En Venezuela las discusiones económicas se reciclan, parecen modas que vuelven, pero la falta de voluntad política hace que el problema no se resuelva. Uno de esos temas ha sido el precio de la gasolina y los derivados petroleros. Ahora resulta que la asamblea nacional constituyente quiere debatir sobre el asunto.

El subsidio a la gasolina es regresivo, no les genera valor a los más pobres. Una persona que utiliza el transporte público en Caracas y paga diariamente 1.400 bolívares (suponiendo que toma uno de ida y otro de regreso), paga en un día lo que le tomará cancelar en semanas a los que tienen vehículo. Esos 1.400 bolívares de apenas 2 viajes compran el equivalente a 1.400 litros de gasolina (91 octanos), más de 30 tanques de gasolina de un vehículo mediano.

Otra manera de ejemplificar esa absurda distorsión en el precio de la gasolina es que mientras una cisterna con capacidad para transportar unos 30.000 litros de gasolina de 91 octanos se vende en Venezuela por 30.000 bolívares (1 bolívar el litro), en Colombia puede ser vendida por 22.800 dólares (y pagada en Venezuela con un “quarter” de Estados Unidos). Si bien es cierto que este es un negocio muy rentable para quien realiza contrabando de gasolina, para el Estado venezolano se está convirtiendo en una carga cada vez más pesada. Ya KPMG en su auditoría del informe de Pdvsa de 2016 alerta al respecto.

Pdvsa, entre 2012 y 2016, registró pérdidas por 2.679.097 millones de bolívares (47.379 millones de dólares) por atender el mercado local con precios muy por debajo de sus costos de producción. Esa cifra representó 35% del financiamiento monetario del BCV a Pdvsa en el período. Al final, este subsidio les sale muy costoso a los venezolanos en términos de inflación. Aunque vaya en contra de la creencia de muchos, acabar con el subsidio del precio de la gasolina ayudaría al combate contra la inflación.

¿Qué se debería hacer? En el mundo hay un precedente muy interesante con respecto a este tema, que es el caso de Irán (ayudado por el FMI), que disminuyó gradualmente el subsidio a los combustibles y repartió entre la parte de la población más necesitada (y además los bancarizó) un porcentaje de los ingresos que recibe por la venta de esos combustibles.

Indudablemente, Venezuela tiene que hacer algo para solucionar el problema (tanto financiero como ambiental). Una solución sería introducir una “regla de ajuste”, según la cual el precio varíe (en este caso al alza) todos los meses (o semanas o días) tomando en cuenta la inflación del período (y/o también utilizando la variación de la tasa de cambio o de los costos de producción de Pdvsa). Podría arrancar como un plan gradual que lleve en una primera etapa a que Pdvsa no pierda dinero vendiendo en el mercado interno (igualando el precio del producto con su costo de producción) y luego ir moviendo esos precios lo más cercano posible a los precios internacionales.

¿Por qué el empeño del actual gobierno en seguir regalando la gasolina, el diésel, el asfalto, etc., en Venezuela? Sin lugar a dudas, dentro del gobierno hay un grupo que se aprovecha de la diferencia de precios de esos productos petroleros en Venezuela versus el de los países vecinos, y se beneficia de su comercio (ilegal). El argumento (interno del gobierno) para mantener tan bajos los precios de esos productos petroleros pareciera ser el mismo que utilizan para defender el control de cambio y, sobre todo, la tasa Dipro (dólares a 10 bolívares): es una importante fuente de ingresos para un sector en el poder. La decisión de aumentarles el precio a esos productos debería ser estrictamente de índole económico-financiero (el deterioro financiero de Pdvsa es muy grande y preocupante); sin embargo, las presiones políticas (clientelares) no dejan que esto ocurra. Mientras tanto, la situación de Pdvsa empeora, con ello el déficit fiscal en Venezuela y todo lo que eso trae como consecuencia.


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