Cuando China diseñó y dio a conocer su novedosa iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda a fin del año pasado, tuvo cuidado en dejar claro que las nuevas inversiones chinas, públicas y privadas, por fuera de sus fronteras deberían alinearse con ese magno proyecto. También el Reporte de Trabajo 2017 de China, un documento de guía estratégica anual del gobierno, se refería a la necesidad de que la incursión del gran país por fuera de sus fronteras tuviera como meta apuntalar los objetivos de la Nueva Ruta de la Seda. En esa ocasión no faltaron consideraciones sobre lo que el país asiático desea conseguir en Latinoamérica para que sus esfuerzos estén en sintonía con ese magno objetivo.
Ya en este año fue el Consejo de Estado del país el que aclaró la forma como la presencia china en nuestro subcontinente debe coincidir con la iniciativa citada. No hay espacio para interpretaciones: las políticas regionales y el accionar empresarial en la región deben estar en total concordancia con la prioridad que emana desde Pekín y todo debe orientarse hacia el soporte del nuevo proyecto.
En terrenos conexos con lo anterior, los documentos citados que constituyen posiciones oficiales han estado enfatizando, desde fines de 2018, un tema raramente planteado: la importancia del riesgo y de su gestión. Los expertos consideran que las malas experiencias enfrentadas por China tanto en Perú y en Venezuela se encuentran en el origen de estos cambios. A las fallidas incursiones de empresas privadas y proyectos públicos en Venezuela, en particular, se les ha calificado de “anormales” y de irracionales.
En la actualidad, ya existen listas oficiales de actividades en las que una incursión no autorizada está prohibida e incluso penalizada. Este nuevo posicionamiento hace pensar que las actuaciones de las empresas chinas del sector petrolero venezolano serán muy severamente monitoreadas y sus operaciones deberán ser ajustadas a fin de lograr la “prudente evaluación de la eficiencia económica” que se ha convertido en regla.
Es así como en lo sucesivo, un trabajo prospectivo sobre los riesgos eventuales y una supervisión adecuada previamente planificada son condiciones básicas para que se expidan las autorizaciones que serán obligatorias para la exportación de capitales o de tecnologías chinos.
Lo dramático es constatar cómo este tipo de medidas precautelativas están llegando a destiempo en el particular caso de Venezuela, en donde lo que ha imperado del lado chino durante los años de la administración chavista ha sido un exceso de confianza que ha sido traicionado por sus contrapartes gubernamentales en las alianzas alcanzadas al interior del país.
Si a lo anterior agregamos el tema de la batalla contra la corrupción dentro de sus propias filas enarbolada apasionadamente por el gobierno de Xi, los negocios en Venezuela no deben solo estar siendo objeto a futuro de una sabia prudencia en materia de administración gerencial, sino que deben estar siendo observados con lupa para determinar los pretéritos enriquecimientos ilícitos involucrados, las coimas y otras irregularidades que se han producido a todo lo largo de su presencia en el país.