El titular del 17 de diciembre fue: “Tres generales: Las fuerzas armadas deben prepararse ya para una insurrección en 2024”. Se trataba de un artículo de opinión en The Washington Post bajo la pluma de tres generales del ejército retirados, con más de 30 años de servicio cada uno.
El lunes de la semana siguiente, el Pentágono publicó un conjunto de normas para restringir el extremismo en las filas militares, que prohíben a quienes están en servicio involucrarse en actividades (políticamente) extremistas y pueden ser castigados por defender contenido extremista en Internet, incluido darle “me gusta” a tales contenidos en las plataformas de redes sociales.
Tanto el artículo como las medidas del Pentágono tienen que ver con la cercanía del aniversario del infame acto de insurrección del 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos, cuando un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump irrumpió violentamente en el recinto legislativo para tratar de impedir el conteo de los votos de los colegios electorales a través de los cuales se elegía a Joseph Biden como el actual presidente de la nación. Más de 10% de los incriminados por haber participado en la revuelta antidemocrática han prestado servicios en las fuerzas armadas, algo que destacan los generales retirados en su artículo. También resaltan que 124 oficiales retirados publicaron un manifiesto haciéndose eco de los falsos ataques de Donald Trump contra la legitimidad de las elecciones estadounidenses.
“Recientemente -y quizás más preocupante-, el brigadier general Thomas Mancino, comandante general de la Guardia Nacional de Oklahoma, se negó a acatar un mandato del presidente Biden que ordena a todos los miembros de la Guardia Nacional a que se vacunen contra el coronavirus”, escribieron los tres generales en el The Washington Post. “Mancino alegó que mientras la Guardia Nacional no esté siendo movilizada por el gobierno federal, su comandante en jefe es el gobernador republicano del estado, no el presidente”. Oklahoma se ha opuesto a la vacunación obligatoria estipulada por Biden para quienes trabajen para el gobierno federal en ese y todos los estados y el general Mancino ha adoptado la posición en contra defendida por el gobernador de esa entidad.
Además del tema que abordan el artículo y la decisión del Pentágono, algo que me llama la atención es el poco interés que ambos tuvieron en los medios de comunicación estadounidenses y, presumo, en el resto del mundo, a pesar de la trascendencia que tienen. En Estados Unidos, sobre todo por la persistencia del trumpismo en negar que su máximo líder fue derrotado en los comicios presidenciales y por la creciente adhesión de los republicanos a causas antidemocráticas -tanto por acción como por omisión-, los medios tradicionales de comunicación mencionan frecuentemente el tema del riesgo que corre en estos momentos la democracia en el país, pero en mi opinión, no ha habido una discusión a fondo de cómo y por qué ello pudiera ocurrir. En el caso de estos dos hechos noticiosos, no hubo siquiera lo que en el argot periodístico venezolano se llama un “segundo día”, hacerle seguimiento a la noticia. Los programas dominicales de opinión tampoco lo abordaron.
Mi percepción es que los periodistas (no tanto los comentaristas de la prensa escrita) evaden la discusión, por un lado, porque siguen pautas tradicionales (un tanto comerciales) de lo que es noticia y del respeto por la diversidad de puntos de vista, cualesquiera que ellos sean, y por el otro, por una quizás equivocada creencia de que la democracia estadounidense aguanta todo, una confianza desmedida en las instituciones, una exagerada autoestima estadounidense, reflejada de algún modo también en los dirigentes políticos.
Pero los tres generales, Eaton, Taguba y Anderson, ponen el dedo en la llaga, no solo frente a la urgencia con la cual los propios militares deben actuar para prevenir una insurrección que pudiera ser exitosa a propósito de las elecciones presidenciales de 2024; también claman porque la dirigencia civil tome las medidas del caso.
Que las fuerzas armadas no estuvieran preparadas para los eventos del 6 de enero de 2021 (las fuerzas policiales tampoco) fue impactante y preocupante, dicen estos altos oficiales. “El secretario de Defensa interino de Trump, Christopher C. Miller, testificó que deliberadamente retuvo la protección militar del Capitolio antes del 6 de enero. Según reportes, el general del ejército Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, se apresuró a garantizar que las cadenas de defensa nuclear de la nación estuvieran a salvo de órdenes ilegales. Es evidente que todo nuestro ejército fue tomado por sorpresa”.
