Todos conocemos la importancia de los partidos políticos en el seno de las sociedades modernas. Ellos constituyen la herramienta fundamental para impulsar la vida política, que es al fin y al cabo la rectora de la vida social. En las sociedades democráticas, los partidos políticos constituyen los pilares fundamentales de la gobernabilidad y de conducción del Estado.
Como toda obra humana, los partidos políticos tienen la impronta de los hombres y mujeres que los constituyen, los lideran y los impulsan. Son una agrupación de personas que, identificados bajo una cosmovisión, compartiendo un conjunto de valores y principios, comprometidos con un programa común, se unen para incidir en la conducción de una sociedad, acceder al poder y desde allí poner en práctica sus valores ejecutando su programa político. Hay diversas clases de partidos políticos. Los hay democráticos, autocráticos, históricos, ideológicos, populistas, caudillistas, aluviales, instrumentales, franquiciados, etc.
No es mi objetivo en este artículo profundizar sobre el tema. Solo enuncio algunos elementos que nos permitan avizorar la importancia que estas instituciones tienen en la vida política, y destacar la razón por la cual la dictadura chavo-madurista se ha empeñado en hostigar, intervenir, clausurar y manipular los partidos políticos en Venezuela.
La existencia de medio siglo de vida democrática en nuestro país convirtió a la institución del partido político en una organización natural a la vida social, pero a la vez fundamental a la vida política. Lo que acontecía en cada partido era importante para el conjunto de la sociedad. Sus aportes a la construcción de la sociedad democrática, su quehacer permanente como centros de educación cívica de la sociedad, sus esfuerzos por la formación de equipos humanos para la conducción del Estado. También era centro de atención sus conflictos, divisiones, escándalos y desviaciones.
Desde la llegada al poder de la izquierda radical militarista en 1999, comenzó toda una operación de hostigamiento y aplastamiento de los partidos políticos, que ha llegado a niveles mayores en estos últimos meses del régimen socialista.
Con la Constitución de 1999 se dio el primer paso. Se estableció una norma para prohibir todo tipo de financiamiento público a los partidos políticos.
A comienzos de siglo se desarrolló una campaña de demolición moral y política a los partidos históricos, para aprovechar el ambiente de mayoritario rechazo existente para el momento. Se les invadieron sus sedes, como una forma de confiscarles su patrimonio, sin que autoridad alguna lo impidiera. Se pretendía su desaparición.
A los nuevos se les hacia todo tipo de mofa desde los medios de comunicación del Estado. A todos se les creaba un cerco económico para limitarles el acceso a recursos financieros y materiales con los cuales cumplir su quehacer, hasta llegarse al extremo, de que el partido de gobierno dispone de todos los recursos del Estado, y a los de la oposición se les asfixia en todos los sentidos.
Hugo Chávez pretendió en el campo de la izquierda radical eliminar a todos los partidos que no estaban bajo su control directo. Ese fue el espíritu que le animó con la creación del PSUV. Primero se le llamó Partido Socialista Único de Venezuela. Hubo algunos partidos de la esfera gubernamental que se resistieron a tal pretensión, especialmente el histórico Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, usando el sistema de justicia y al Poder Electoral, fueron intervenidos partidos que se resistían a los dictámenes de Miraflores. Aquí destacan los casos de los partidos Podemos y Movimiento Electoral del Pueblo.
Luego de la derrota de la dictadura en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, el régimen ha retomado con toda fuerza la tarea de hostigar a los partidos políticos, pero ahora han entrado con especial fuerza contra los de la oposición democrática.
La primera víctima de esa política ha sido mi partido socialcristiano Copei. Aprovechando diferencias internas y conflictos de dos de sus directivos, el régimen interviene a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a la organización, le nombra una junta directiva y llega hasta el extremo de seleccionarle a su representante ante el Poder Electoral para que formule las postulaciones de candidatos, en abierta violación a sus estatutos, y a la naturaleza de este tipo de instituciones. Lo somete de tal manera que permite se le usurpe su tarjeta, que es su herramienta de participación electoral.
Luego, la utilización del sistema de justicia se enfila contra el partido instrumental Mesa de la Unidad Democrática. Tribunales penales direccionados desde la camarilla gobernante son utilizados para impedir su participación en procesos electorales. Después, desde el TSJ y el CNE se les cancela a todas las organizaciones políticas opositoras su personalidad jurídica, obligándolas a un proceso de relegitimación, mediante la movilización de militantes ante funcionarios del CNE, para poder continuar existiendo legalmente. Ocho meses del año pasado fueron consumidos en ese extenuante proceso. Pero luego de la elección de alcaldes, nuevamente, y sin base legal alguna, solo por el capricho de la camarilla, se vuelve a ilegalizar a los partidos que no postularon candidatos, obligándolos a un nuevo proceso de legitimación. De esa persecución quedan ilegalizados Primero Justicia y Voluntad Popular.
Con un cuadro de partidos intervenidos, clausurados y hostigados es imposible desarrollar una vida política normal. La dictadura ha perdido todo pudor. En su comienzo, trataban de guardar ciertas formas. Ahora ya no se molestan por ello. Su único objetivo es perpetuarse en el poder. Partido incómodo se le ilegaliza, se le somete, se le interviene. Dirigente con liderazgo se le inhabilita, se le encarcela o se envía al exilio. Solo se permite actuar a quienes “colaboran” con el régimen. Ello nos ha cerrado la vía electoral.
Nuestra lucha debe continuar hasta lograr que la dictadura acceda a respetar a la disidencia y a concurrir a un proceso electoral auténticamente democrático.