El país atraviesa la más difícil situación socioeconómica de su historia. El régimen totalitario que mal gobierna carece de legitimidad de origen y desempeño. Quienes gobiernan un país deben disponer de credibilidad y legitimidad frente a los ciudadanos y de ello está falto el régimen venezolano, que impunemente y sin remilgos de ninguna clase basa su permanencia en el poder en el uso de la fuerza con la secuela de males que ello significa: persecución, detenciones arbitrarias, sentencias judiciales amañadas e injustas, represión, opresión, irrespeto a los derechos humanos, muerte, desolación, dolor, desapariciones físicas y, a través del uso de mecanismos coercitivos, la destrucción y transformación de ideas, valores e instituciones que predominaban en la sociedad venezolana antes de que los tiranuelos que gobiernan tomaran el poder e instauraran su proyecto hegemónico.
A esto se suma el colapso económico, caracterizado por una exacerbación del rol del Estado en la economía y la puesta en práctica de desacertadas políticas públicas que han causado fuertes desequilibrios macroeconómicos, responsables estos de la elevada inflación que padecemos, de la destrucción del aparato industrial, la merma de la capacidad de producción doméstica, la alteración negativa de los niveles de rentabilidad del sector productivo, fuga de capitales, corrupción, estancamiento y contracción del PIB, la escasez; todo ello origen y fundamento del creciente deterioro del nivel de vida que afecta a la gran mayoría de los ciudadanos, que igualmente padecen los efectos de la crisis humanitaria que ha desatado la incongruencia gubernamental que los priva del derecho a la salud, la alimentación y la disponibilidad de los bienes y servicios básicos para la vida cotidiana.
Por si fuera poco, la desmesurada violencia punitiva desatada por el régimen que se expresa en la intolerancia hacia la disidencia, la coacción y el desconocimiento de los fueros constitucionales de los opositores, un desmesurado incremento de la cantidad de presos por razones políticas sin que se les confiera el derecho a un juicio justo y al debido proceso, la inconstitucional defenestración de servidores públicos cuyo delito principal ha sido el no cohonestar y justificar los írritos abusos del régimen. Asimismo, la persecución, destitución, aplicación de medidas cautelares, inhabilitación política, apresamiento ilegal y orden de captura a varios alcaldes y gobernadores opositores, elegidos por el voto popular. En otras palabras, la desaparición, forzada por el régimen, de la legalidad, el respeto a las personas, a las leyes e instituciones.
Por todo esto, todos los días, cientos de venezolanos deciden abandonar el país, dejando atrás sus querencias, familias y hogares para emigrar hacia otras naciones más prósperas. Buscan, con ello, fundamentalmente la libertad de usar su libre albedrío, para luchar por un futuro sin temores y angustias por la inseguridad reinante en el país y sin tener que soportar las carencias y vicisitudes, derivadas de la incoherente inacción de un gobierno corrupto e inepto. Se van del país por muchas y variadas razones, pero fundamentalmente porque sienten que la necesidad de tratar de vivir una vida digna sin pobreza, inseguridad, corrupción y temor, no puede ser satisfecha por el régimen totalitario y decadente que campea en Venezuela. El emigrante venezolano rechaza la discrecionalidad del Estado en los asuntos económicos, que ha generado la desaparición del Estado de Derecho, la creación de una enorme, costosa, ineficiente y torpe burocracia; una deuda pública que crece exponencialmente; la caída de la inversión privada, lo que a su vez ha causado la dolorosa pérdida de puestos de trabajo y de la producción nacional. Rechaza también la odiosa y perversa situación de privilegios especiales de todo orden, creada por el Estado para el beneficio exclusivo de los grupos asociados al gobierno. Finalmente, el venezolano que decide irse lo hace porque siente que no es gobernado de forma igualitaria, transparente, democrática y participativa.