Es tarea urgente y de prioritaria atención abordar la identificación y recuperación de activos que pertenecientes al Estado han sido sustraídos mediante operaciones ilícitas conocidas como “lavado de dinero”, “lavado de activos” o “blanqueo de capitales”, pues gran parte de la tragedia que vive Venezuela está radicada en esos hechos que han llevado al país de ser una potencia económica a transformarse en un caos humanitario de gente que muere de hambre, de falta de medicamentos y de toda clase de penurias.
Hasta ahora nuestra legislación no cuenta con las suficientes herramientas jurídicas propias para atacar el problema, solo existe un Anteproyecto de Ley de Recuperación de Bienes Producto de la Corrupción que ha sido producido por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, pero mientras dicho instrumento legislativo llegue a alcanzar el rango de ley y tengamos un gobierno democrático y decente que la aplique, la delincuencia continúa el saqueo, crimen este de lesa humanidad que parte desde las más altas estructuras del Estado llegando a infectar hasta los niveles más bajos de la misma.
Es ese el origen de la tragedia venezolana, los recursos nacionales robados han sido trasegados al sistema bancario de muchos otros países para ser lavados, es decir, para ser legalizados a favor de los ladrones, y esto debe ser de urgente atención pues no es tarea que se vaya a poder realizar de un día para otro, hay que comenzar ya, ahora mismo, a ejecutar acciones para la recuperación de esos activos y ello en estos momentos solo será posible con la utilización de los instrumentos legales de carácter internacional que están disponibles, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción, entre otros. Es una actividad que se debe abordar ahora mismo, y corresponde impulsarla al Ministerio Público, que representado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha dado ese gran paso de querellar al señor Nicolás Maduro Moros, quien desde la Cancillería primero y la Presidencia de la República después, aparece comprobadamente involucrado en el caso Odebrecht, razón por la cual le abrió una investigación que ha sido aprobada por el Parlamento con la consiguiente autorización para su persecución penal que conlleva a la separación del cargo.
El hecho del proceso a Maduro plantea la posibilidad cierta no solo de aplicar el castigo que corresponde, sino además de buscar el dinero del que ilícitamente se ha apropiado contratando y pagando obras que no se ejecutaron, todo lo cual tiene como punto de partida el mencionado proceso judicial penal que se lleva en Brasil. También se marca ruta para los tantos otros casos que hay en muchos otros lugares y cito como ejemplo el que se ventila en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, donde estamos ante la increíble escena de un gigantesco robo cuantificado en 10.000 millones de dólares de Pdvsa, es decir, de dineros de la nación que una banda transnacional se ha robado durante 14 años, y que utilizando el sistema de justicia norteamericano otro grupo de bandidos lo reclama para sí en un golpe de increíble audacia, con el que pelean ese dinero pero no para Venezuela sino para ellos. Se trata de dos bandas hamponiles pelándose por el botín robado a Venezuela.
De la misma manera, en varios tribunales del mundo hay milmillonarios procesos judiciales contra nuestro país, tenemos contabilizados 25 casos en el tribunal de arbitraje Ciadi, en Washington D. C., y todos están bajo una autoridad usurpada cual es la persona que funge de procurador general de la República, quien de esa manera delinque manejando milmillonarias sumas que se litigan en esos procesos, todo bajo la complicidad del mismo Nicolás Maduro que lo puso en dicho cargo sin pasar por la necesaria autorización de la Asamblea Nacional, y peor aún lo puso como sucediendo a la persona que antes estaba en dicho puesto de manera accidental. Esto amerita otro proceso penal contra Maduro a ser acumulado al ya iniciado por lo de Brasil, y tras ese nuevo procedimiento contra Maduro hay que acusar penalmente ante los tribunales de Estados Unidos a este usurpador del cargo de procurador, al ex ministro que está preso, al general que nombraron sustituto en el Ministerio del Petróleo y en Pdvsa, y a todos quienes aparezcan involucrados en esa trama. A la vez se puede y deben buscar los dineros robados y hacer recaer sobre ellos medidas cautelares de embargo y ocupación en todas partes del mundo donde andan diseminados, ocultos.
¡Manos a la obra Luisa Ortega!