El siglo XIX fue esencialmente revolucionario, por lo que según Ortega y Gasset lo que tuvo de tal no ha de buscarse “en el espectáculo de sus barricadas que sin más no constituyen la revolución, sino que colocó al hombre medio y a la gran masa social en condiciones de vida radicalmente opuestas a las que siempre le habían rodeado” por lo que agrego: que a la vez hemos de comprender para la mejor eficiencia del desarrollo vertical del oficio de la política que la Revolución no es la sublevación militar contra el orden constituido, cual sin otro calificativo que el de golpe de Estado, caso (Carlos Andrés Pérez), mediante los cuales los militares teniendo como comodines a civiles se han apoderado de las instituciones del Estado. Nos han sometido a la más ilegal sumisión, privándonos de nuestros derechos constitucionales.
Debemos dar por cierto que la civilización del siglo XIX y comienzos del XX trazaron el camino hacia la igualdad de clases, que no solo se bastó con las perfecciones y amplitudes que de hecho empezaron a serle propias a la sociedades Europeas, sino que se contagió con el empeño de actuar en la política, con el entendido que esta se compone de situaciones en la que el ciudadano se encuentra involucrado, dado el imperativo que impuso la convivencia social, es decir, hacer respetar el derecho de la colectividad como todos los derechos que son inherentes a la persona humana. Esto se conoció con el nombre de hombre nuevo, liberador de las restricciones que se venían acaeciendo en virtud, de títulos de nobleza, acreditados por herencia por un grupo contagiado de privilegios.
Sin que nos quepa duda el espíritu de libertad que ha fundamentado la conducta cívica, unitaria e igualitaria del hombre venezolano, se debe sin duda al triunfo de la Federación, cual creó el Estado de gobierno federal e incorporó el principio básico del sistema democrático de que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público, que le puso término al centralismo, condición federal que la llamada revolución bolivariana la ha convertido en una ficción de papel. Lo que conlleva a que el elector, al no apreciar que la convocatoria a elección de autoridades públicas sea transparente, manifiesten su rechazo abstencionista, impidiendo con tal conducta de rechazo cívico la prostitución de la soberanía.
Nuestra condición de ser un Estado federal y descentralizado es la herencia de ser descendientes de los que dieron su vida luchando por la libertad y el derecho: somos descendientes de libertadores, hemos dejado atrás todos los perjuicios a que nos han sometido los gobiernos de fuerzas. Hoy conformamos una nueva sociedad con fisonomía radicalmente nueva encaminada a las posibilidades de triunfo, que dispuso de su voluntad civilista, que ha dejado atrás el pasado, que constituye la opinión en un derecho progresivo e intangible para reclamar reivindicaciones, que quiere convivencia pacífica, que desea se le hagan ciertos el derecho al trabajo, a la educación a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación: a vivir en paz, bajo el amparo de la Constitución, considerada como la ley superior, cuya vigencia no dejará de observarse por acto de fuerza o por cualquier otro medio no previsto en ella.
El pueblo venezolano mediante un referendo constituyente el día 15 de diciembre de 1999, a los 20 días promulgó la actual Constitución, es decir nos involucró en la reorganización constitucional y administrativa del Estado, mediante este acto la Constitución al reconocer la soberanía del pueblo no dice que el pueblo es soberano o que ejerce esta soberanía través de los partidos políticos. La Constitución dice que el pueblo ejerce directamente la soberanía. No dice que sean los partidos políticos, y tiene que ser así, por cuanto de intervenir los partidos políticos en el referendo aprobatorio de la Carta Magna, se hubiera limitado la voluntad del elector, en esta elección no estuvo en juego la voluntad proporcional de las minorías. Fue el pueblo quien decidió sobre su aprobación.
No tenemos por qué dudar del instrumento constitucional vigente. Debemos admitir que proporciona nuevos valores políticos, sociales y jurídicos que inspiran una mejor acción del Estado, la persona humana tiene primordial importancia, como también la vigencia de los tratados internacionales que se hayan ratificados. No obstante, en la práctica ha pasado a ser un instrumento manipulado, con uso para la satisfacción de los intereses civiles y militares del régimen. Sus gobernantes han hecho del estatismo una forma superior que se torna en violencia, en crisis, en desprecio de los derechos civiles y humanos, en corrupción y despilfarro, en riquezas súbitas de la dirección burocrática: que aumenta la miseria y origina migración, con numerosas muertes en la travesía de la selva de Darién, con muertes también de los que salvados en esta atraviesan el río Bravo (para Diosdado Cabello, esto es minucia). Todo lo dicho nos insta a percatarnos si el presidente, su tren gubernamental o sus cercanos colaboradores actúan con apego al texto fundamental de la República. Nos toca reconocer que el instrumento constitucional presenta dos incisos que son objeto de vulneración sin interrupción por el gobierno entre los cuales se encuentra el de desconocerle a los trabajadores públicos a los pensionados y jubilados del Estado sus derechos laborales; que con irrespeto a la legislación laboral se los somete a una comisión de presupuesto nombrada por el ejecutivo que no siendo idónea para ello, hacen nulo los principios de solidaridad y del bien común que conducen al establecimiento del Estado social. Es decir hace nula la definición que considera la organización de la Nación venezolana como un Estado democrático y social y de Derecho y de Justicia.
