boston y los expertos reunidos hace solo un mes en Harvard, planteamientos recogidos en el “Acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso económico”.

En lo económico, el acuerdo, analizado el pasado viernes en el IESA, pone el acento en las acciones orientadas a elevar la calidad de vida de los venezolanos, analizadas en tres fases: la atención de la emergencia humanitaria, la estabilización de la economía y las reformas estructurales. En materia de políticas para empoderar a los ciudadanos y garantizar el acceso a los servicios públicos se declara la necesidad de sustituir el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano de trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa. Se declara también la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de estímulo a la producción mediante el diálogo constructivo entre la sociedad civil y el sector privado organizado. El documento comprende también acuerdos en materia de política de hidrocarburos, políticas sociales y políticas en seguridad.

No es la primera iniciativa que se formula como propuesta de un camino a seguir. Lo hizo Conindustria en noviembre de 2017 con su documento La ruta: hacia una Venezuela industrializada. Lo han hecho reiteradamente Fedecámaras, Fedeagro, otras organizaciones empresariales. Lo han hecho las universidades, las academias, los movimientos sociales. El presidente Maduro ofrece ahora presentar ante la cuestionada asamblea nacional constituyente el denominado Plan de la Patria. La diferencia es clara: unos son planes para corregir el rumbo, para salir de una situación insostenible y avanzar; el otro, para reincidir, para insistir en el error y en las causas del fracaso.

Los verdaderos empresarios apuestan por un plan para crecer, convocando el esfuerzo de todos, preservando los derechos y la libertad, cultivando la dignidad, no la dependencia ni la arbitrariedad.

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