En mi anterior artículo registraba que estábamos en presencia de una rebelión democrática de carácter nacional, de una de transversalidad sin precedentes en la Venezuela moderna. En la misma participan ciudadanos de todas las procedencias sociales, políticas, culturales y geográficas. No es una exageración concluir que se trata de un real movimiento nacional a favor del cambio democrático.
La rebelión no ha parado de crecer e incrementarse hasta colocar al régimen en una situación de aislamiento nacional e internacional que de continuar adelantaría su salida del poder.
En una primera etapa que podríamos dar por concluida el 1° de mayo, el gobierno ha respondido a las protestas y reivindicaciones del movimiento democrático, conducido por la MUD, con una represión desmedida, cruel y violatoria de los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía.
Ciertamente, el uso de la represión le ha sido inútil y contraproducente al régimen, por tanto algo se esperaba y algunas movidas se rumoreaban, entre ellas el posible anuncio de un cronograma electoral. Informaciones provenientes del CNE registraban que no había en marcha ningún proceso de preparación de elecciones.
Y por fin se desveló el plan del régimen para enfrentar la monumental crisis política en progreso: escalar el conflicto mediante la convocatoria de una asamblea constituyente comunal. Nada de cumplir con los compromisos acordados en diciembre en el marco de las conversaciones gobierno-oposición con facilitación del Vaticano, Unasur y los ex presidentes. Nada de volver al imperio de la Constitución, nada que descomprima la situación y facilite una salida institucional y pacífica. Profundizar la revolución es la política.
Convocar un proceso constituyente de manera parcial, sin el debido consenso nacional sobre sus objetivos y fines y sin acuerdo sobre sus bases es un error y lejos de coadyuvar a mitigar o resolver la crisis es echarle gasolina a la candela.
Pero, si lo anterior fuese poco, cuando se conoce que lo que se propone es reflotar el proyecto de Estado comunal –derrotado en el referéndum de 2007 con Chávez en la presidencia– y usarla para terminar de desconocer la Constitución vigente y al Parlamento electo en 2015 y conferirle un manto de legalidad a la dictadura no queda otro camino que continuar la rebelión.
En ese proyecto de constituyente comunal concurren elementos claros de inspiración fascista por su composición corporativa y de influencia del poder popular castrista por la ausencia de pluralismo político expreso en su elección.
¿Tendrá viabilidad la maniobra oficialista? Suponemos que piensan afirmativamente, también pueden considerar que reforzaría su capacidad de negociación.
Podrá tener éxito la nomenclatura chavista en un asunto en el cual Hugo Chávez no pudo, me refiero a imponer el Estado comunal. En 2007 el régimen estaba en su mejor momento, Chávez venía de su mejor resultado electoral, el gobierno contaba con la capacidad financiera de sobra para hacer clientelismo político (otros lo han llamado “soborno social”), la revolución chavista era vista con simpatía o benevolencia en la comunidad internacional. En fin, eran tiempos de hegemonía chavista. Y sin embargo perdió el referéndum.
Una década después, el chavismo vive sus peores tiempos, ha perdido su hegemonía sobre el cuerpo social y la mayoría determinante del país quiere elecciones para sacarlos del poder. Además, no poseen los instrumentos para cambiar a su favor la voluntad ciudadana. Hoy ejerce dominación pura y dura sobre la nación apalancado en la razón de la fuerza. Por tanto, no creo que el chavismo tenga éxito con esta nueva maniobra, de lo que sí estoy convencido es que en la búsqueda de materializar su quimera puede hacer todavía mucho daño.
Para abortar los designios del régimen, la dirigencia opositora debe actuar unida, con firmeza, realismo, pragmatismo y sin complejos. Jugar en todos los tableros necesarios para procurar una salida pronta y con los menores traumas posibles. Me parece que algunos pecan de un infantilismo pernicioso cuando rechazan por principio cualquier tipo de contactos con el adversario. A los efectos de refrescar la memoria de algunos debo recordarles que el acto final que concluyó la penúltima dictadura fue una negociación entre el general Pérez Jiménez y los alzados. En la misma este último les solicitó a sus interlocutores garantías para él y los suyos de poder abandonar territorio nacional, esas garantías les fueron cumplidas y sobrevino el 23 de enero evitando más derramamiento de sangre y destrucción.