La pesadilla de Scott Warren no ha terminado. Fiscales federales de Estados Unidos decidieron el 2 de este mes volver a juzgar al defensor de derechos humanos que enfrenta 20 años de cárcel por dar agua a migrantes que intentan cruzar el desierto entre ese país y México.
El 11 de junio, después de deliberar 15 horas, un jurado de Arizona no pudo llegar a un acuerdo unánime sobre los cargos contra el voluntario de la ONG No Más Muertes y el juicio fue anulado.
“Al decidir organizar un juicio completamente nuevo contra el doctor Scott Warren, el gobierno de Trump está doblando sus ataques contra las personas defensoras de derechos humanos que están haciendo el trabajo necesario y que salva vidas en la frontera México-Estados Unidos”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Warren, profesor de Geografía en la Universidad del Estado de Arizona, trabaja para impedir que mueran de sed migrantes que atraviesan el desierto de Sonora camino a Estados Unidos.
Junto con otros activistas de la ONG, les deja bidones de agua en el desierto y medicinas para que esas personas no formen parte del 40% de las muertes en esa zona de la frontera.
El polémico caso de Scott Warren, que Amnistía Internacional considera “parte de una campaña más amplia de hostigamiento e intimidación del gobierno de Estados Unidos por motivos políticos”, llevó a la organización mundial pro derechos humanos a pedir que se retiraran los cargos contra el voluntario, solicitud que también hicieron por escrito más de 126.000 personas antes de la decisión del 2 de julio de volver a juzgarlo.
El caso, subrayaron esta semana relatores especiales de las Naciones Unidas, podría marcar el futuro de la ayuda humanitaria en la frontera estadounidense con México.
“El juicio de Scott Warren representa una escalada inaceptable de los actuales patrones que penalizan a los defensores de los derechos de los migrantes a lo largo de las rutas de las caravanas de migrantes”, declararon.
La acción contra Scott Warren y su cruzada para que migrantes no mueran de sed constituiría también una violación del derecho humano al agua, cuyo uso más importante, por cierto, es el referido básicamente al consumo humano corporal, como afirma el catedrático venezolano Jesús Ollarves Irazábal en su libro El derecho humano al agua y al saneamiento (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, Caracas 2015, pp. 452). “Es imposible reconocer el derecho a la vida sin reconocer el derecho al agua”, dice.
El caso del profesor de 36 años de edad ha llegado a todos los lugares del mundo y personajes como Kim Kardashian se han solidarizado con él en sus redes sociales. Porque evitar muertes no es un delito y la pesadilla de Scott tendrá que terminar.