Este miércoles 31 de mayo de 2017 tendrá lugar en Washington la reunión de consulta de los cancilleres de los Estados Americanos para tratar la gravedad de la crisis política y social venezolana. Al producirse el acuerdo del plenario de la OEA para efectuar esta reunión de consulta con los cancilleres de los países americanos, la dictadura madurista resolvió separarse de la entidad hemisférica, anunciando el retiro de Venezuela, como si esa decisión pudiese hacerse efectiva de manera inmediata y de forma unilateral por la rama ejecutiva del poder público venezolano.
No obstante, la canciller de la dictadura, Delcy Rodríguez, justificó el retiro de su gobierno, porque: «La OEA persistió en acciones intrusivas contra la soberanía de nuestra patria y por ende procederemos a retirarnos de la organización» (negrillas del autor).
Es decir, para el socialismo del siglo XXI, la OEA no puede opinar, debatir, gestionar o impulsar ninguna iniciativa política o diplomática en los países de América, porque ello significa afectar «la soberanía» de las naciones que integran la organización hemisférica.
Exigir al gobierno venezolano el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respeto a los principios, valores y comportamiento democrático exigido en la Carta Democrática Interamericana, es considerado, por la revolución, “un injerencismo” que lesiona la soberanía de nuestra patria.
La cúpula roja no puede defender en ningún foro serio e independiente el golpe de Estado contra la Constitución y contra el Parlamento que ha venido ejecutando; y ahora mucho menos puede defender el que está perpetrando contra la soberanía popular, es decir, contra el pueblo venezolano, cuando pretende usurpar la atribución que le asigna nuestra vigente Constitución al consagrar que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (artículo 5 de la CN), y la facultad de convocar mediante el sufragio una asamblea nacional constituyente (artículo 347 de la CN).
Al señor Maduro le parece una injerencia en los asuntos internos el tratamiento de estos temas en el seno de la OEA. No pensaba igual cuando en funciones de canciller del gobierno de Hugo Chávez, exigía en voz alta y avasallante la activa participación del mismo organismo continental con ocasión de la crisis política de Honduras en julio de 2009, cuando fue expulsado de la presidencia de la nación centroamericana el señor Manuel Zelaya, aliado de la izquierda radical latinoamericana.
En aquella oportunidad, el entonces canciller Maduro expresó lo siguiente: “La decisión de la OEA es una decisión trascendental, que van a llevar a una situación inaguantable en el campo económico, comercial, financiero. Que van a hundir en la mayor profundidad de la crisis económica y social a Honduras, por su empeño, de un grupo, un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras. Deben saber los militares que ahora viene un recrudecimiento de las presiones internacionales. Que ha habido una decisión mayoritaria, unánime de la OEA. Que hay una voluntad muy clara de todos los gobiernos del mundo. Esto no había sucedido nunca antes…”.
En aquella oportunidad, el golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya, sí ameritaba la aplicación de la Carta Democrática, y valían “las presiones internacionales”, considerando la decisión de la OEA como “trascendental”; ahora que él encabeza un golpe contra el Parlamento, contra la soberanía popular, y contra la Constitución, entonces es un atentado contra nuestra soberanía, y sale corriendo de su seno con el viejo discurso de los comunistas latinoamericanos, de la intervención del imperio en nuestro continente. Sin dejar pasar que el mismo Hugo Chávez planteó una operación militar de los países del continente, para restituir en su cargo de presidente a su aliado Manuel Zelaya.
Doble moral, doble discurso de una secta política que carece de valores y principios democráticos, y que han hecho del oportunismo, el pragmatismo y el atropello su regla en la vida política interna y externa.
La materia de la vigencia de la democracia y de los derechos humanos en los países del continente americano, y en cualquier región del planeta, permite de nuevo volver sobre los conceptos de la soberanía y de los deberes de la comunidad internacional para garantizar a los pueblos el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas en los tiempos que vivimos.
Es una tesis universalmente aceptada que la soberanía hoy día es un concepto relativo. Vale decir, los pueblos, y en su representación los Estados, ceden en organismos supranacionales, a través de tratados internacionales, parte de su soberanía en la búsqueda de la protección de los derechos de sus ciudadanos, de su seguridad, y en la promoción del desarrollo económico y social.
Ello explica la existencia de organismos supranacionales que dictan normas de obligatorio cumplimiento por los Estados miembros. Es el caso de la Unión Europea, la OEA, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Organización Mundial de Comercio, entre otras entidades.
Especial mención merecen los acuerdos en materia de derechos humanos, que tienen en la vigencia de la democracia como sistema de vida y de gobierno el eje transversal de garantizar su vigencia y respeto. Un país que no respeta la democracia, que no garantiza la libertad, el pluralismo, la separación de poderes y la alternancia en el poder, es un país que se convierte en una grave amenaza a la paz interna y externa, y obliga a la comunidad internacional a llevar a cabo todas las gestiones políticas y diplomáticas necesarias para lograr el respeto a eso valores y compromisos.
El mundo moderno, y cualquier conciencia auténticamente democrática, no puede aceptar que en nombre de “la soberanía” y “la no injerencia en los asuntos internos”, cualquier camarilla o secta política secuestre el poder e imponga a su pueblo una dictadura que lo conduzca a la negación de derechos fundamentales de toda persona humana, como lo son la vida, la salud, la libertad, la propiedad privada, y la participación en la vida política.
La comunidad internacional a través de sus órganos, y en estricto apego a los tratados internacionales, debe movilizarse para garantizar la democracia y los derechos de los pueblos. Venezuela ha llegado a esta situación. Una camarilla ha secuestrado el poder. Han perdido toda legitimidad al cerrar el camino electoral, y al desconocer a un Parlamento recientemente elegido; y, para completar, quieren cambiar el modelo de Estado mediante la usurpación de la soberanía popular, instalando una fraudulenta asamblea constituyente.
La OEA entonces tiene pleno derecho de gestionar en Venezuela la restitución de la democracia. Así se desprende del mandato que nuestra Constitución establece, al ordenar el acatamiento de los tratados internacionales válidamente adoptados por la república. La huida de Maduro de las sesiones del organismo hemisférico no lo excusa de su cumplimiento.