(Miller quiso asegurarse que los jefes de cada fuerza militar le informaran sobre órdenes, incluso de Trump, que tuvieran que ver con la defensa nuclear, antes de ser ejecutadas. Según el libro de Bob Woodward y Robert Costa, Peril, le iba preguntando uno a uno a los jefes de fuerza si habían entendido su orden y esperaba por cada respuesta hasta preguntar al siguiente. La entonces jefa de la CIA, Gina Haspel, consultó por esos días al general Milley sobre qué hacer en un escenario en que Trump quisiera iniciar una guerra con una potencia extranjera para obtener apoyos personales).
La preocupación principal de los generales articulistas es que, por la polarización política presente, que puede haber permeado las fuerzas armadas, se produzca una crisis en torno a qué comandante en jefe hay que obedecer, si un recién electo Biden da órdenes o las da un Trump (o un candidato de su talante) que emita órdenes de un supuesto gobierno de sombra, con políticos en los estados y en el plano nacional erigiendo al candidato perdedor como presidente. Advierten que se corre el riesgo de una guerra civil y de que en medio del caos militar, los enemigos externos quieran tomar ventaja del asunto y lanzar un ataque a activos norteamericanos o a los aliados de Estados Unidos.
Respecto a las fuerzas armadas, proponen que el Pentágono ordene de inmediato un repaso cívico para todos sus miembros, uniformados y civiles, “sobre la Constitución y la integridad electoral. También debe haber una revisión de las leyes de la guerra y cómo identificar y tratar las órdenes ilegales. Y se debe reforzar la ‘unidad de mando’ para dejar perfectamente claro a cada miembro del Departamento de Defensa a quién responden. Ningún miembro del servicio debe decir que no entendió de quién recibir órdenes durante el peor de los casos”.
Indican que debe acentuarse la labor de inteligencia en todas las ramas de las fuerzas armadas. “El objetivo debe ser identificar, aislar y eliminar posibles amotinados; protegerse contra los esfuerzos de los propagandistas que utilizan la desinformación para subvertir la cadena de mando; y comprender cómo esa y otra desinformación se propaga a través de las filas después de que es introducida por los propagandistas”.
Ven tan serio el asunto que proponen que el Departamento de Defensa realice juegos de guerra, teniendo como escenario “la próxima posible insurrección postelectoral o intento de golpe de Estado” para identificar puntos débiles. “Con el país dividido como nunca, debemos dar pasos para prepararnos para lo peor.”
El artículo transmite lo que uno percibe en el tratamiento que los medios de comunicación masiva le dan al tema, así como la suficiente urgencia con la que la dirigencia política lo debería considerar. Hasta ahora, ha habido alrededor de un centenar de acusaciones, procesos de detención y enjuiciamiento de participantes en la incursión violenta del 6 de enero en el Congreso. Pero como lo advierten estos militares: “Ni un solo líder que lo inspiró ha rendido cuentas. Nuestros funcionarios electos y aquellos que hacen cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia, el comité selecto de la Cámara de Representantes y todo el Congreso, deben mostrar más urgencia”.
Biden tiene una muy amplia variedad de políticas que desea implantar, con una mayoría de un solo voto en el Senado y de ocho en la cámara baja, sin ataduras de líneas partidistas. Las necesidades son demasiadas, agravadas por la pandemia. En menos de un año, ha logrado que el congreso apoye con respaldo bipartidista billones de dólares (trillones, en inglés) para atacar la pandemia en todos sus frentes y un nuevo plan de infraestructura, el primero en décadas. Ahora está concentrado en tratar de aprobar dinero para programas sociales, algunos inéditos en Estados Unidos, como el de la licencia por maternidad, con absoluta resistencia de los republicanos y de difícil negociación entre los propios demócratas. Pero su base electoral está muy preocupada por los derechos civiles de las minorías raciales, donde el derecho al voto juega el más importante papel, que los gobiernos republicanos de varios estados han buscado restringir. Algunos de estos estados controlados por republicanos han apuntado a aprobar leyes que permitan a las legislaturas objetar y cambiar resultados electorales que no les sean de su agrado. Y ese es uno de los escenarios que los generales articulistas desean prevenir y del cual exigen que los civiles tomen cartas en el asunto.
Los medios de comunicación se pierden en el tratamiento de tantos problemas y a ello se añade la desinformación imperante en las redes sociales, que hace más difícil encontrarles solución a muchos de ellos, particularmente el de la pandemia de coronavirus y la resistencia a las vacunas y a las medidas de mitigación. En este maremágnum de cosas, se ubica en un lejano plano la prioridad de medidas a tomar para defender la democracia, cuya discusión pública los mismos medios pueden promover.
Los medios tradicionales tienen ahora un inmenso reto frente a las redes sociales y a las diversas plataformas digitales. Les toca asumirlo, porque son los que tienen la capacidad de profundizar en los temas que realmente son de interés para la sociedad.
@LaresFermin