La otra de una importancia tanto doméstica como internacional, ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de la CPI, que se encuentra ejerciendo su jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad con indicios muy comprobados de haber sido cometido por organismo de seguridad del Estado venezolano: se trata ”De los Derechos Humanos Y Garantías, y de los Deberes”. La Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad, que conllevan a que el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica el respeto y el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisibles e independientes de los mismos, le reconoce como fuente de protección de los derechos humanos a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos y ratificado por Venezuela, se reconocen los derechos de libre desenvolvimiento de la personalidad: en caso de que un tratado donde Venezuela sea parte garantice un derecho humano en forma más amplia que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional, va más allá y da como imperativo que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución , que siendo inherentes a la persona humana no deben entenderse como negación de otros. Se mantiene el principio de que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole la Constitución es nulo. Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial. El amparo se reconoce como una garantía del derecho constitucional. Con atención a lo dicho importa preguntarnos: ¿que si enterado de lo que pauta la Constitución, el gobierno que preside Nicolás Maduro ha respetado los derechos tenidos como inherentes a la persona humana? Obviamente que no. Tal afirmación carece de contenido visceral, no se lo antepone ninguna consideración basada en la no capacidad de este para manejar la rienda del país, que son muchas y fundadas, eso sí tiene su consideración en elementos probatorios que nos induce a tener como impropias y carente de respuestas que hagan presumir lo contrario: El nuevo informe de la ONU, embarra más el comportamiento antihumano del presidente. La Comisión designada responsabiliza al gobierno por crímenes de lesa humanidad declara haber encontrado negativa de acceso para su trabajo. Denuncia que los organismos de inteligencia del Estado tanto civiles como militares son responsable de la ejecución de fechorías. Afirma que sus investigaciones confirman que el Estado utiliza sus servicios y sus agentes para reprimir la disidencia. Denuncia la continuación de violación y crímenes del Sebin y la Dgcim. Afirma tener pruebas evidentes de que los crímenes de lesa humanidad han sido cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado en sus niveles más altos. Este es el tercer informe. Maduro responde que se trata de un “panfleto” es decir lo considera un Libelo Difamatorio. La falta de respuesta del mandatario nos hace deducir que la reacción de repudio que la colectividad le profiere, legitima la expresada abstención mayoritaria y concurrente que se produce cuanto se convoca un evento electoral. Sin duda la CPI no ha tenido en su investigación sumaria al gobierno de Venezuela como incurso en crimines de lesa humanidad; a la vez emprende gestiones decididas a ponerle fin a la impunidad de que gozan sus autores. Cómo interpretar estos lamentables hechos, y sus arbitrariedades constantes para dirimir la disidencia. La historia política venezolano nos ha enseña que los golpes militares: no son más que eso, golpes militares.
Con la llamada revolución de octubre de 1945 los militares depusieron al general Medina, mediante un vulgar golpe de Estado. Cómo pretexto para la interrupción del hilo constitucional se llevó a Rómulo Betancourt al poder. Si en verdad como dice Carrera Damas se eligió a Rómulo Gallegos mediante elecciones libres y sin participación de los golpistas contra Medina, no es menos cierto que en el año 1948 se impuso la ambición del poder militar. Otro golpe de Estado desplaza a don Rómulo Gallegos, a la vez que persiguieron a Betancourt y apresaron a los civiles que hicieron posible la destitución de Medina (el golpe de Medina se tenía como la gran revolución cívico militar). El régimen de Maduro obedece a la inducción militar del fallecido comandante Hugo Chávez, este después de haber arreglado su regreso al poder mediante entendimiento con generales que lo depusieron. Proclama: la revolución llegó para quedarse. No soy el Chávez del 11 de abril, se impone la naturaleza militar del proceso. Su sucesor cumple a pie de la letra lo dicho. Se rodea de militares, desplaza a la sociedad civil y mediante la represión, sólo piensa en su ambición de poder, no le importan los derechos humanos, no se guía por el Estado de Derecho, llega a acuerdos con Estados Unidos y logra convertir a la oposición política en un archipiélago enredada en sus contradicciones. Mientras todo esto sucede, se nota un entendimiento de Estados Unidos con el gobierno de Maduro, parece ser que el petróleo tiene más interés que cualquier arreglo político. La oposición política ha pasado a ser nonata, no entiende que la unidad es fundamental para el triunfo, carece de sindéresis, no tiene estrategia, no actúa con voluntad de acción; en cambio el pueblo busca por sí mismo la solución de sus problemas.rafa